Trabajo reactiva el estatuto del becario, aún sin acuerdo con la parte socialista del Gobierno

El Ministerio de Trabajo sacó este martes a audiencia pública el estatuto del becario, un nuevo paso para una normativa que vive un desarrollo peculiar. El departamento de Yolanda Díaz y los sindicatos alcanzaron un acuerdo al respecto y lo presentaron el 14 de junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. Esa misma mañana Moncloa y el Ministerio de Economía dijeron que no suscribían el texto (alegaron que estaba “verde” y le faltaba “trabajo técnico”), también rechazado por patronales y rectores. Ahí se quedó el asunto, convirtiéndolo en el primer acuerdo de Trabajo y agentes sociales que no llega poco después al Consejo de Ministros. La salida a consulta pública, que adelantó 20 Minutos, no implica que haya consenso al respecto dentro del Gobierno.

“El estatuto del becario fue un acuerdo de la anterior legislatura con las organizaciones sindicales y es un compromiso del Gobierno de coalición, un compromiso que ha hecho explícito el presidente del Gobierno”, explica el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. “Ahora lo que hacemos”, continúa, “es iniciar la tramitación legislativa. Es un anteproyecto de ley, tenemos que empezar a través de la información pública, le seguirá el resto de trámites y el texto con el que estamos trabajando es el acordado con las organizaciones sindicales”. Fuentes de los sindicatos indican que el ministerio les ha trasladado que aprobarán el texto firmado en junio de 2023, pero que podría haber cambios. Sin son de calado, estos podrían soliviantar a las centrales, que ya cedieron buena parte de sus pretensiones con la norma acordada.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía destacan que aún no hay un acuerdo sobre el estatuto del becario. Indican que con el proceso de audiencia pública simplemente se reinicia la conversación al respecto en el seno del Ejecutivo.

El texto que sindicatos y Trabajo firmaron en 2023 restringe las horas de prácticas extracurriculares (las que concentran la bolsa de precariedad, al no formar parte del plan de estudios) a un máximo de 480 horas. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que hasta ahora. Asimismo, el estatuto no fuerza a las empresas a retribuir a los becarios, pero sí establece la obligatoriedad de compensar los gastos en los que incurran. Los estudiantes en prácticas tendrían derecho a que les abonen los gastos de transporte o manutención.

Justo este último punto es uno de los que más rechazo despierta entre los rectores, a los que la parte socialista del Gobierno pide escuchar. La presidenta de la sectorial de Asuntos Estudiantiles de Crue (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, explicó a este periódico que hay “una parte positiva” en el estatuto, “que es establecer un sistema interno de vigilancia para que las prácticas no sean una especie de trabajo encubierto “. “Sin embargo”, continuaba, “hay otros aspectos en los que el documento no acaba de calibrar el impacto. En concreto, cuando se habla de que el estudiante en prácticas reciba el abono de los gastos. No se está calculando el efecto negativo que puede tener esta medida”. Los colectivos de estudiantes sí apoyaron el texto acordado por sindicatos y Trabajo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó el estatuto del becario como una de sus prioridades en el inicio del curso político. Díaz comentó en julio que, tras la negociación para reducir la jornada laboral, es la siguiente prioridad de su ministerio. Después promete abordar la reforma de la indemnización por despido, después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales señale que la normativa española al respecto no cumple con la Carta Social Europea.

El grupo parlamentario de la vicepresidenta segunda, Sumar, dio un nuevo paso en junio para sacar adelante el estatuto del becario y conseguir que el PSOE se mueva: registró una proposición no de ley (PNL) que, de aprobarse, instaría al Ejecutivo a tramitar “con carácter urgente” el estatuto del becario. Esta PNL aún no ha sido sometida a votación.

El rechazo al texto también proviene de algunos de los principales socios del Ejecutivo. Fuentes del PNV expresaban dudas cuando fue aprobado por sindicatos y Trabajo: “No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado. Pero es que tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades autónomas”. ERC también se oponía al texto: “Pedimos que se haga una apuesta clara por las prácticas remuneradas”. Bildu tampoco apoyaba claramente la norma.