España urge a un gran ‘pacto verde’ para acelerar las inversiones energéticas clave ante la amenaza de EE UU y Asia

España quiere aunar todos los debates abiertos estos meses en la Unión Europea vinculados con la transición energética. El Gobierno ha planteado a Bruselas un gran pacto por una economía verde. Según la respuesta que la vicepresidenta Nadia Calviño ha enviado a Bruselas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ese acuerdo debe englobar la reforma del mercado eléctrico, la revisión de las ayudas de Estado y su financiación a través del Fondo de Recuperación, el plan RepowerEU, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, por último, el impulso a los acuerdos comerciales pendientes con América Latina. La carta, además, señala sectores que, a juicio de Madrid, deben ser estratégicos que deberían privilegiarse a la hora de “agilizar inversiones estratégicas”, como el hidrógeno verde, el biogás, la industria del vehículo eléctrico o los semiconductores.

A escasos cinco meses de que España se haga cargo de la Presidencia de la UE, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el debate abierto para sobre la revisión de las ayudas de Estado en la UE para presentar algo parecido a sus prioridades para ese segundo semestre de en España tendrá que hacerse cargo del Consejo de la Unión Europea. Están en la carta que Calviño envió a la vicepresidenta y responsable de Competencia de la Comisión, Margrethe Vestager. Respondía a la que la comisaria danesa había enviado a las capitales el pasado de enero pidiendo opiniones sobre la revisión del modelo de ayudas de Estado al que empujan Francia y Alemania con el argumento de que Europa no puede perder pie en la transición verde y digital frente a China y Estados Unidos, que acaba de aprobar una ley que subvenciona las inversiones verdes.

En el texto español se apunta que ese gran pacto verde debe tener cuatro patas y es la concreción de algo a lo que el Ejecutivo define como “autonomía estratégica abierta”. El concepto “autonomía estratégica” está muy de moda en Bruselas en los últimos tiempos. La paternidad es francesa y tenía, en principio, una clara orientación geoestratégica, aunque sin olvidar la parte geoeconómica. Esta parte ha crecido en los últimos meses por las consecuencias de la invasión de Ucrania en los mercados de energía más la inflación, el creciente desafío chino y su control de las cadenas de suministro, y, por último, los masivos subsidios de Estados Unidos para impulsar la transición digital que amenaza con provocar una fuga de inversiones en la UE. De ahí que España añada el adjetivo “abierta” a la hora de plantear este concepto para su presidencia.

La primera pata del acuerdo que demanda España procede directamente de uno de sus caballos de batalla en Bruselas en el último año largo: la reforma del mercado eléctrico. Tras meses clamando en el desierto, la explosión de la crisis energética a raíz de la invasión de Ucrania cargó de argumentos a la vicepresidenta tercera española y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La Comisión ya está trabajando en esa reforma que, para Madrid “está de una prioridad máxima”, porque es la “principal desventaja de la industria europea”.

El segundo punto entra de lleno en el principal debate abierto entre los Estados miembro y la Comisión sobre la revisión del modelo de ayudas públicas a empresas. Bruselas va a presentar sus planes el próximo miércoles y antes reclamó la opinión de los Veintisiete, y aquí se enmarca este documento de Calviño. España, como Alemania y Francia, teme que los multimillonarios subsidios de Estados Unidos provoquen una fuga de inversiones en Europa por eso apuesta por “un procedimiento acelerado para los proyectos estratégicos a en el marco de los Planes Nacionales de Recuperación y en sectores clave, que proporcionen mayor autonomía estratégica, tecnológica y energética, como las energías energía limpias, semiconductores, vehículos eléctricos o tecnologías críticas”. Pero, al mismo tiempo, tampoco apoya que se desmantele la política de ayudas de Estado que soporta el mercado único, defiende que se eleven los umbrales que obligan a comunicar a Bruselas las subvenciones que se conceden (ahora están entre 10 y 20 millones) o que las vinculadas al plan de recuperación no necesiten examen de idoneidad ni evaluación posterior.

Los sectores clave a que apunta España son 10: despliegue de energías renovables, almacenamiento y otras fuentes energéticas como “el hidrógeno renovable, la energía eólica marina y el biogás”, “inversiones en industrias existentes e inversiones en nuevas instalaciones que permitan la descarbonización de los procesos de producción industrial”, generación de hidrógeno, economía circular (reciclaje), vehículo eléctrico y componentes, paneles solares, semiconductores, desarrollo del 5G y la inteligencia artificial, agroalimentación y procesamiento menos agresivo medioambientalmente de materias primas críticas.

Todo esto supone dinero, de ahí que el siguiente pilar del pacto sea “la financiación verde [...] para movilizar la inversión pública y privada necesaria mediante un paquete paquete coherente de reformas clave y expedientes legislativos que que muy probablemente llegarán a su madurez bajo la próxima presidencia española”. Aquí vuelve a aparecer otra de las prioridades españolas: la revisión de las reglas fiscales, que Bruselas quiere tener listo este trimestre para plantear los texto legales a continuación, es decir, bajo la citada presidencia. “El apoyo presupuestario nacional podría prestarse con sujeción a normas fiscales adecuadas en un renovado Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, señala. Añade otro hito que corresponderá, probablemente a la segunda mitad de este año, “la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2023-2027″ de la Unión Europea.

Aquí España marca una de las líneas rojas en la revisión de las reglas sobre ayudas de Estado: “Todo nuevo instrumento financiero no debería basarse en reasignaciones de fondos de instrumentos existentes, como el Fondo de Recuperación, los fondos de cohesión, etcétera”. Uno de los riesgos de facilitar la concesión de subvenciones es que lo países que tienen más margen fiscal (Alemania, Países Bajos) y los más grandes (Francia) den mayores ayudas a sus empresas, situándolas en una posición ventajosa en el mercado único.

Este riesgo ha llevado a que la Comisión plantee una herramienta correctora, lo que llama fondo de soberanía, aunque todavía no hay detalles sobre él. Hay países que desearían que esta herramienta se financiara con emisión de nueva deuda y, por tanto, con un aumento del presupuesto comunitario. Hay otros que prefieren que se reordenen los recursos existentes, con el argumento de que hay mucho dinero por gastar. El Ejecutivo español, por ahora, está en una posición intermedia. En Madrid cuentan con casi 180.000 millones de fondos comunitarios para invertir hasta 2026 sumando el plan de recuperación, el RepowerEU y el fondo para una transición justa. Y a eso habría que sumar el dinero de los fondos de cohesión. Conclusión: España quiere facilidades para invertir lo que va a recibir, no pone el acento en que se le dé más.

La última parte se focaliza en los acuerdos comerciales con Latinoamérica, que con la necesidad de materias primas estratégicas en la transición energética se han convertido vitales, porque hasta ahora Europa es muy dependiente de China o Rusia. La UE tiene pendiente actualizar el acuerdo comercial con México, algo que ya se ha alcanzado con Chile, y también la revisión del pacto alcanzado con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Este ha estado bloqueado por reticencias francesas y el Parlamento Europeo con el argumento de que la política de Bolsonaro sobre el Amazonas provocaba deforestación. La llegada de Lula al poder en Brasilia abre una oportunidad que España y Bruselas quieren aprovechar.