Bruselas acepta igualar las ayudas a empresas que dan otros países para evitar fugas de inversiones

Francia, Alemania o España temen que los multimillonarios subsidios a empresas que ha aprobado Estados Unidos para impulsar la transición ecológica acaben por provocar una fuga de inversiones. Para evitarlo, el Ejecutivo comunitario ha atendido la demanda de estos Gobiernos (y otros) y les dejará que, “en casos excepcionales”, un país miembro pueda dar ”el importe de la ayuda que el beneficiario podría recibir para una inversión equivalente en esa localización alternativa”, explica el departamento de Competencia en la nota con la que presenta los cambios en las ayudas de Estado para respaldar al sector privado europeo en la doble transición digital y ecológica frente a las ayudas de Estados Unidos, China o Japón.

La Comisión Europea empieza desplegar su plan para responder a la Inflation Reduction Act (IRA), la norma de la Administración de Joseph Biden que contempla ayudas multimillonarias a las empresas para estimular sus inversiones en baterías, energías renovables, microchips, hidrógeno verde o paneles solares, todas necesarias en la transición ecológica; también para contestar a China, que en algunos altos estamentos de Bruselas incluso levanta más temor por la combinación de la opacidad en sus subsidios, su poco compromiso con la propiedad intelectual y las dificultades que impone para entrar en su mercado. El Ejecutivo de Ursula von der Leyen llevaba anunciando medidas en esta dirección desde diciembre y este jueves ha concretado el primer paso: la flexibilización de los requisitos para que los Estados miembro puedan dar ayudas a las empresas de la UE en esta doble transición y no pierdan competitividad dada las ingentes inversiones que requiere.

Para comenzar a andar este camino, la Comisión ha aprobado dado dos pasos. Uno consiste en ampliar el marco de ayudas excepcionales que aprobó para respaldar al sector privado ante la crisis energética que provocó la guerra de Ucrania, que se prolongará hasta finales de 2025, y al que se añaden elementos para “apoyar la transición hacia una economía sin emisiones”. En esta línea, facilita los trámites y amplía los supuestos en los que se permite dar subvenciones cuando las inversiones se hacen en almacenamiento de energía o descarbonización de la producción industrial. También abre la mano con la fabricación de baterías, equipo estratégico, paneles solares, turbinas para la energía eólica, electrolizadores (para el hidrógeno verde) o para la captura del dióxido de carbono.

Aunque si algo destaca en este capítulo de cambios, es la posibilidad de que los países de la UE puedan igualar las ayudas que terceros estados dan a las empresas para evitar su deslocalización y, por tanto, su empleo. París, Berlín y Madrid llevan meses observando con lupa cada anuncio y decisión empresarial de inversión en Estados Unidos para saber si los responsables empresariales han cambiado sus planes y se llevan a Washington algo que, en principio, estaba destinado a ubicarse en Europa. Han presionado a Bruselas para que les permita responder a estas ofertas y frenar la huida llegado el caso.

El departamento de Vestager lo ha aceptado en “casos excepcionales”. A saber: podrá hacerse en zonas que ya estuvieran contempladas como destino de ayudas en el mapa regional comunitario de subsidios o que implique a proyectos que estén localizados en, al menos, tres estados miembros. Otros requisito es que “el beneficiario debe utilizar tecnología de producción puntera” para evitar emisiones a la atmósfera. Y, por último, la ayuda “no puede provocar la deslocalización de inversiones entre Estados miembros”, esto último es un punto en el que Portugal, especialmente, ha puesto mucho énfasis. Lisboa lo hizo durante la pandemia y ahora ha vuelto a hacerlo.

“Agilizar plazos”

Los cambios anunciados también permiten amparan a los proyectos específicos del Fondo de Recuperación, una petición en la que el Ejecutivo Español había puesto mucho interés.

Junto a la ampliación de la regulación extraordinaria de la crisis traída por la guerra en Ucrania, está la enmienda en los criterios de excepción en ayudas de Estado aprobado en 2014. Como en el anterior caso, amplia el abanico de posibilidades para dar ayudas en actividades decisivas en la transición ecológica y busca la manera de estimular la colaboración entre países de la UE al facilitar el respaldo público cuando “los proyectos beneficiado implican a varios Estados”. Según los cálculos de la propia Comisión Europea, la aprobación de esta excepción, que ahora se amplía, hace nueve años ha supuesto que el 91% de las ayudas que se dan en la Unión ya no pasen por el filtro de control comunitario. Este paso, evidentemente, aumentará ese porcentaje. No obstante, en los documentos divulgados este jueves no hay una previsión de hasta donde puede llegar.

“Los cambios que aportamos a nuestras normas sobre ayudas estatales son: rapidez, sencillez, alcance”, ha resumido la vicepresidenta Margrethe Vestager, responsable de Competencia en la Comisión. “La velocidad es lo primero”, ha apuntado la política danesa, atendiendo a una de las demandas que más han formulado los Estados, agilizar los plazos y dar certidumbre sobre el resultado final del proceso administrativo. Algo que ha defendido al señalar que ahora se facilita también “el diseño de los planes de ayuda estatal”. “El nuevo marco de ayudas tiene un alcance más amplio, lo que permite a los Estados miembros apoyar inversiones productivas para una selección de tecnologías clave. Eso significa paneles solares, molinos de viento, bombas de calor, electrolizadores, baterías, CCUS y sus componentes clave y materias primas relacionadas. Esto está dirigido a aquellas tecnologías y sectores verdes esenciales donde el riesgo de fuga de inversiones es más agudo”, ha añadido.

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