Los aguacates, negocio también para los ladrones

Fernando Ocón tiene 15 hectáreas de aguacates en Vélez-Málaga (80.017 habitantes). Hace dos años le robaron cerca de 2.000 kilos de esta fruta durante un fin de semana. También posee una pequeña finca de cuatro hectáreas en el mismo municipio. Ahí los robos son a menor escala, pero se repiten periódicamente. Un menudeo de 40 o 50 kilos casi diarios con los que los ladrones ganan de manera ilegal su jornal, porque los agricultores están recibiendo este año unos tres euros por kilo de esta fruta, un precio histórico jamás alcanzado con anterioridad. “Los delincuentes saben muy bien lo que hacen, son especialistas”, dice Ocón, que denuncia cada robo para hacer ver a la Policía Nacional y la Guardia Civil el tamaño del problema. “Eso sí, también sé que no se pueden poner puertas al campo. Proteger toda la producción es muy complicado”, reconoce el agricultor. 

Como él, los productores de este fruto de la comarca de la Axarquía, en Málaga, denuncian una y otra vez robos en sus fincas desde hace años. Las condiciones climáticas de la zona son casi perfectas para la producción de aguacates, que han florecido hasta convertirse en un negocio que ronda las 45.000 toneladas de producción anual y factura unos 120 millones de euros. Junto al turismo, el sustento de la economía local. Málaga es la principal productora europea de esta fruta con más de 6.500 hectáreas de cultivo, que tiene como principal competidor la cercana Costa Tropical de Granada, con otras 4.000 hectáreas. En 2019 este fruto subtropical ha alcanzado unos precios históricos por el aumento de demanda de su consumo en toda Europa y el problema de los robos se ha agravado. Los delincuentes han encontrado allí una mina de oro. 

“Yo era muy escéptico, hasta que me tocó”, afirma Juan Antonio Reyes, responsable de Reyes Gutiérrez, una de las mayores empresas de Vélez-Málaga. Cuenta con 60 hectáreas de aguacates, pero también comercializa el fruto de medio millar de pequeños agricultores. “A la inmensa mayoría les han robado”, subraya el empresario. También a él. Cinco veces en lo que va de año, “varios” miles de kilos. “Es muy difícil cuantificar exactamente”, dice resignado. Para contrarrestarlos ha aumentado las medidas de seguridad. A la vigilancia tradicional ha sumado un sistema de infrarrojos y otro de videovigilancia. La tecnología le ayuda a controlar mejor las cabeceras de sus terrenos, pero poco más. Por eso ha pedido presupuesto para contar con una flota de drones que cubra más superficie y, ante cualquier problema, avisen automáticamente a los agentes policiales. 

Los pequeños agricultores, sin embargo, no tienen tantas posibilidades para invertir en seguridad. Y al anochecer, cuando acaban su jornada laboral, sus árboles son presa fácil para los ladrones. Más aún los fines de semana. El tamaño medio por finca es de una a tres hectáreas. Y para llegar hasta ellas hay un laberinto de caminos que es muy difícil vigilar en su totalidad. Para ayudar, hay pueblos que también están impulsando medidas. Como Torrox, cuyo alcalde, Óscar Medina, ha apostado por la instalación de videocámaras en los principales accesos a las fincas de su municipio. Están preparadas para leer las matrículas y tener un mayor control de los vehículos que circulan por las fincas. 

Otra opción muy extendida es recoger la fruta antes de que termine de madurar con el objetivo de asegurar la cosecha. E incluso hay agricultores que forman turnos de vigilancia. A veces, tienen éxito. Uno de los propietarios de una finca en Almayate (otra pedanía de Vélez-Málaga) se topó con cuatro personas con las manos en la masa el pasado 30 de octubre, justo cuando arrancaba la nueva temporada. Acabaron detenidas por la Policía Nacional. Una semana antes los agentes habían arrestado a otros tres ciudadanos en la misma localidad. En abril, arrestaron a siete jóvenes que habían robado casi 28.000 kilos en una veintena de fincas y a un hombre que había perpetrado 32 robos desde 2014. Todos eran españoles. A veces, también sustraían maquinaria. 

“El problema es gravísimo”, insiste Miguel Gutiérrez, secretario de la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales, con base en Vélez-Málaga. Para paliarlo, el Gobierno creó en verano de 2018 un nuevo grupo Roca (acrónimo de robos en el campo) de la Guardia Civil —formado por agentes especializados en estos delitos— destinado a la Axarquía. Está compuesto por un cabo y cuatro guardias, que realizan una vigilancia casi constante. “Su presencia se nota”, dice Benjamín Faulí, técnico de tropicales de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). Entre otros éxitos, el nuevo equipo acabó con una organización de nueve personas dedicadas al robo de fruta tropical en la zona. Habían obtenido unos beneficios superiores a los 170.000 euros. 

Empresarios y agricultores también solicitan un mayor control de las ventas en mercados y tiendas que ponga el acento en la trazabilidad de la fruta. Y dan un pequeño tirón de orejas al consumidor: “Pedimos que la gente compre la fruta en sitios de confianza, que huya de mercadillos ambulantes y puestos callejeros, donde acaba mucha de la mercancía robada”, dicen en la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales. Allí recuerdan, además, que esos aguacates pueden ser un riesgo porque han sido sustraídos sin saber en qué punto se encuentran sus posibles tratamientos fitosanitarios. Los ladrones solo miran su bolsillo.