La crisis del coronavirus

José Luis Escrivá: “Tras un seísmo se invierte en infraestructuras. Aquí hay que proteger rentas”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que la prioridad es proteger rentas y aclara que “el ingreso mínimo vital se añadirá a las prestaciones autonómicas, sin sustituirlas”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su despacho.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su despacho.Andrea Comas / EL PAÍS

José Luis Escrivá (59 años, Albacete) se hizo cargo de la Seguridad Social en enero con un doble encargo: reformar el sistema de pensiones para cerrar su déficit antes de que se jubile la generación del baby boom y crear un ingreso mínimo vital que ataque la desigualdad y la pobreza, una asignatura pendiente del Estado de bienestar español. En ese orden. Pero la explosión de la pandemia dio la vuelta a estas prioridades. Ahora lo urgente es el ingreso mínimo.

Es sábado por la tarde, durante la entrevista —mitad presencial, mitad telemática— recibe una llamada: una nueva cita en una agenda ya cargada. En los huecos libres, confiesa que estudia modelos matemáticos de los epidemiólogos para ver la evolución de la pandemia en España. También en esto se muestra optimista o, al menos, todo lo que se puede ser en estas circunstancias.

Pregunta. Usted ha sido de los más optimistas sobre la recuperación de la crisis económica. ¿Sigue viéndolo así?

Respuesta. Lo definitorio de esta crisis es que, por su naturaleza, será temporal. Tenemos una incertidumbre considerable sobre la secuencia de la recuperación, pero lo más relevante es que será una crisis acotada en el tiempo.

P. ¿Cómo saldremos? ¿En forma de V, U, L o W?

R. El perfil temporal de la recuperación diferirá mucho por sectores. Unos irán muy rápido y otros, más lentos. Hablar de un patrón único no es una aproximación correcta.

P. En Francia dicen que es la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, prevén una caída de PIB de hasta el 6%. En Alemania, de un 9,8%. Aparte de lo que a nosotros nos toca internamente, ellos también son nuestros principales clientes. Esto configura un panorama no muy halagüeño, ¿no?

R. La crisis va a tener un impacto importante en la actividad. Pero dada la incertidumbre que tenemos sobre el tiempo que va a mantenerse la economía en este severo parón, hacer estimaciones precisas es un ejercicio muy complicado. Hay incertidumbres sobre la parte tecnológica y médica de la crisis y, por tanto, hacer una previsión es extraordinariamente arriesgado. También echo en falta en algunas proyecciones [ya conocidas] que se explicite el grado de neutralización que se va a producir por la acción del sector público con los esquemas de protección de rentas y otros estímulos puestos en marcha, que son extensísimos y sin precedentes comparados con la crisis anterior, tanto por rapidez como por amplitud. No es momento de focalizarnos en las cifras sobre cuánto va a caer la actividad, no lo sabemos, sino de activar políticas de protección de rentas muy intensas y muy extensas, y en coordinación con los demás países europeos.

P. Pero un Gobierno debe operar con una hipótesis. Sin diagnóstico no hay receta.

R. Lo importante es entender la naturaleza de esta perturbación. Yo la asimilo, con dinámicas distintas, a una gran catástrofe natural a nivel global muy concentrada en el tiempo, como un terremoto con dos o tres réplicas. No es exactamente eso, pero desde las dinámicas económicas es muy parecido. En un terremoto habría que invertir en infraestructuras. Aquí hay que proteger rentas y actividades en el periodo de hibernación. Pero es parecido porque hay que reaccionar con mucha contundencia, con mucha radicalidad y con mucha extensión, que creo que es lo que hemos hecho.

P. Hasta cierto punto. El 12 de marzo se movilizaron 18.000 millones en medidas. El 17, la liquidez por 100.000 millones… Ha habido más secuencia por fascículos que radicalidad.

R. La parte más importante de lo que se está haciendo, con diferencia, es la protección de las rentas de todos aquellos afectados en el mercado de trabajo. Ahí estamos hablando de una cantidad cercana a un 25% de la población activa. Si añadimos todas las rentas que se están garantizando en los ERTE, a los autónomos, a los parados que no tenían derecho a prestación, estamos hablando de cinco o seis millones de personas. Y eso se desplegó desde el principio. Después hay una segunda dimensión fundamental que son las ayudas a la liquidez y esas ayudas al alquiler que no son tan urgentes pero se han ido desplegando en un tiempo récord. Sinceramente, somos uno de los países más rápidos en producir normas, en dar certidumbre sobre cómo se desplegarán y en concretarlas en el BOE. Leyes y normas que habitualmente tardan meses en elaborarse se han hecho en días. Hay que tomar un poco de perspectiva para valorar el enorme esfuerzo de la Administración.

P. Hablaba el otro día de 900.000 autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad. Son muchos, pero se quedan más fuera.

R. Vamos a ver cuántos la solicitan finalmente, lo normal es que siga creciendo la cifra. Además, estamos resolviendo favorablemente el 98% de las peticiones. Pero hay que subrayar que no todo el mundo se está viendo afectado por igual. Algunos han tenido que parar completamente su actividad; bastantes, intensamente; otros tienen un nivel de actividad razonable; y los hay que han aumentado su actividad, pocos, pero los hay. Y desde el primer momento nos hemos enfrentado a algunas peticiones de café para todos, barra libre con independencia de cómo se viesen afectados por la crisis. Los ciudadanos no entenderían prestaciones universales con independencia de cómo afecte la situación a cada uno.

P. ¿Cuándo van a tener lista la orden con la moratoria de cuotas?

R. Está casi ultimada. En los próximos días estará la propuesta de la Seguridad Social para que comiencen los trámites previos a su publicación. Queremos que los empresarios de los sectores afectados conozcan cuánto antes que también cuentan a su alcance con esta medida.

P. ¿Tiene alguna estimación sobre lo que va a suponer eso en minoración de los ingresos?

R. Dependerá de los meses que dure. La reducción de recaudación va a ser significativa, pero transitoria. Esto es una moratoria [de cotizaciones] y a la vez es una inyección de liquidez a empresas y autónomos.

P. ¿Y se va a poder enfrentar la tesorería de la Seguridad Social a la tensión que eso supone y pagar las nóminas de pensiones?

R. Por supuesto. Desde el punto de vista de la financiación, mantengo desde hace años que aquí hay vasos comunicantes, hay que mirar al conjunto de las Administraciones públicas y cómo se contabilizan determinadas operaciones financieras entre la Seguridad Social y la Hacienda del Estado. En esta crisis la clave es que habrá un gran aumento de la deuda pública, pero de una sola vez. El salto no será recurrente. Y eso no es comparable a situaciones de deterioro del déficit público estructural, resultado del gasto público que se arraiga en áreas de la Administración o por un debilitamiento permanente de impuestos e ingresos.

P. Los empresarios pidieron y piden un aplazamiento general de impuestos.

R. Tenemos que ser capaces de discriminar. Las medidas deben ser justas y equilibradas. Absolutamente generosas y extensas para aquellos a quienes hemos forzado a parar su actividad. Pero para aquellos que no, no veo el porqué.

P. Usted defiende hacer una aproximación sectorial, ¿cómo?

R. Para los ERTE por fuerza mayor ya la hay. En el caso de las moratorias, habrá una orden ministerial con una clasificación sectorial. Y en el caso de los autónomos hemos optado por un criterio individual basado en su caída de ingresos.

P. ¿Y para la salida?

R. Habrá que ver cómo evoluciona el estado de alarma, pero creo que puede haber asimetrías. Del mismo modo que ha sido muy simétrica y de golpe la discontinuidad de actividad, uno puede visualizar hacia adelante recuperaciones con distintos ritmos y, en la medida en que eso se vaya materializando, adaptar las políticas de acompañamiento de esa realidad. En una crisis de esta naturaleza y con tanta incertidumbre sobre las secuencias temporales, creo que las políticas públicas deben ser muy flexibles.

P. Dice que en torno al 25% de la población activa está cubierta con algún tipo de ayuda. ¿Cuánto tiempo podemos permitírnoslo?

R. Va a ser temporal y el tiempo que dure esto se puede proteger y se protegerá. Son cifras manejables. Depende de la duración y pueden suponer un coste elevado, pero, por la naturaleza de la perturbación, genuinamente temporal. Debe hacerse así.

P. Sostiene que la renta o ingreso mínimo vital será estructural. Pero, ¿está todo el Gobierno en esa posición?

R. Va a ser estructural, permanente, viene para quedarse. Aunque hay iniciativas bien intencionadas que están planteando algo extraordinario. Nuestros trabajos preparatorios se refieren a cómo se identifican los hogares beneficiados, cómo se paga y cómo se despliega: esos trabajos son exactamente los mismos que se necesitan tanto para una prestación extraordinaria como una permanente. Será algo novedoso que la Seguridad Social no ha ofrecido hasta ahora y que intentamos acelerar al máximo. Cuando tengamos todo bien aquilatado, lo presentaremos y lo pondremos en marcha.

P. Entonces las diferentes voces que se perciben en el Gobierno, ¿a qué obedecen?, ¿a un pulso sobre quién se lleva el mérito?

R. No, creo que son iniciativas bienintencionadas en la búsqueda de alguna solución a una realidad que es cierta: los colectivos más vulnerables pueden verse afectados por un tiempo. Hay una gran sensibilidad por estos temas y hay iniciativas que intentan ver cómo se puede abordar esto.

P. También están las comunidades autónomas, que tienen muchas competencias sociales.

R. Hemos mantenido conversaciones iniciales con todas las comunidades para informarles del diseño de este ingreso y no entra en conflicto con las [prestaciones] que ellas otorgan. Las complementaremos hasta que el conjunto alcance un cierto nivel. Consideraremos niveles de renta muy bajos, pero también distintos tipos de situación familiar como el número de hijos o distintos tipos de familias, como las monoparentales.

P. O sea, es complementario.

R. Exacto: nuestra intención es que añada, no que sustituya ni duplique. Tenemos que tener claramente identificadas todas las rentas que reciben estos colectivos, que provienen de los programas autonómicos y otro tipo de ayudas. Estamos hablando de hogares, porque la unidad que vamos a proteger es el hogar, y esperamos llegar al millón, de los que 70.000 son familias monoparentales, que son uno de los focos peor atendidos hasta ahora.

P. ¿En qué punto están?

R. Estamos trabajando en tipologías, cuantías y umbrales. Esto requiere cruzar datos de distintas fuentes y, sobre todo, datos sobre colectivos que no han sido hasta ahora un foco de atención particular de la Agencia Tributaria.

P. ¿Algún detalle claro ya?

R. Una característica importante es que debería ser compatible con una incorporación más plena al mercado de trabajo. Debe generar incentivos positivos para activarse. Queremos también que no solamente sea una renta, sino que esté asociada a itinerarios de inclusión, y no solo en el mercado de trabajo. Hay que pensar, por ejemplo, en quien tiene problemas de drogadicción o de acceso a la educación.

P. ¿Una fecha?

R. No, pero va a ser pronto.

P. ¿Abril?

R. No me atrevo con una fecha.

P. Usted siempre ha dicho que el problema de las pensiones es “manejable”. Esta crisis, ¿cambia su perspectiva? Saldremos con una deuda más abultada.

R. Aunque pueda sorprender, no veo que ese debate esté influido por lo que está pasando. Llegamos a la crisis con un déficit estructural en torno al 2 % del PIB, que se visualiza en una parte importante en la Seguridad Social. Dado el nivel de cotizaciones sociales que tenemos, no debería ser así. Ahora ese déficit se va a ver distorsionado al alza por esta crisis, pero hay que verlo más como un salto de deuda pública que va afectar mucho al año 2020, quizá con algún coletazo en 2021. Después, lo lógico es que retornemos a las condiciones de partida. La previsión del Gobierno para la legislatura era un déficit público del 1% y habrá que reajustar ese calendario. El problema de déficit es agregado del conjunto de las Administraciones, no específico de la Seguridad Social. Esta tendrá un problema cuando hacia 2025 se produzcan las jubilaciones del baby boom. Siempre he dicho que es un problema manejable si aproximamos la edad efectiva de jubilación a la legal.

P. Entonces esto no cambia su perspectiva de cómo afrontar el problema de las pensiones.

R. No, en ningún caso. Tendremos un salto en el nivel de deuda, pero nuestra situación estructural en las cuentas públicas no debería cambiar.

P. ¿Ni siquiera en la revalorización anual? Usted ha dicho que la sociedad no acepta que las pensiones pierdan poder adquisitivo.

R. No, no es solo que la sociedad no lo acepte, es que no es razonable. No ocurre en ningún país con un sistema de pensiones similar al nuestro que los pensionistas, que ya no tienen ninguna capacidad de reacción ni pueden ajustar su flujo de ingresos futuros, y a quienes se les ha generado una expectativa, dejen de tener una pensión con un cierto poder adquisitivo. En cambio, con ajustes paramétricos, como se ha hecho otras veces, se pueden hacer pequeñas modificaciones más graduables y que afecten a las pensiones de quienes aún están en el mercado de trabajo.

P. Su ministerio prepara un nuevo procedimiento para que inmigrantes cualificados en medicina o enfermería sin permiso de trabajo lo soliciten y se resuelva de forma casi automática. ¿Cuándo estará listo?

R. Hemos agilizado la incorporación de personal sanitario en situación regular y más de 350 personas han podido ser contratadas por hospitales. Las medidas adicionales las estudiamos con otros ministerios: Educación, Sanidad, Interior, Universidades…

P. ¿El presidente o la vicepresidenta económica le han pedido ya algún documento técnico preparatorio para unos Pactos de la Moncloa, como sucedió en 1977?

R. Estamos en un proceso previo de reflexión y de intercambio de ideas. Pero este proceso también requiere que las fuerzas políticas y sociales pongan encima de la mesa sus posiciones y busquen un punto de consenso. La iniciativa no solo tiene que tenerla el Gobierno, pero evidentemente ideas y planteamientos sobre cómo abordar el futuro económico de España tenemos muchas.

P. ¿Estimula o, al contrario, aplaza el plan de reactivación, el llamado nuevo plan Marshall?

R. Son dos iniciativas que van en paralelo, no veo conflicto en las secuencias temporales. Esta crisis va a requerir un aumento de deuda muy grande. Es evidente que por su naturaleza no sería aceptable que los países se financiaran con costes muy distintos entre sí. Deben ser lo más homogéneos posible. En la anterior crisis los cortafuegos llegaron tarde y mal, y ahora llegan con prontitud y un enfoque adecuado. Luego habrá que apoyar a determinados sectores, aquellos a los que les va a costar más salir y requerirán más apoyo. Es ahí donde veo el plan Marshall. Tiene otra naturaleza y otros ritmos.

P. Requiere deuda común.

R. Puede que la mutualización de deuda sea más complicada. Pero hay que hacer de la necesidad virtud y, como esta es una perturbación simétrica en toda la UE, la reconstrucción de las partes más afectadas por esta discontinuidad de actividad requiere una respuesta integral. Habrá que compartir riesgo.

P. El Pacto de Estabilidad está aparcado por ahora. ¿Hay que sustituirlo después?

R. Tenía ya enormes problemas, había perdido credibilidad. Existía un consenso sobre la necesidad de una reforma. El paréntesis actual abre la oportunidad de que emerja un nuevo marco. Deberíamos hacer hincapié en el objetivo a largo plazo de deuda pública, el 60% del PIB, y establecer sendas para lograrlo. Cada Estado debería tener más capacidad de decisión para definirlas. Y el conjunto, ejercer más exigencia si se incumple el compromiso.

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