España exige a Bruselas una relajación temporal de las ayudas de Estado

España toma posiciones para el que se erige como uno de los grandes debates económicos —y geoestratégicos— en los próximos meses en la Unión Europea: la reforma de las reglas sobre ayudas de Estado. En un documento enviado por el Gobierno a Bruselas al que ha tenido acceso EL PAÍS, España propone que las normas sean modificadas, pero de forma “temporal” para garantizar “el rápido despliegue de las inversiones” previstas en el fondo europeo de recuperación y “evitar la amenaza para la igualdad de condiciones que supone una relajación general de los requisitos en materia de ayudas estatales”. El texto, que llega ante la revisión que está preparando la Comisión Europea y que debe estar lista antes de acabar este mes, pone negro sobre blanco los temores que hay en varias capitales sobre las consecuencias que tiene para el mercado único europeo la inyección masiva de ayudas de Estado, como el paquete de 200.000 millones de euros aprobado por Alemania para proteger a hogares y empresas del aumento de los costes energéticos.

La relajación temporal por la que apuesta España se explica por la defensa de la competitividad de Europa frente a los grandes colosos mundiales: China y Estados Unidos. Ya hace tiempo que en la UE hay recelos sobre China y el desequilibrio en las relaciones comerciales con el gigante asiático. Con Washington, la alarma se encendió en verano, cuando aprobó los subsidios para apoyar a su industria en la transición hacia una economía más sostenible medioambientalmente. Hay otro elemento: los obstáculos que encuentran muchas de las inversiones planteadas en el plan de recuperación para tramitarse rápidamente en los servicios comunitarios de Competencia y que buscan, precisamente, impulsar la transición hacia una economía descarbonizada, más digitalizada y con una industria puntera tecnológicamente.

Bruselas ya ha entendido que tiene que levantar la mano sobre las limitaciones que impone en las ayudas de Estado. Un claro ejemplo es lo que ha sucedido en el último trimestre del año. En octubre planteó ampliar la relajación de esas normas para las empresas que lo estuvieran pasando mal por la crisis provocada por la invasión de Ucrania y la prórroga de esta regulación extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2024. Antes incluso de que su propuesta estuviera aprobada formalmente, ya se había abierto un debate sobre la necesidad de ir más allá, y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha asumido como propio y ha hablado de la creación de un “fondo de soberanía” para respaldar inversiones europeas.

El nombre que da Von der Leyen a esta propuesta está emparentado con un concepto de moda en la UE desde hace ya varios años: “autonomía estratégica”, al que ahora se le añade muchas veces el adjetivo “abierta”. Se añade el calificativo porque así trasciende el campo de la defensa para adentrarse también en el de la economía: para lograr los objetivos en la primera área, debe haber un desarrollo tecnológico y una capacidad productiva en ramas como los microchips o baterías eléctricas en las que los socios de la UE han perdido el pie.

Entienden en la capital comunitaria y en muchos de los Estados miembro que para conseguir estas metas se requiere que el sector público apoye al privado, como hacen Estados Unidos y China, si no quieren que las empresas pierdan competitividad. Y ahora han entrado las prisas. Otro ejemplo: la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, abrió una consulta pública a los Estados en diciembre durante una semana, justo un día antes del último Consejo Europeo, en el que este asunto fue un tema muy destacado. Pocos días después, los ministros de Economía de Alemania, Robert Habeck, y Francia, Bruno Le Maire, publicaban un artículo conjunto en el diario británico Financial Times en el que hablaban de una reforma que designara sectores estratégicos y simplificara los trámites.

En este punto está de acuerdo España, como puede verse en el texto remitido el lunes a Bruselas. España se está encontrando con obstáculos para que las ayudas contempladas en los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (PERTE) lleguen rápido a la gran industria. A partir de ahí, muchos comenzaron a darse cuenta de la necesidad de simplificar procedimientos. También los países nórdicos fijaron su posición, señalando la necesidad de no romper el mercado único con grandes subvenciones. Italia, por su parte, ha pedido un nuevo fondo conjunto que financie estas inversiones.

El acontecimiento clave que ha desatado todos estos movimientos ha sido, sin duda, la aprobación en Estados Unidos de la ley de lucha contra la inflación, que lleva aparejados subsidios para los bienes industriales (coches eléctricos, baterías, componentes para la generación de energías renovables) que se fabriquen allí, algo que puede tramitarse, explican fuentes gubernamentales, en apenas semanas, frente a los meses cuando no años que requiere el papeleo y la negociación con Bruselas. Esto no solo privilegia el Made in USA, sino que puede atraer hacia EE UU inversiones previstas en Europa.

La necesidad de apoyar a las empresas ante las dificultades que ha traído la guerra (aumento de precios de la energía) ha tenido también su papel, aunque para este tipo de ayudas Bruselas ha levantado la mano al aprobar una regulación temporal que ya relaja los procedimientos y las exigencias, como hiciera durante los momentos más duros de la pandemia.

Sin embargo, aquí comienzan a levantarse las suspicacias entre los socios. Se vio con claridad cuando Alemania anunció que iba a aprobar un plan bianual de 200.000 millones para respaldar a familias y empresas por la crisis que está provocando la invasión de Ucrania. Italia puso el grito en el cielo. La Comisión pidió a todos los países que les comunicaran su planes para coordinar la respuesta, en un intento de que nadie capeara la crisis energética por su cuenta. El tamaño de la chequera de cada Estado no es el mismo y eso puede acabar poniendo en clara ventaja en el mercado único a las empresas de los países con más capacidad de gastar (Alemania, Países Bajos, Finlandia, Austria...).

Economía resistente

Todo esto es lo que lleva a España a plantear al Ejecutivo de Von der Leyen que, dado que “los proyectos de inversión y estratégicos de los planes de recuperación necesitan ser facilitados”, sería conveniente “un marco temporal que cubra estas inversiones”. “Estas son críticas para asegurar que nuestra economía continúa creciendo y se convierte en más resistente frente a shocks de suministro en las cadenas globales y las restricciones de la demanda provocadas por el aumento de los tipos de interés y la disminución de la liquidez”, apunta el documento español.

Además, el planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez no pasa por pedir a Bruselas un fondo adicional. España cree que tiene capacidad de gasto más que suficiente con los recursos asignados en el fondo de recuperación. Si nada se tuerce, antes de 2027 debería disponer de (y gastar) cerca de 100.000 millones adicionales de ese programa aprobado para salir de la crisis de la covid-19, más lo que ya tiene concedido de la primera parte, cerca de 70.000 millones.

Así se explica que Madrid le plantee a Bruselas —este martes el comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— que la relajación del marco de ayudas de Estado esté vinculado a las inversiones del fondo de recuperación. De esta forma, la reforma se convierte en algo temporal y se “evita la amenaza para la equidad de las normas de Competencia que implicaría perder las normas de ayudas de Estado de forma general”.

Algo así viene a defender Arancha González Laya, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París y exministra de Exteriores, que cree que la respuesta a la situación actual no debe pasar por una revisión de las reglas que ponga en riesgo el mercado único. Desde un punto de vista mucho más teórico, el profesor de Economía de la London School of Economics Paul de Grauwe no se muestra nada partidario de dar ayudas a las empresas: “No creo en la capacidad de la Administración para identificar dónde hacen falta inversiones en toda la economía. Creo que la Unión Europea puede dar dinero a los Estados para que inviertan en infraestructuras o investigación básica, pero no más”.