Bruselas relajará las normas sobre ayudas de Estado hasta 2025 para impulsar la industria verde

La Comisión Europea está dispuesta a relajar las normas de ayudas de Estado a empresas hasta 2025 para impulsar la transición hacia una economía descarbonizada y digitalizada. El Ejecutivo comunitario también acepta que este tipo de incentivos públicos se concedan a través de exenciones fiscales. Estas son dos de las propuestas de un plan más amplio que ha lanzado para que ni Europa ni sus grandes empresas pierdan terreno ni competitividad frente a las potencias, principalmente Estados Unidos y China, dispuestas a inyectar subsidios multimillonarios en sus compañías para mantener su supremacía tecnológica o lograrla en sectores clave en esta doble transición que encara el mundo en las próximas décadas.

El programa presentado por la Comisión Europea para impulsar la industria europea en lo que ha venido a llamar oficialmente Un plan para una industria verde en una época de emisiones cero no va solo de ayudas de Estado. También contempla la reforma del mercado eléctrico, que presentará en marzo; pretende simplificar procedimientos administrativos o mejorar el acceso a materias primas imprescindibles en las nuevas tecnologías (tierras raras, litio...); impulsar los acuerdos comerciales bilaterales con países aliados y zonas del mundo con las que se comparten valores (Australia, Indonesia, México, Mercosur...); formar mano de obra para satisfacer una demanda de millones de empleos; y nuevas normas que simplifiquen el complejo marco jurídico comunitario: “Sabemos que para hacer crecer nuestras industrias con cero emisiones netas necesitamos el marco [legal] adecuado. Tiene que ser más sencillo, más rápido y más predecible. Por lo tanto, propondremos la Ley de Industria Neta Cero. Se centrará en las tecnologías clave para el cambio a cero emisiones netas. Acelerará la concesión de permisos”, ha apuntado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en la presentación de la iniciativa este miércoles.

Pero si algo ha galvanizado el debate desde que se abrió oficiosamente hace ya varios meses fueron, precisamente, la posibilidad de crear un fondo que financie inversiones y la flexibilización de las ayudas de Estado. Y es en este último campo en el que la propuesta inicial de la Comisión, que ahora debe ser debatida por los Estados miembro, ha sido más precisa. Pues, como dice el propio documento presentado este miércoles por la presidenta, Ursula von der Leyen, y adelantado por EL PAÍS, es la parte que habla del dinero, de cómo financiar esa transición y esa respuesta con la que Europa pretende evitar que le pase como en el desarrollo de internet (casi ninguna de las grandes compañías surgidas en este entorno es del Viejo Continente). Lo primero que señala Bruselas es que todavía hay muchos fondos comunitarios por invertir en los diferentes programas creados para responder a la pandemia o la guerra de Ucrania (Fondo de Recuperación, RepowerEU) u otras herramientas como los fondos de cohesión.

A continuación pasa a hablar de los recursos propios de cada Estado y cómo facilitar su uso. Ahí es dónde plantea cambiar el propio concepto de las exenciones que aprobó en marzo de 2022, cuando comenzó la guerra, y después amplió en julio y octubre para respaldar a las empresas con problemas provocados por la crisis energética y la invasión de Ucrania. Para esto ha abierto un proceso de consulta formal a los Estados en el que ya plantea cambiar hasta el nombre: de llamarlo Marco temporal de crisis a Marco temporal de crisis y transición, en clara referencia a los cambios para adaptarse a los nuevos paradigmas ecológicos y digitales. También plantea alargar el plazo de vigencia: de acabar el 31 de diciembre de este año a hacerlo en 2025, dos años más tarde.

“Se hace hincapié en que se trata de un marco temporal de transición y de crisis, porque debemos tener cuidado, como ayuda estatal, de no socavar la igualdad de condiciones en el mercado. Por lo tanto, anunciar cambios en cierto sentido durante un período demasiado largo puede crear dificultades adicionales. Por eso se anuncia hasta 2025″, explica el vicepresidente responsable del área económica de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en un encuentro con varios medios europeos, entre ellos EL PAÍS.

Además del período, ese marco, cuyo borrador cita la Comisión, se basaría la simplificación de requisitos en la instalación de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno verde y biocombustible o la posibilidad de ampliar plazos para el despliegue de proyectos ya aprobados. También se abre la posibilidad de elevar los topes por los que los Estados miembro tienen que comunicar a Bruselas la concesión de ayudas, dándoles así más margen. Otro elemento que añade Bruselas sería la posibilidad de que estas ayudas se canalicen a través de reducciones fiscales, una demanda que habían planteado países como España o Francia. La inspiración de este mecanismo está, precisamente, en la norma estadounidense a la que Europa pretende dar réplica. Como explican varias fuentes, esta forma de dar las ayudas es mucho más rápida.

La opción de abrir mucho la mano con las ayudas de Estado no es vista con simpatía por muchos miembros de la UE, especialmente los más pequeños. Países como Letonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca o República Checa han advertido de que esto puede generar muchas distorsiones en el mercado único, ya que aunque ellos tienen capacidad fiscal no son del tamaño de Alemania o Francia y, por tanto, su chequera es más pequeña. Ese argumento ha sido defendido también por Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión y responsable, precisamente, del departamento de Competencia, el que debe vigilar y desarrollar estas medidas. Un margen de autonomía para gastar y otorgar las ayudas nacionales y europeas hasta una determinada cantidad en euros, según el caso. “Debemos evitar una carrera de subsidios. Si competimos completamente individualmente como Estados miembros, bueno, perderemos en conjunto”, ha apuntado la danesa este miércoles, tras recordar que los dos grandes de la UE acaparan el 77% del respaldo que ha permitido su departamento con la relajación de ayudas como respuesta a la invasión de Ucrania.

Tampoco son partidarios de la plena libertad de movimientos países como Italia o España, que si bien son grandes en la UE, no tienen el margen fiscal de Berlín. Para paliar esto, Bruselas plantea la creación a medio plazo de un “fondo de soberanía”. No hay detalles sobre cómo se articulará, ni siquiera sobre el dinero que habrá en él. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha señalado que la intención es movilizar 350.000 millones de euros. Algo que no acaba de ser bien visto en varios Estados miembro.

Para evitar que el diferente tamaño de la chequera de cada Estado distorsione el mercado, la Comisión recuerda en varias ocasiones en el documento que todavía hay muchos recursos disponibles entre todas las herramientas presupuestadas ya. Dombrovskis habla de más de 220.000 millones. Pero el Ejecutivo bruselense no descarta, además, que vaya a hablarse de ampliar el dinero comunitario para afrontar este reto.