Los trabajadores rurales sin tierra de Brasil entran en el mercado de capitales

El mayor movimiento social del mundo quiere plantar su bandera en la meca del capitalismo: el mercado de capitales. El estandarte rojo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), con la bandera brasileña sobre un fondo blanco, ondeará ahora en las carteras de inversiones. El MST tiene previsto recaudar 3,5 millones de dólares con la emisión de un Certificado de Recibibles de la Agroindustria (CRA), un tipo de título de renta fija utilizado para financiar al productor o a la cooperativa agrícola y que está respaldado por la economía real, es decir, la propia producción. En la práctica, quien esté interesado en financiar las actividades del movimiento puede comprar títulos y tendrá, como retorno, una remuneración prefijada que ronda el 5,5% anual, pagada con el beneficio de la venta de los productos agrícolas. El interés es superior al de las cuentas de ahorro, por ejemplo, que de enero a diciembre de 2020 fue del 2,11%.

En todo el mundo, las iniciativas a favor de un capitalismo consciente están ganando fuerza como aliados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Democratizar y diversificar las inversiones es una de las formas de combatir la concentración de dinero en manos de unos pocos, justifican quienes creen en la iniciativa. La oferta pública del MST aceptará inversiones a partir de 100 reales (20 dólares). Se trata de bonos a cinco años, exentos de tributar al IRPF y que incluso pueden negociarse en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de São Paulo, en función de su liquidez.

No es la primera vez que el movimiento explora esta alternativa de financiación, considerada más atractiva que los tradicionales (y burocráticos) préstamos bancarios, pero hasta hace poco era un privilegio de los grandes productores. El año pasado, el MST recaudó 294 millones de dólares en una oferta privada para finalizar una fábrica de procesamiento de productos agrícolas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nova Santa Rita (Coopan), en el estado de Río Grande del Sur. La cooperativa se fundó legalmente en junio de 1995 y hoy cuenta con 29 familias y 80 socios (40 veteranos y 40 jóvenes), que trabajan principalmente en la producción de arroz ecológico y carne de cerdo, pero también de leche, pan y otros productos para el consumo doméstico.

Ahora el objetivo es más ambicioso: financiar la producción, casi mayoritariamente ecológica, de arroz, maíz, leche, soja, zumo de uva y azúcar moreno de siete cooperativas: Coana, con 231 familias implicadas en la producción; Coapar, con 455 familias; Coopaceres, con 39; Cooperoeste, con 1.700; Cootap, con 609; Copacon, con 350; y Copavi, con 138. El MST no pudo ofrecer una entrevista a EL PAÍS porque se encuentra en período de silencio, durante el cual están prohibidas las manifestaciones en los medios de comunicación que puedan influir en posibles inversores.

La emisión de CRA la llevará a cabo la sociedad gestora de fondos de titulización Gaia Impacto, encargada de transformar los pagarés de productos rurales, emitidos por las cooperativas, en valores mobiliarios. La estrategia, sin embargo, forma parte de un movimiento más amplio de recaudación de fondos llamado Finapop: Programa de Financiación Popular de la Agricultura Familiar para la Producción de Alimentos Sanos. Concebido en colaboración con el economista y exbanquero Eduardo Moreira, declaradamente de izquierdas, el programa Finapop se inspira en iniciativas internacionales alineadas con una economía ética y sostenible. Los interesados podrán reservar sus acciones a partir del 26 de julio en la web de la empresa de corretaje Terra o registrándose en la web de Finapop. “La página ya ha recibido casi 4.000 mensajes de personas que quieren que se les avise cuando se lancen nuevas operaciones”, dice Moreira.

“Finapop es una idea, un deseo, que se basa en el principio de saber qué financian nuestros ahorros. Puede ser que estemos financiando a Taurus cuando somos pacifistas, la cárnica JBS cuando somos veganos o la minera Vale cuando somos ecologistas. ¿Por qué no financiar el mundo en el que creemos?”, argumenta Moreira. El economista también cree que la emisión tendrá una función educativa: mostrar a la gente que las cooperativas agrícolas del MST cumplen con todos los requisitos legales para satisfacer la demanda del mercado financiero. “En este mundo capitalista, donde el mercado es una entidad casi sagrada, la gente verá que no tiene motivos para odiar al MST”, dice.

Moreira es un crítico del modelo de capitalismo que cobró impulso a partir de los años 80 con la desregulación de los mercados y que hoy vive un momento de revisión. “La experiencia de los años 80 mostró una secuencia de crisis sin precedentes. No soy un entusiasta del sistema capitalista actual, pero será difícil deshacerse de él. Por eso hay que limitar la codicia, que roba la productividad y concentra el poder político en manos de unos pocos”, dice el economista, que no está solo en esta cruzada. Cabe recordar la famosa frase que Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, dijo en plena crisis financiera internacional de 2008 sobre el fin de la autorregulación: “Hay que refundar el capitalismo (...) porque estamos a dos dedos de la catástrofe”.

En función de la acogida que tenga el MST entre los inversores, existe todo un universo potencial de agricultores familiares que podrían estar interesados en estrechar lazos con el mercado de capitales. El MST cuenta con 160 cooperativas y más de 1.000 asociaciones que agrupan a 450.000 familias en 24 Estados. Desde los años 90, muchas de estas cooperativas han exportado productos como arroz, zumos, frijoles, café y derivados de la caña de azúcar a países de América Latina, Europa y Asia. También en esa época, las cooperativas comenzaron a desarrollar productos agroindustriales a gran escala, que hoy se venden en mercadillos y mercados municipales, especialmente en el sur del país y en São Paulo. Las cooperativas también abastecen a más de 200 municipios a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar, así como a cuarteles, prisiones y hospitales. Y han desarrollado su propia red de distribución, las tiendas Armazém do Campo, que atienden a una media de 21.000 personas al mes, como forma de sortear la resistencia de las grandes marcas de supermercados.

Violencia en el campo

La incursión del MST en el mercado financiero se produce en un momento de extrema hostilidad en Brasil hacia los movimientos sociales del campo. Jair Bolsonaro fue elegido en 2019 repitiendo el discurso de que trataría al movimiento que defiende la reforma agraria como una “organización terrorista”. Y eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra muestran que en el año 2020 los asesinatos a sueldo, expulsiones, desahucios, amenazas de expulsión, amenazas de desahucio, invasiones, destrucciones de campos, casas y propiedades en el campo batieron el récord de la serie histórica iniciada en 1985. Hubo 2.054 sucesos de violencia, un aumento del 8% en comparación con 2019, de los cuales 1.576 fueron conflictos por la tierra, lo que representa una media diaria de 4,31 conflictos y un aumento del 25% en comparación con 2019. Estos conflictos afectaron a 171.625 familias en plena pandemia de coronavirus. Solo entre los pueblos indígenas hubo 656 sucesos (41,6% del total), con 96.931 familias (56,5%) implicadas.

“A la virulencia mortal de la peste se sumó la violencia del capital, avalada por la omisión y la connivencia del Estado”, informa la Comisión Pastoral de la Tierra en su informe anual. Del total de conflictos, el 62,5% se produjeron en la Amazonia Legal, que comprende todos los estados de la región norte, más parte de Maranhão y todo el Estado de Mato Grosso. La región vive un desmantelamiento de las políticas públicas en un momento en que los datos de deforestación acumulan récords. El mes pasado fue el junio con mayor número de incendios de los últimos 14 años en la Amazonia: 2.308, según el Instituto Nacional de Estudios Espaciales. La Comisión Pastoral de la Tierra también registró el asesinato de 18 personas en conflictos rurales el año pasado, entre ellos siete indígenas. Otras 35 personas sufrieron intentos de asesinato (12 indígenas) y 159 fueron amenazadas de muerte (25 indígenas).

“El informe sobre los conflictos de 2020 de la Comisión Pastoral de la Tierra revela que el Brasil de hoy está más cerca de 1500 que de 1988 [año de la Constitución]. En varias regiones del país, los indígenas, los trabajadores rurales sin tierra, los quilombolas [descendientes de esclavos rebeldes], los ribereños [de la Amazonia], los geraizeiros [pueblo tradicional del norte del estado de Minas Gerais], los pescadores artesanales, los vazanteiros [ribereños del cerrado] y los campesinos de fundo e fecho de pasto [que cultivan y pastorean en tierras comunes] son víctimas de procesos de criminalización por sus luchas, especialmente por la tierra y el agua”, afirma Deborah Duprat, abogada y subfiscal general de la República jubilada, en una declaración para el informe. La Comisión Pastoral de la Tierra registró 84 casos de criminalización de los movimientos en 2020, que tuvieron como objetivo a los sin tierra (40), los ocupantes ilegales (24) y los quilombolas (9).

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