Bruselas relajará las normas para dar más margen a los Estados al otorgar ayudas a la transición verde

La Comisión Europea ultima sus fórmulas para competir con Estados Unidos y sus subsidios para impulsar la transición energética, que pueden tener como efecto colateral la fuga de empresas de la UE a EE UU para beneficiarse de las ayudas. Bruselas plantea relajar las normas para que los Estados miembros tengan más margen y autonomía para repartir las ayudas de estado a la transición energética verde. La medida está destinada a aumentar el gasto verde y la competitividad de las empresas de la UE, y forma parte de un gran plan que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, enviará a los países este miércoles y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La propuesta, que quiere hacer frente a las ayudas multimillonarias de Washington, pero también de China —que dispone de miles de millones de euros en subsidios muchas veces opacos—, a la que menciona directamente en el borrador de la comunicación, también propone reglas de ayuda estatal más flexibles sobre créditos fiscales para inversiones verdes. Esta medida ya era planteaba a principios de enero la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en una carta a los Estados, adelantada por este diario. Una fórmula no lejana a la que propone la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, que simplificó las reglas para los créditos fiscales federales.

Agilización de permisos

También pone sobre la mesa otros elementos, como la agilización de los permisos para los productores de tecnologías limpias —con el hidrógeno renovable y las baterías otras tecnologías industrias clave para cumplir los objetivos contra la crisis climática—. Además, añade medidas que ya coleaban de forma independiente, como la redacción de una nueva ley de materias primas críticas, orientada a garantizar el acceso y la seguridad del suministro —incluso facilitando la extracción—, o iniciativas para el fomentar el empleo especializado. Estas incluyen promover la reciprocidad para el acceso a los mercados de contratación pública en países de fuera de la UE.

La normativa actual dicta que los Estados miembros tienen un margen de autonomía para gastar y otorgar las ayudas nacionales y europeas hasta una determinada cantidad en euros, según el caso. En las ayudas regionales al desarrollo, por ejemplo, los países deben informar y consultar a la Comisión si la partida a entregar es de más de 20 millones de euros; el tope de autonomía para disponer de las ayudas para participación en ferias para pymes está en siete millones de euros. Lo que Bruselas plantea ahora es reclasificar esos baremos y subir los topes, de forma que los Estados tengan más flexibilidad para gastar sin pedir permiso y también se ahorre tiempo y burocracia. Una fórmula que puede favorecer a los países con los bolsillos más profundos, como Alemania o Francia, que además ya copan el 77% de las ayudas a empresas por la crisis de Ucrania: de los 672.000 millones de euros presupuestados en ayudas por la Comisión, el 53% corresponde a Alemania y el 24% a Francia (Italia sería la tercera, un 7,6%. España, cuarta economía del euro, está en esa lista a una distancia abismal, apenas el 1,7% del total).

Últimamente, la receta de la Comisión Europea es flexibilizar las normas de acceso a las ayudas. Ya lo planteó en octubre, con un cambio muy relevante del marco legal para relajar las normas sobre ayudas de Estado y permitir el rescate de las grandes energéticas en apuros por la crisis, demasiado estratégicas para caer en plena guerra económica por el gas y el petróleo. Y con esa premisa también planea flexibilizar los baremos para facilitar las subvenciones a elementos como el hidrógeno, los vehículos de emisión cero, las medidas de eficiencia energética o la captura de carbono. Una medida en línea con la propuesta de España, según una carta enviada por la vicepresidenta Nadia Calviño a Bruselas el viernes. La Comisión Europea estima que la industria necesita invertir 170.000 millones de euros hasta 2030 en plantas de producción de energía solar, hidrógeno verde, baterías, bombas de calor y energía eólica.

El plan de Bruselas se asienta fundamentalmente en reclasificar el dinero que hay en algunos fondos y programas que ya existen, para avalar y flexibilizar así su gasto en energías verdes, como también desean París y Berlín—frugales a la hora de poner dinero europeo en una cesta común—. Sin embargo, aunque no lo recoge específicamente, deja abierta la puerta a poner dinero fresco sobre la mesa a través de fórmulas como un Fondo de Soberanía Europeo que surgiría de la revisión del marco presupuestario plurianual, pero que también podría nutrirse de una reordenación de partidas.

Este fondo, dice Bruselas, es una solución “a medio plazo” marcada como tope para verano de 2023 y que podría ocurrir durante el semestre de la presidencia española de la UE, que empieza el 1 de julio. “Para evitar la fragmentación del mercado único debido a los diferentes niveles de apoyo nacional, y las diferentes capacidades para otorgar dicho apoyo, también debe haber una financiación adecuada al nivel de la UE para facilitar la transición verde en toda la unión”, dice la propuesta.

“La era industrial de emisiones netas cero se decidirá por las medidas que se tomen hoy” dice el borrador del texto, que aún está en discusión entre los equipos de la Comisión. Entre los comisarios que se ocupan de estos asuntos, como entre los países, hay división sobre cuál es la mejor de las soluciones: algunos quieren reclasificar partidas —revisar cuánto hay en programas que apenas se usan por la dificultad de absorber el dinero y reordenarlas—y usar ese dinero en la transición verde abriendo, además, la mano en cuanto a las condiciones; otros planean que la solución pasa por poner dinero nuevo.

Von der Leyen apunta que presentará una estrategia más amplia para impulsar la competitividad a largo plazo en marzo —cuando el mercado único celebra su 30º aniversario—, como pidió el Consejo Europeo.