La patronal rechaza la última propuesta de Trabajo para reducir la jornada laboral

Los representantes de los empresarios españoles no suscribirán el acuerdo para reducir la jornada laboral ordinaria a 38,5 horas este año, y a 37,5 horas el que viene. Así lo ha confirmado este martes la patronal, tras una reunión extraordinaria que ha fijado la posición que los empresarios defenderán en el próximo encuentro con el Ministerio de Trabajo, el último de una negociación que empezó en enero. “El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral”, han indicado CEOE y Cepyme en un comunicado. La próxima reunión es el 11 de noviembre, fecha en que tanto ellos como los sindicatos tienen que comunicar al departamento de Yolanda Díaz si aceptan su propuesta, que según el ministerio es la definitiva. Así, como hace 41 años, la última vez en que se redujo la jornada ordinaria en España, el acuerdo no tendrá el respaldo de los empresarios. Esto a priori complica que la medida reciba el visto bueno del Congreso de los Diputados.

“CEOE y Cepyme, desde la responsabilidad, no pueden apoyar esta propuesta. Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución”, han comentado las patronales en su nota de prensa, en la que han opinado que “la aprobación de esta norma no hace sino debilitar el marco de negociación colectiva y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.

Las negociaciones arrancaron el 25 de enero. De entonces a junio, sindicatos y patronales negociaron por su cuenta, en busca de un acuerdo conjunto que plantear al ministerio, pero no hubo pacto. El empeño empresarial en que la reducción de jornada se compensara con un destope del máximo de horas extra anuales y el rechazo sindical a ese planteamiento, entre otros desacuerdos, encallaron ese diálogo a dos bandas. Con ese punto de partida ya costaba imaginar que el ministerio lograría un pacto, dado que su posición es parecida a la de los sindicatos. Antes del verano parecía que el ministerio alcanzaría un acuerdo solo con las centrales, ya que pretendía llevar la norma lo antes posible al Congreso para cumplir los plazos que marcaba el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

Sin embargo, el ministerio alargó la negociación (después de que el PSOE pidiera paciencia para atraer a los empresarios), con nuevos encuentros tras las vacaciones veraniegas. Ya entonces los sindicatos acusaban a los empresarios de una estrategia dilatoria, que no merecía la pena seguir negociando, y de ahí que protestasen a finales de septiembre frente a sedes de la CEOE en toda España. Pese a lo alejadas que estaban las posiciones, Trabajo transmitió optimismo respecto a la participación de la patronal. “Estoy absolutamente convencida de que hay posibilidad de acuerdo en esta materia en nuestro país. Ojalá avancemos, no me voy a levantar de esta mesa. Tengo una paciencia infinita”, dijo Díaz a principios de octubre.

Ayudas a pymes

Entonces el ministerio ya había puesto sobre la mesa algunas de las medidas compensatorias con las que pretendía atraer a la patronal, como la bonificación de las cotizaciones de la nuevas contrataciones causadas por la reducción de jornada. Este intento culminó el 29 de octubre, cuando Trabajo también ofreció dar ayudas económicas directas de hasta 6.000 euros para empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura.

“Que hagan lo que tengan que hacer, pero yo tengo derecho, representando a las empresas españolas, especialmente en este caso a las pequeñitas y los autónomos, a decir qué es lo que pensamos. Y esto es malo para la economía y para las pequeñas empresas (...). En ningún caso vamos a compartir el intervencionismo puro del Gobierno”, dijo dos días después al respecto Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, en declaraciones recogidas por Europa Press. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, advirtió públicamente a los empresarios que si rechazaban el acuerdo, estas ayudas podrían decaer y no incluirse como acompañamiento al proyecto de ley.

La propuesta del Gobierno mantiene las horas extra en las 80 que actualmente recoge como máximo la legislación, da flexibilidad para que la reducción se aplique en cómputo anual y refuerza el registro horario, de manera que las sanciones se den por empleado y no por empresa (lo que aumentaría mucho el coste en castigos). Además quiere que el sistema de registro de horarios sea digital y que Inspección pueda acceder a él directamente para monitorizar incumplimientos. La patronal sigue defendiendo que los cambios en la jornada laboral son patrimonio de la negociación colectiva y que se debe emplazar en ese marco, sin bajadas unilaterales. Argumentan que en los sectores más productivos, los que consiguen hacer más en menos tiempo, la jornada pactada ya se ha reducido sin necesidad de cambios legales. Sindicatos y ministerio contraponen que justo ello refuerza la necesidad de la modificación normativa, ya que la negociación colectiva nunca conseguirá reducir la jornada en los sectores más precarios.

Con estos mimbres, si el Ministerio de Trabajo sigue adelante con los planes que anunció sacará el acuerdo con UGT y CC OO, como viene sucediendo con otras medidas desde el ecuador de la pasada legislatura. Así ha pasado con las subidas del salario mínimo o con el estatuto del becario (que aún no está vigor por el rechazo del PSOE). El último acuerdo que el departamento de Díaz consiguió cerrar con los empresarios fue el desarrollo reglamentario para impedir la discriminación del colectivo LGTBI+ en las empresas. Patronales y sindicatos también pactaron con el Gobierno (con la Seguridad Social, en este caso) la última parte de la reforma de pensiones.

Camino parlamentario

Una de las frases más repetidas por Garamendi en estos meses es la siguiente: “Vete al Parlamento y que te lo aprueben”. En repetidas ocasiones ha animado al ministerio a llevar un acuerdo con los sindicatos al Congreso. A la pregunta de este periódico al respecto en una entrevista, si es que le constaba que sin apoyo patronal la medida no fructificaría en el Congreso, dijo en julio: “No lo sé. Nosotros, desde luego, expondremos por qué pensamos que no es un tema razonable en este momento”.

Ni el PP ni Junts han desvelado su posición, pero fuentes de la negociación ven muy difícil que apoyen al Gobierno en este tema si CEOE no suscribe la medida. Ya lo veían difícil con respaldo empresarial, pero así aún más. El PNV viene mostrando apoyo al recorte de jornada, que incluso cristalizó en un voto favorable a una iniciativa al respecto de Sumar en febrero. El líder de la formación, Andoni Ortuzar, dijo que “en principio” apoyarían la medida hace dos semanas, pero en el mismo día fuentes del partido vasco subrayaron la importancia de un acuerdo del diálogo social para que su voto faborable esté garantizado. Si PSOE y Sumar consiguen el respaldo de todos los partidos de izquierdas en el Congreso, aún necesitaría el sí de Junts y PNV o del PP para sacar adelante la reducción de jornada.