Las horas extra alejan a la patronal del pacto para reducir la jornada laboral

El Ministerio de Trabajo acaba de estrenar una exposición de relojes antiguos. En la entrada del departamento que dirige Yolanda Díaz hay reliquias que miden el tiempo, la mayoría desde mucho antes de que España estableciera la jornada ordinaria en 40 horas en 1983. Este lunes sindicatos y empresarios se han vuelto a reunir con Trabajo para recortar a 38,5 horas semanales este año y a 37,5 en 2025, tal como prometieron PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. En el cuarto encuentro tampoco ha habido pacto y el ministerio empieza a perder la paciencia: el secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha certificado que los sindicatos y los empresarios ni han conseguido un acuerdo en su negociación paralela ni lo van a lograr, así que su departamento toma las riendas y espera lograr un pacto antes de agosto.

El punto de fricción es la regulación de las horas extraordinarias: CC OO no quiere que aumenten del máximo actual de 80 horas anuales, UGT solo contemplaría un incremento moderado si mejora la vigilancia del fraude y se retribuyen mucho mejor, y la CEOE quiere subirlas más a cambio de aceptar la contracción de la jornada ordinaria. Según han explicado los negociadores de los sindicatos, este es el punto clave que ha imposibilitado un acuerdo de centrales y patronal en la mesa que mantenían sin el ministerio.

Trabajo está en sintonía con los sindicatos en este asunto. “Para nosotros tiene muchas dificultades buscar elementos de compensación que pasen por incrementar las horas extraordinarias en nuestro país, que como es conocido es una lacra. Hay abuso del trabajo extraordinario, muchas veces impagado”, ha comentado Pérez Rey. La CEOE no ha comparecido tras la reunión y, según han dicho los sindicatos, no ha precisado en la mesa cuántas horas más querría aumentar el máximo anual.

Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CC OO, ha dicho que su sindicato no quiere entrar a debatir esta posibilidad. Es más, la semana pasada incluso mandaron un comunicado para desmentir una información en la que se decía que el asunto se estaba negociando en la mesa bipartita. “Las horas extraordinarias en este país son tremendamente abusivas”, ha dicho.

Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha insistido en la necesidad de que “el registro de jornada sea fiable y recoja las horas reales” y que las extraordinarias se retribuyan como mínimo a un 125% de la retribución ordinaria, como reclama la Carta Social Europea. Por ello el sindicato ha interpuesto una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, ya admitida a trámite. “No es tolerable que haya más de seis millones de horas trabajadas que ni se registran ni se abonan”.

“Creemos que esto debe estar finalizado antes de vacaciones. Le pido a la patronal que se pronuncie. Se nos está acabando el tiempo”, ha agregado Luján, que ha criticado lo cerca que está de completarse el primer semestre del año, lo que diluye el compromiso de PSOE y Sumar de que la jornada ordinaria baje a 38,5 horas en 2024. Pérez Rey ha dicho que no quiere marcar un plazo específico para no complicar la negociación, pero ha precisado que su “esperanza” es que esto quede resuelto “antes de vacaciones”.

Amplio respaldo

La reducción de jornada propuesta por PSOE y Sumar goza de un amplio respaldo social. Dos de cada tres españoles la apoyan, según una encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. La proporción de apoyo es la misma si se pregunta por ir más allá, con un día menos de jornada y 32 horas de trabajo. Los que más abogan por esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 24% de los votantes de PP y un 29% de los de Vox reniegan del recorte de dos horas y media de trabajo a la semana.

La reducción de jornada a 37,5 horas beneficiaría a unos 13 millones de trabajadores. Asimismo, el recorte de horas beneficiaría más a hombres que a mujeres; que las comunidades con mayor porción de empleados afectados serían La Rioja y Castilla-La Mancha; y que, por sectores, donde más se dejaría sentir sería en construcción e industria.

Este cambio en la normativa laboral exige al Gobierno lograr el acuerdo de una mayoría parlamentaria. Es decir, pacte lo que pacte el Ejecutivo con los representantes de trabajadores y empresarios, después tendrá que lograr la aceptación de los socios que más chocan con el Ejecutivo en materia laboral, Junts y PNV.

La falta de respaldo de estos partidos en el Congreso viene dando al traste con distintas iniciativas de Sumar de índole laboral, como la que buscaba incluir a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas o mayor trasparencia corporativa para mejorar la negociación colectiva.

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