Alemania y Francia copan el 77% de las ayudas a empresas por la crisis de Ucrania

El gran riesgo de relajar las exigencias para que los Estados de la Unión Europea salgan al rescate del sector privado ante la crisis energética y de precios es que se agriete el mercado único. Pocos datos lo evidencian tanto como los de la respuesta a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania: los países han comunicado a la Comisión Europea ayudas presupuestadas por 672.000 millones, de ellos el 53% corresponde a Alemania y el 24% a Francia. Italia sería la tercera, un 7,6%. España, cuarta economía del euro, está en esa lista a una distancia abismal, apenas el 1,7% del total.

Las cifras salen de la carta que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, envió a los Estados miembros el pasado viernes en la que advierte reiteradamente sobre esto —”el proceso de simplificación [de normas] tiene ciertos riesgos”, escribe— y, por ello, plantea que las ayudas milmillonarias que se den para responder a las políticas proteccionistas de China y Estados Unidos en la transición energética y digital sean temporales.

“Por supuesto, seguimos de cerca cómo se traducen en gastos reales los presupuestos de las 182 medidas aprobadas hasta la fecha”, trata de tranquilizar el texto adelantado por EL PAÍS en el que la vicepresidenta Vestager se abre a dar ayudas para “las inversiones verdes en sectores estratégicos”, incluyendo créditos fiscales para evitar una fuga de inversiones. La portavoz del departamento de Competencia del Ejecutivo comunitario precisa que de esos cerca de dos centenares de decisiones sobre ayudas de Estado, unas 60 han tenido que ser enmendadas por los Estados a petición del Ejecutivo comunitario.

Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, en febrero, la Unión Europea, a la vista de las dificultades que se avecinaban para las empresas por la presión de los precios energéticos y potenciales problemas de suministro de combustibles, aprobó la primera regulación que relajaba las ayudas de Estado. Kiev no cayó y la guerra se ha enquistado, lo que llevó a Bruselas en julio a aumentar la manga ancha que había aprobado cuatro meses antes: “Hemos permitido a los Estados concentrar el apoyo en la energía renovable o tecnologías de descarbonización sin pedir una justificación exhaustiva”. Ya en otoño se prorrogó esta regulación hasta el 31 de diciembre de este año y se ampliaron las opciones de respaldo a las empresas.

Este marco legal más flexible ha facilitado ese gasto previsto por los países, de 672.000 millones. En él destaca Alemania, que ha presupuestado ayudas por una cantidad equivalente al 9,2% de su PIB en 2022, según los cálculos del Ejecutivo comunitario. El esfuerzo francés equivale a un 6,1%; el de Italia, al 7,5%. También destaca Dinamarca, cuya previsión se acerca al 6,5%. Las notificaciones españolas, por su parte, apenas supondrían el 0,8% del PIB de 2022. Estos datos se basan en los números de la Comisión que, no obstante, advierte que sus cálculos parten de estimaciones sobre “presupuestos aprobados en las decisiones sobre ayudas estatales y otras cifras disponibles”, puesto que la regulación temporal para la crisis no obliga “a precisar un presupuesto”, según señalan en Competencia.

Todas estas cifras ilustran los riesgos en los que ponen énfasis los más reticentes a la reforma de las exigencias sobre ayudas de Estado que prepara Bruselas para responder a los multimillonarios subsidios que aprobó EE UU este verano con el objetivo de impulsar a su industria en el proceso de transición energética. El temor a que los productos made in USA tengan ventajas por esto en el mercado y a que muchas inversiones destinadas a nuevas tecnologías (renovables, baterías y coches eléctricos, microchips) se vayan al otro lado del Atlántico al calor de estas subvenciones es el que abrió el debate en la UE a finales de 2022 y el que llevó a sus líderes a reclamar soluciones a Bruselas nada más comenzar este año.

Diferentes posiciones de partida

Sin embargo, la posición de partida de todas las capitales no es la misma. Y buena parte de cómo se definen las posiciones de los socios se explican mirando a los números que ha facilitado Competencia. “Estas cifran son consecuencia de que no todos los estados tienen el mismo margen fiscal para poder gastar”, explica Philip Lausberg. Con estas palabras, este especialista en gobernanza económica de la UE del Centro de Política Europea, partidario de responder a EE UU, apunta los mismos riesgos que señala Vestager en su carta: la fragmentación del mercado único. Si un Gobierno tiene más capacidad para gastar (Alemania), puede dar más apoyo a sus empresas y situarlas en posición de ventaja en el mercado único. También puede darse este escenario con los países más grandes, como puede ser Francia, aunque su margen fiscal sea menor, ya que a poco esfuerzo que haga, el tamaño de su economía siempre le permitirá tener dar un respaldo mayor.

En el bando de los más cautelosos se sitúan Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Suecia, que enviaron un texto conjunto a Bruselas el 23 de diciembre al que ha tenido acceso EL PAÍS. “En la actualidad, las ayudas a la inversión para inversiones productivas solo se permiten para fomentar el desarrollo de las pymes y la cohesión económica en la UE. Desviarse de esta premisa fundamental es un cambio de política que requiere una cuidadosa consideración. Las ayudas estatales a la producción en masa y las actividades comerciales pueden tener importantes efectos negativos, como la fragmentación del mercado interior, carreras de subvenciones perjudiciales y debilitamiento del desarrollo regional. Estos perjuicios pueden ser mayores que los efectos positivos”, advierten antes de “urgir a la Comisión a una gran cautela”.

Su posición contrasta con la que cuatro días antes expusieron a Bruselas los ministros de Economía de Alemania, Robert Habeck, y Francia, Bruno Le Maire, en un documento similar. Ambos abogaban por facilitar las subvenciones a sectores estratégicos y los descuentos fiscales, algo a lo que Vestager ya parece haber prestado oídos a tenor de la posición que esboza en la carta que envió a las capitales el pasado viernes pidiéndoles que le hicieran llegar sus opiniones en este debate antes de que concrete sus propuestas. La responsable de Competencia también señala en esa misiva que la reforma debe ser temporal, algo que reclama España, para evitar romper el mercado único.