Dombrovskis: “La necesidad de reducir cargas administrativas es más aguda que antes; la UE tiene graves problemas de competitividad”

La primera tarea que tiene por delante Valdis Dombrovskis (53 años), comisario de Economía y Simplificación administrativa, es convencer de que, en esta ocasión, el intento de la Comisión Europea de reducir cargas administrativas va en serio. La pregunta escéptica sobre por qué esta vez hay que creer al Ejecutivo comunitario cuando asegura que su prioridad será la reducción de cargas administrativas a las empresas aparece nada más comienza la entrevista con un grupo de periodistas europeos: “Diría que hay una necesidad [de reducir cargas administrativas] más aguda, más comprensión entre los Estados miembros y entre las partes interesadas, porque la UE se enfrenta graves problemas de competitividad. Tenemos que actuar para resolver este problema y [reducir] la carga administrativa es un elemento importante en esta tarea”.

La “simplificación”, como le llama la Comisión Europea para evitar la expresión “desregulación”, ya estuvo en los discursos en ocasiones anteriores, con José Manuel Durão Barroso y con Jean-Claude Juncker al frente del Ejecutivo comunitario. Ahora, en cambio, continúa este letón que acumula quinquenios en los pasillos de la capital de la UE —ha sido comisario en dos ocasiones antes— los objetivos están alineados y la Comisión tiene en el frontispicio de su programa de acción la rebaja de carga administrativa. Y esta vez, para que no sea una tarea de todos y de nadie, Von der Leyen le ha encargado a Dombrovskis, una de sus personas de más confianza en el Colegio de Comisarios, que lidere esta tarea en la que también deberá implicar al resto de compañeros que, según el documento que presenta este miércoles, tendrán que evaluar dos veces al año la marcha de las normas que les conciernen consultando con las partes afectadas. El objetivo es reducir la carga administrativa un 25% para las empresas en general y un 35% en el caso de las pymes. Según los cálculos de la Comisión, eso supone rebajar en 35.000 millones de euros una tarea que ahora les consume 150.000 millones en toda la UE.

Aunque haya una demanda mayor que en ocasiones anteriores y los Estados miembros hablen incluso de “revolución”, no hay consenso. Muchas voces se han levantado advirtiendo de que esta “simplificación” es, en realidad, una “desregulación”, una marcha atrás sobre lo hecho para combatir el cambio climático durante la legislatura anterior: lo alertaron los socialdemócratas hace un par de semanas, los grupos ecologistas, los sindicatos. Les da argumentos que la Comisión ya haya promovido la demora por un año de la implementación del reglamento contra la importación de productos vinculados a la deforestación o que quiera tocar el CBAM, el arancel propuesto por el Ejecutivo europeo para que los productos fabricados fuera de la UE con menos estándares medioambientales paguen para compensar esa ventaja competitiva. “Hemos dejado muy claro desde el principio que proponemos una simplificación, no una desregulación. No estamos aboliendo nuestros objetivos políticos, incluyendo los objetivos de Green Deal (Pacto Verde), como la neutralidad en emisiones de carbono para 2050 y el objetivo 2030 del 55% de reducción de emisiones. Estamos buscando cómo podemos llegar allí con menos costes y más eficiencia”, asegura, en un intento tranquilizador.

El programa presentado este miércoles todavía no contempla cambios regulatorios, tampoco la nueva categoría de Pyme anunciada, que se supone aumentará los umbrales de la definición actual y, por tanto, liberará a las compañías que se incluyan en ella de las actuales cargas administrativas. La comunicación aprobada por el Colegio de Comisarios fija las líneas de trabajo para esa “simplificación” en el área de la sostenibilidad, señala Dombrovskis. Después llegará un segundo paquete “sobre simplificación en la inversión, incluyendo [el programa] Invest EU. El tercero se centrará en las pequeñas y medianas empresas y eliminar papeleo para las empresas”.

Todas estas buenas intenciones se encuentran con un riesgo serio durante el procedimiento legislativo propio de la UE: que durante el proceso de negociación, enmiendas y aprobación por parte de los dos colegisladores (Consejo de la UE y Parlamento Europeo), las directivas y reglamentos se alejen de su objetivo inicial. El miedo es que la simplificación acabe siendo desregulación o camine en sentido contrario, provocando más complejidad, o que finalmente sí se reduzcan los estándares medioambientales. “Es cierto que, en años anteriores, con bastante frecuencia, esto ha acabado en más complicaciones conforme avanzaba el proceso legislativo”, reconoce y agrega: “Por eso planteamos la necesidad de realizar evaluaciones de impacto de las propuestas o modificaciones sustanciales que introducen el Parlamento y el Consejo (los colegisladores). En realidad, esto ya está previsto en el pacto interinstitucional sobre la mejora de la reglamentación. Pero no se ha aplicado en la práctica. No lo ha hecho el Consejo nunca, y el Parlamento apenas. Así que este es otro aspecto a mejorar porque lo que importa no es solo lo que propone la Comisión sino lo que sale del proceso legislativo”.