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Investigada una trama que defraudó a Hacienda cinco millones con el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria centran las pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports, uno de cuyos intermediarios es el exjugador del Atlético de Madrid Juanma López

operacion dean
Juanma López, del Atlético de Madrid, lucha por un balón en un encuentro en 1993. EFE

El mundo del fútbol profesional, de nuevo en el ojo del huracán judicial. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria lanzaron este martes la Operación Dean contra una supuesta trama societaria sospechosa de haber defraudado a Hacienda solo en 2013 más de cinco millones de euros con el cobro de comisiones por el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes, según ha revelado este miércoles el instituto armado en una nota de prensa y ha confirmado la Audiencia Nacional. En el centro de las pesquisas, en las que se investigan delitos fiscales y de blanqueo de capitales, está el fondo de inversión Doyen Sport Investment Limited, registrado formalmente en Malta aunque toda la operativa la realizaba en España.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye las diligencias, ha llamado a declarar como imputado al administrador de esta sociedad, el agente Nelio Freire Lucas. También deben acudir al juzgado como imputados entre el jueves y el viernes el que fuera jugador del Atlético de Madrid Juanma López y su pareja, Rocío del Carmen Sánchez Ortega, así como el socio del primero y también exfutbolista Mariano Aguilar López y su hermano Miguel. Estos cuatro últimos también acuden para declarar por blanqueo de capitales. También está imputada como persona jurídica Doyen Sport, según fuentes de la Audiencia Nacional.

Las diligencias se iniciaron a comienzos de 2018, coincidiendo con las primeras revelaciones del llamado Football Leaks, la mayor filtración sobre documentos del mundo del fútbol, aunque las pesquisas han terminado abarcando hasta 2011, cuando se constituyó en Malta el fondo de inversión Doyen con un capital de 100 millones de euros. Este se creó para realizar operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes. A cambio de esta última actividad, el fondo recibía como contraprestación no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de una hipotética venta futura de determinados futbolistas que necesariamente se debía llevar a cabo a través de Doyen.

Todo ello se recogía en unos contratos denominados TPO (third party ownership) que, como destaca el auto del juez en el que admite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. Pese a esto último, Doyen mantuvo la vigencia de los contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol. La querella de Anticorrupción identifica entre estas operaciones la adquisición de derechos del centrocampista francés actualmente en el VfL Wolfsburgo alemán Josuha Guilavogui al Atlético de Madrid; la venta de derechos económicos del colombiano Radamel Falcao, que también jugó en el equipo madrileño y que ahora juega en el Mónaco francés, y la compra de derechos de varios jugadores del Sporting de Gijón y el Cádiz C.F.

El 'olvido' del fichaje de Morata

En su auto, el juez De la Mata pone como ejemplo del supuesto fraude fiscal cometido por uno de los principales implicados, el exfutbolista Juanma López, su participación en la vuelta del jugador Álvaro Morata al Real Madrid desde el equipo italiano de la Juventus de Turín y su posterior traspaso al Chelsea, de Londres. Según destaca el magistrado, en aquella operación Juanma López hizo el papel de agente de Morata y recibió del Real Madrid 3,63 millones de euros a través de una de sus empresas, Soccer Business Sports. El escrito judicial recalca que esa cantidad fue declarada por el equipo madrileño en su declaración de 2016, pero no así por el presunto integrante de la trama ahora desmantelada, que en aquel año ya aseguraba residir en Suiza pese a que vivía realmente en un piso de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Anticorrupción destaca que entre 2013 y 2015, el exfutbolista y su pareja supuestamente defraudaron cerca de 890.000 euros.  

La querella de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a la apertura de la investigación judicial también cita como operaciones sospechosas la compra del 50% de los derechos económicos del serbio Miroslav Stepanovic (que jugó en el Sevilla y Elche) y del francés Geoffrey Kondogbia (Sevilla y Valencia); del 20% de Babá; del 60% del francés de origen marroquí Abdel Barrada, que jugó en el Getafe; del 100% del portugués Gelson Martíns, del Atlético; del 40% de Rubén Pérez del Mármol, actualmente en el Leganés, y de los del ex de Sporting, Sevilla y Elche Alberto Botía, entre otros. Por todas estas operaciones, solo en 2013 Doyen obtuvo un beneficio de 17,8 millones de euros.

La investigación también ha revelado préstamos al Atlético de Madrid y Sporting (de 2,5 millones de euros, cada uno), Sevilla (3,65 millones) y su expresidente José María del Nido (500.000), y Getafe (3,5 millones), por los que en 2013 obtuvo un beneficio de 1,1 millones de euros. En ese ejercicio la cuota tributaria defraudada se eleva a 4,5 millones de euros, aunque el juez no descarta que tras el análisis de la documentación ahora intervenida "afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros periodos impositivos", según destaca en su auto.

Además de a todos estos clubes, los investigadores hicieron este martes requerimientos de información al Cádiz, Granada, Elche, Valencia, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, según fuentes judiciales. La Audiencia Nacional insistió este miércoles que ninguno de estos clubes ni los dos organismos que rigen el fútbol español están siendo investigados en esta causa.

De la Mata destaca en su escrito el papel jugado por Juanma López y su socio, Mariano Aguilar, en la trama. A ambos los considera líderes de la rama española de Doyen. De ambos destaca que, junto al administrador de la compañía, el también imputado Neilo Freire, han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose supuestamente importantes cantidades de dinero por ello. Para ello crearon la sociedad Assets 4 Sports, posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management.

Además, hace hincapié que tanto López como Aguilar, pese a residir y realizar toda su labor de intermediación en España "han ocultado, en distintos momentos, su condición de residentes en territorio español, así como su renta y patrimonio". Así, el primero declaró vivir en Suiza, mientras su socio aseguraba residir en el Reino Unido. La investigación apunta que la trama hacía circular precisamente los fondos por ambos países en maniobras que el juez considera indicios de un supuesto blanqueo de capitales. El primero aparece vinculado a cinco mercantiles y el segundo, a seis.

En su auto, el juez destaca que la red de fraude ahora destapada "se ha servido de una compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda española que la gestión efectiva de Doyen es realizada desde España y no desde Malta". Para ello contaba con "un entramado implantado y asentado de manera estable en nuestro país, de modo que aunque haya intentado ocultar su existencia y operativa en España, la realidad es que utiliza un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo".

El escrito de De la Mata también resalta que, pese a ello, lo que denomina Grupo Doyen no presentó ninguna declaración fiscal en España y que solo las filtraciones de Football Leaks le obligaron a partir de 2015 a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales del ejercicio 2011 y siguientes. El juez apunta que, dada la "deliberada estrategia de utilización de múltiples sociedades interpuestas utilizadas para ocultar la actividad" de los imputados, la investigación va a requerir activar mecanismos de cooperación judicial con otros países. También recalca que las pesquisas no serán sencillas dada la "abundante y compleja documentación" intervenida.

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