El BCE advierte de que los países más endeudados necesitarán ajustes para mantener la inversión pública

Europa tiene el complejo reto de reducir la ingente deuda acumulada durante las tres crisis sistémicas que ha sufrido en los últimos 15 años sin quedar descolgada de China y Estados Unidos, lo que precisará inversión pública y privada. Para el Banco Central Europeo (BCE), combinar estos objetivos va a requerir “fuentes de ingresos adicionales o una repriorización del gasto” a nivel comunitario y también estatal, apunta en su opinión razonada sobre la propuesta de reforma de las reglas fiscales en la Unión Europea que lanzó la Comisión en abril. Dicho de otra forma, para mantener la inversión habrá que hacer ajustes subiendo impuestos o recortando otras partidas de gasto, “sobre todo en los Estados miembro con un elevado nivel de deuda”.

La opinión del BCE, publicada este jueves y firmada por su presidenta, Christine Lagarde, el día anterior, mete prisa al Parlamento Europeo y a los Gobiernos para que haya un nuevo marco de gobernanza “tan pronto como sea posible, y a más tardar a finales de 2023″. También subraya la autoridad monetaria que las normas reformadas deben permitir un ajuste “realista, gradual y sostenido” de los elevados niveles de deuda actuales, un 91,6% en la zona euro, y promover los buenos momentos económicos para reducir el endeudamiento y tener más margen de respuesta cuando lleguen las crisis. Y esto debe hacerse con reformas estructurales e inversión: “Una estabilización creíble de los ratios de deuda pública requiere políticas económicas favorables al crecimiento, incluida la inversión pública, que deben incentivarse adecuadamente en el marco reformado de gobernanza económica”.

Ese énfasis en mantener la inversión pública “productiva” viene a señalar que también en Fráncfort tienen muy presente la lección aprendida en la pasada crisis financiera. Esa partida fue una de las paganas de aquella política llamada austeridad expansiva —versión culta del más castizo soplar y sorber— junto a muchos programas sociales, y que ya en 2014 encontraba voces, como la del tecnócrata liberal y ex primer ministro Mario Monti, que pedían un “papel adecuado para la inversión pública”. No es que el BCE llegue a reclamar una regla de oro, como pedía el italiano, que excluya esta partida del cómputo del déficit, pero sí que la defiende como varias veces un “prerrequisito para el crecimiento económico”.

Aunque esta petición del BCE supone mantener un equilibrio, ya requeriría “más recursos e inversión a nivel comunitario, así como una inversión sostenida y financiada a nivel nacional, lo que exigirá fuentes adicionales de ingresos o una nueva priorización del gasto, sobre todo en los Estados miembros con elevados ratios de deuda”, o sea, Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica. Los cinco acumulan un pasivo que supera de largo el 100% de PIB. Con esta advertencia, el BCE apunta indirectamente a la gran dificultad que van a tener estos países para reducir impuestos si la reforma final de las reglas fiscales se centra, como sucede en la propuesta redactada y defiende Lagarde, en reducir la deuda sin afectar a la inversión.

No solo lo que pasó durante la crisis financiera explica la obsesión de las instituciones comunitarias con mantener la inversión pública. Ponen de su parte las cifras que se calculan para que Europa no pierda comba durante la transición gemela. En un informe de prospectiva futura publicado también este jueves por la Comisión Europea se calcula que la UE precisa una inversión anual de 125.000 millones para la adaptación digital y 620.000 millones para la medioambiental. “La mayor parte de esto tendrá que venir del sector privado, pero los presupuestos de los Estados miembros jugarán un papel importante”, señala el documento. Y por si estas cifras suenan inabarcables o generales, el mismo texto contiene otras dos relacionadas con el cambio climático: “El creciente impacto de los fenómenos meteorológicos extremos provoca ya hoy graves pérdidas económicas. Por ejemplo, en el caso de las sequías, ascienden a unos 9.000 millones de euros anuales y en el de las crecidas de los ríos, a 7.600 millones”.

Las negociaciones para la reforma de las reglas fiscales ya han empezado su última etapa. El mes pasado en Luxemburgo, los ministros de Finanzas de la UE, el llamado Ecofin, mantuvieron su primer debate y también el Parlamento Europeo ha empezado a fijar su posición. Y en este punto es en el que el BCE toma postura respaldando las salvaguardas comunes que el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa, “notablemente” que en las sendas individualizadas para cada país tenga que haber una reducción del ratio de deuda a lo largo del periodo (cuatro años ampliables a siete si el Estado concernido pacta con la Comisión reformas e inversiones) o que no puedan dejarse para el final del periodo los ajustes fiscales acordados.

Menos entusiastas se muestran en Fráncfort con las extensiones por tres años de los planes de ajuste. “Este horizonte temporal es largo y se extiende más allá de un ciclo electoral típico, por lo que podría dificultar el cumplimiento de dichos compromisos. Por ello, el BCE apoya un uso prudente de las prórrogas de los planes nacionales y subraya la necesidad de que los compromisos de reformas e inversiones adicionales”, advierte. Una postura que, con bastantes matices, se acerca a la que defiende Alemania y sus aliados en esta reforma. Los países más halcones sostienen que los periodos planteados por la Comisión son muy largos. Tampoco pierde de vista que se abre la mano a que se puedan revisar los planes con la llegada de nuevos Gobiernos, algo que no acaba de gustar al banco central, ya que pide que a los planes revisados “no se les permita acumular reformas e inversiones” al final del periodo.

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