Crece la oposición a la gran relajación de ayudas de Estado que reclaman Francia y Alemania

La agenda económica en Bruselas está saturada estas semanas. Las negociaciones para la reforma de las reglas fiscales entran en su recta final al mismo tiempo que la Comisión Europea prepara una revisión de las normas sobre ayudas de Estado que permitan agilizar el apoyo económico al sector privado en la transición ecológica y digital. Dos asuntos en los que confluyen -cuando no chocan- los intereses de los Veintisiete, y en los que se van alineando las posiciones cada vez con más nitidez. Esto se ve, por ejemplo, en cómo crece el rechazo a la manga ancha que piden Francia y Alemania para dar ayudas de Estado como respuesta a los subsidios que da Estados Unidos y China a sus empresas en las llamadas transiciones gemelas. El grupo de países que reclaman “una gran cautela” ha sumado un nuevo integrante, Bélgica, y ya cuenta con 11 miembros.

El mismo día en que la Comisión Europea presentaba el plan industrial para una era verde abría, como parte de ese plan, una consulta sobre una nueva revisión de las reglas sobre ayudas de Estado, ya relajadas por la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Bruselas ya apuntaba incluso que su intención era extender ese marco especial vigente hasta finales de 2025, una duración inusualmente larga, y señalaba que ya no pretendía solo responder a las dificultades propias de la guerra y los precios disparados de la energía, sino también respaldar a las empresas para que no pierdan competitividad frente a las estadounidenses, chinas o japonesas en la doble transición y también evitar la fuga de inversiones.

Este tipo de movimientos pone de los nervios a los países más pequeños o con más estrecheces fiscales, ya que su capacidad de dar ayudas palidece frente a París o Berlín. Así que al día siguiente de que Competencia abriera la consulta, el 2 de febrero, cuatro países -Hungría, República Checa, Eslovaquia y Letonia- se adhirieron a una carta previa que habían hecho llegar a la Comisión otros seis países -Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda y Polonia- en diciembre (el debate en realidad lleva meses abierto): “Los cambios fundamentales de las normas de la UE sobre ayudas estatales no deben hacerse de la noche a la mañana en el contexto de un marco temporal de crisis no concebido para este fin”. “La Comisión también debe evaluar de cerca los posibles impactos de los requisitos de contenido local de naturaleza distorsionadora en el IRA (la Ley de Reducción de la Inflación, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos que da los subsidios)”. “Es importante mencionar que la política de ayudas estatales no siempre es el único factor decisivo para las decisiones de inversión”. Advertencias como esta pueden leerse en las dos páginas de la carta.

Al texto, visto por EL PAÍS, se sumó Bélgica el 10 de febrero. Hay otros países que no se han incorporado, de los que también se sabe que tienen reservas. Sería el caso de Luxemburgo. España, por su parte, es partidaria de que se relajen las ayudas de Estado y de que se eliminen muchos de los obstáculos administrativos, pero no en la medida que lo hace Francia. Fuentes diplomáticas explicaban la semana pasada durante el Consejo Europeo que París está reclamando que el límite por el que los Estados miembro no tengan la obligación de comunicar una subvención a Bruselas se multiplique por 10, de 10 millones a 100. Madrid defiende que se suba, pero no tanto.

Y en paralelo a este debate, también corre el de las reglas fiscales, íntimamente ligado al anterior, porque de cómo quede el corsé presupuestario depende la capacidad de dar apoyo y subvenciones. Este último ha tenido el martes su primera gran cita política, en el Ecofin, el órgano en que discuten los ministros de Finanzas de la Unión Europea más los responsables de la Comisión. La principal conclusión que ha salido al acabar es la intención de la mayoría de acelerar el trabajo para tener las líneas básicas del pacto en marzo. A partir de ahí, los líderes de la UE deberían cerrar el acuerdo en el Consejo Europeo y el Ejecutivo de Ursula von der Leyen debería tener rápido los textos legales para iniciar el trámite legislativo.

El objetivo, como ha reclamado la ministra de Finanzas neerlandesa, Sigrid Kaag, en la propia reunión, es que los Estados miembro pueden implementar las nuevas normas en 2024. También el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y la ministra sueca, presidenta de turno del Consejo de la UE, Elisabeth Svantesson, han apuntado a marzo como el momento clave. “Hemos sentado una base sólida para proporcionar una visión clara en marzo”, ha declarado el letón a la salida.

Para cumplir con este plazo, será necesario vencer la resistencia alemana. El ministro germano de Finanzas, Christian Lindner, ha dejado claro a su llegada a la reunión que tiene puntos de discrepancia con la propuesta que hizo Bruselas en noviembre, algo que ya le dijo personalmente al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, hace un par de semanas en Berlín. Sus reticencias están principalmente en cómo se elabora la senda de ajuste de deuda personalizada a cada país, pues Lindner teme que este proceso acabe en una negociación bilateral sin transparencia entre el estado concernido y la Comisión. El otro aspecto sobre el que Alemania quiere concreción es cómo se determina la sostenibilidad de la deuda para cada país.

En la propuesta que hizo la comisión, el índice que establece la sostenibilidad de la deuda de cada país es el punto de partida de cada deuda individualizada. En función de ella puede determinarse la exigencia del ajuste y el plan que cada país debe seguir para rebajar su pasivo, de ahí la importancia que concede Berlín a conocer la metodología que va a emplear la Comisión antes de dar su aprobación.

Sí que hay ya un acuerdo, también con Alemania, algo que han señalado en alguna delegación y en la comparecencia posterior Dombrovskis y Svantensson, en otros aspectos importantes de la propuesta de la Comisión. Uno sería la necesidad de que cada país siga su propia senda de ajuste fiscal; otro que se definan marcos macroeconómicos a medio plazo y, por último, la necesidad de que los planes nacionales contengan reformas, pero también dejen hueco a las inversiones necesarias en las transiciones gemelas.

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