Alemania reparte la mitad de las ayudas de Estado aprobadas con la nueva regulación europea

Bruselas relajó en marzo los requisitos para que los Estados repartieran ayudas de Estado. Y de la mano de ese cambio, el dinero público en apoyo del sector privado sale con mucha más alegría que antes. En apenas cinco meses, los países de la UE han lanzado subvenciones, créditos o avales regulados con las nuevas normas por casi 741.000 millones, según los datos de la Comisión Europea. Y el país que lo ha hecho con mayor potencia es Alemania. El 48,5% del total serían líneas de apoyo lanzadas por el Gobierno federal o los länder regionales. Le sigue Francia, con un 22,6% del total. Ambas capitales, Berlín y París, fueron las que más presionaron al Ejecutivo comunitario el otoño e invierno pasados para que se les permitiera repartir ese dinero con menos controles.

Para defender una mayor relajación en las reglas para repartir ayudas de Estado —ya laxas desde la pandemia—, el principal argumento que se esgrimía por sus defensores —también los Gobiernos español o italiano— era que Estados Unidos va a distribuir subsidios multimillonarios con la norma que aprobó el verano pasado que, en teoría, tenía como objetivo luchar contra la inflación (IRA, por sus siglas en inglés). Lo mismo hace China, y de forma mucho menos transparente.

Hay otras razones que se solapaban con esta primera: la transición hacia una economía descarbonizada requiere de ingentes cantidades de inversión (745.000 millones al año, calcula la Comisión), y eso va a lastrar la competitividad de las empresas europeas frente a las estadounidenses, chinas o japonesas, que sí contarían con el impulso público; las propias compañías de la UE desplazarían sus inversiones a donde hubiera ayudas. Y, por supuesto, sobre estos razonamientos había que sumar la respuesta a la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

En respuesta a todo esto —con el impulso de los líderes de la UE en el Consejo Europeo—, la Comisión aprobó en marzo una nueva regulación que ha dado pie a que en algo menos de cinco meses, entre el 9 de marzo y los primeros días de agosto, se hayan presupuestado ayudas por 741.000 millones de euros con el visto bueno de Bruselas. Una cantidad que supera de largo la que se lanzó en 2022 para rescatar a un sector público agobiado por la crisis desatada por la agresión a Ucrania y la subida de precios: 672.000 millones.

Como precisan desde el Ejecutivo europeo, estas cantidades no son todavía dinero gastado. Habrá que esperar para conocer ese dato. Y la diferencia puede ser considerable: de esos casi 700.000 millones aprobados hasta el 31 de diciembre de 2022, los concedidos entonces ascendían a 93.599 millones.

Pero lo que se sabe hasta ahora sí que muestra qué esfuerzo están dispuestos a hacer los Veintisiete en conjunto, para afrontar la coyuntura actual, y el de cada uno de ellos, algo que depende del margen fiscal y del tamaño de su economía. La respuesta a la primera incógnita —la que implica a todo el grupo— deja claro que el desembolso final puede superar todo lo gastado en este tipo de medidas en los últimos años: en 2020, cuando explotó la pandemia y el Estado salió al rescate de la economía, la cuenta total (ayudas por la covid-19 y las ordinarias) ascendió a 320.000 millones.

La contestación individual ayuda también a explicar las posiciones que se mantuvieron en el debate sobre la reforma de la regulación. Alemania y Francia, los más firmes defensores de la relajación, acaparan más del 70% de lo aprobado, un porcentaje mucho mayor de lo que pesa su producto interior bruto en el conjunto de la UE. Berlín y los länder regionales tienen, además, una larga tradición en el reparto de ayudas a sus empresas, como muestran las series estadísticas de la UE. En cambio, otros como Dinamarca o Finlandia solo han supuesto el 3,3% y el 2,5% del total, respectivamente.

Para estos dos países, como para Suecia o Países Bajos, había una cuestión de principios en sus recelos hacia las ayudas públicas al sector privado. Y, además, también una cuestión de tamaño. La economía de los países nórdicos, por muy saneada que esté, y por mucho margen fiscal que tenga, así como la de los otros Estados más pequeños (las tres repúblicas bálticas, Luxemburgo o Eslovaquia, por poner unos ejemplos), nunca podría aspirar a repartir ayudas como Berlín o París. Y eso suponía un grave riesgo de ruptura del mercado único, como advirtieron reiteradamente durante todo el proceso.

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