El extraño caso del acuerdo de Gobierno y sindicatos que no llega al Consejo de Ministros

Los agentes sociales no recuerdan un caso similar al del estatuto del becario: un texto que un ministerio acuerda con los sindicatos, lo presenta en sociedad y, después, no es aprobado por el Gobierno. Ni pasa por el Consejo de Ministros, ni mucho menos por el Congreso de los Diputados. Este sábado se cumple un año de aquella firma, que estamparon en la sala de prensa del Ministerio de Trabajo la responsable del departamento, Yolanda Díaz, y los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CC OO, Unai Sordo. El rechazo del PSOE era el principal freno a la norma, que tampoco cuenta con el beneplácito de los socios parlamentarios, ni de la CEOE, ni de los rectores universitarios (Crue). El texto avanza en derechos para los estudiantes, ya que contempla la compensación de gastos en los que incurran y limita aún más las prácticas extracurriculares.

Para entender el freno en esta normativa hay que retroceder más de un año, a otoño de 2022. Entonces los sindicatos y el Ministerio de Trabajo alcanzaron un acuerdo aún más ambicioso que el actual, que respondía a la posición original de las centrales y del departamento de Díaz. Eliminaba del todo las prácticas extracurriculares, es decir, aquellas que no forman parte del plan de estudios y que no son exigibles para que el alumno consiga el título. La concatenación de este tipo de prácticas, muy a menudo impagadas o con retribuciones bajísimas, cronifica etapas de precariedad ante la vaga esperanza del estudiante de acceder a un empleo.

Eduardo Magaldi, portavoz de la organización juvenil de UGT (RUGE), recuerda que aquel pacto fue refrendado por los órganos de dirección de su sindicato y también por los de CC OO. “Fue algo inédito, que tras ratificar un acuerdo se lleve a revisión. Pero lo hicimos porque en el ministerio nos dijeron que era posible un consenso mayor, que con cambios podía participar la CEOE. Nos fiamos del Gobierno”. La mesa de diálogo reabrió y con ella el melón de las extracurriculares, la parte más compleja de la negociación.

Adrià Junyent, secretario confederal de Juventud de CC OO, asegura que el nuevo planteamiento fue muy difícil de digerir para los representantes de los trabajadores, ya que resucitaba las extracurriculares y las fijaba en un máximo de 480 horas. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que con la normativa en vigor. “No es el camino definitivo para terminar con la precariedad, eso pasa por eliminar las extracurriculares, pero era un primer paso”, recuerda. Asegura que a la CEOE le parecía bien el punto medio alcanzado, pero cambiaron de opinión a última hora.

Las elecciones cambian el paso

En ese giro, coinciden todas las fuentes consultadas, tuvo mucho que ver la sorpresiva convocatoria de elecciones generales a finales de mayo y que se celebraron el 23 de julio. El remate de la negociación se dio por entonces, así como la presentación del acuerdo definitivo de sindicatos y Trabajo, el 15 de junio. “Sinceramente, lo veo como un acto electoral que no ha lugar y, menos, cuando en estos momentos el Congreso está cerrado”, dijo entonces el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Pero la sorpresa de aquel día no fue el rechazo de la patronal, sino el del PSOE. Dos horas antes de la presentación del acuerdo, Moncloa hizo llegar a los periodistas su impresión de que la norma estaba “muy verde” como para ir al Consejo de Ministros. A la vez, el Ministerio de Asuntos Económicos, entonces en manos de Nadia Calviño, dijo que al texto le faltaba “trabajo técnico” para ser más “equilibrado”.

Junyent cree que esta posición del PSOE estaba condicionada por el rechazo de los rectores universitarios y su ascendencia sobre los socialistas: “Creo que el problema está en el poder que ejercen sobre el PSOE y el Ministerio de Universidades. La Crue es uno de los lobbies con más poder en España, con capacidad para marcar el paso a un Gobierno de izquierdas respecto a un texto que ya está descafeinado. No miran por el bien general de la universidad pública ni por el de los estudiantes o el profesorado”.

La presidenta de la sectorial de Asuntos Estudiantiles de Crue y rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, reconoce “una parte positiva” en el estatuto, “que es establecer un sistema interno de vigilancia para que las prácticas no sean una especie de trabajo encubierto “. “Sin embargo”, continúa, “hay otros aspectos en los que el documento no acaba de calibrar el impacto. En concreto, cuando se habla de que el estudiante en prácticas reciba el abono de los gastos. No se está calculando el efecto negativo que puede tener esta medida”. Los colectivos de estudiantes sí apoyaron el texto acordado por sindicatos y Trabajo.

Trámite parlamentario difícil

Una vez superadas las elecciones y con la reedición del Gobierno de coalición, el tema volvió a la palestra con el acuerdo programático de PSOE y Sumar. La brevedad suele servir para evitar las interpretaciones, pero en este caso las multiplicó: “Aprobaremos el estatuto del becario”. Es decir, no queda claro si el texto al que se refiere es el ya pactado entre sindicatos y Trabajo u otro por negociar.

“El estatuto del becario es una de las piezas claves del acuerdo de Gobierno. Como dijo la vicepresidenta será una de las primeras medidas”, dijo a principios de diciembre el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. “Volveremos, como siempre hacemos, a convocar la mesa de diálogo social para contemplar si hay algún cambio de criterio, pero en principio el texto con el que funciona el gobierno es el que fue acordado con las organizaciones sindicales hace unos meses”, añadió. CC OO y UGT no ven margen para introducir cambios en el texto y dan la negociación por cerrada.

“Se puede entender”, continúa Magaldi, “que la firma fue in extremis, con las elecciones muy cerca, y que no se pudiera sacar en ese momento. Pero ya se ha renovado el Gobierno y los dos partidos se han comprometido con esta medida. No es entendible que esté en el cajón durmiendo el sueño de los justos. Tiene que haber más respeto por el diálogo social y los compromisos alcanzados. Si no, mandas el mensaje de que solo buscas el titular, de que solucionar el problema es secundario”.

El representante de UGT interpela al PSOE: “Dependiendo de a qué persona le consultes te dice una cosa u otro. Algunos apoyan el texto y otros dicen que está verde. Necesitamos una decisión de partido”. Los socialistas tendrán que mojarse en el Congreso de los Diputados a la vuelta del verano, cuando se votará una una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a aprobar el estatuto con su redactado actual. A la pregunta directa sobre si los socialistas apoyarán ese texto, el diputado socialista y portavoz en la Comisión de Trabajo, Alberto Mayoral, no contesta de forma definitoria, pero abre una puerta que hace meses estaba cerrada: “Estamos trabajando para que eso sea una realidad. En ningún caso se descarta y en ningún caso vamos a tirar por tierra este trabajo [en referencia al acuerdo de hace un año]. Estamos trabajando en el seno del grupo para poder aprobarlo”.

“No entendemos que haya partidos de izquierda, como ERC, que estén en contra de esto”, añade Junyent. Además del grupo catalán, tampoco se mostraron a favor de la norma el año pasado ni el PNV ni Bildu. Y esta vez también sería necesario el concurso de Junts, que no respalda (junto a los nacionalistas vascos de derechas) distintas iniciativas de Sumar de índole laboral, como la que buscaba incluir a los sindicatos en los conejos de administración de las empresas o mayor trasparencia corporativa para mejorar la negociación colectiva. “Es urgente que todos pongan las cartas encima de la mesa. Es urgente atajar la precariedad de los jóvenes”, finaliza el representante de CC OO.

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