La Agenda del Cambio: hacia una economía inclusiva y sostenible

En los últimos 20 años España ha vivido un ciclo económico completo marcado por la intensa variación de la producción y el empleo: nuestra economía creció mucho durante los años de expansión, pero también se contrajo de manera excepcionalmente acusada durante la crisis, lo que provocó un proceso de destrucción de empleo y riqueza cuyo impacto todavía no se ha corregido.

En este periodo, nuestro país ha avanzado mucho en algunos aspectos importantes, como la renta per capita —que ha pasado de los 19.600 euros por persona de 1998 a más de 25.000 euros en 2018—, las infraestructuras físicas o digitales, la apertura comercial y el reequilibrio de la balanza de pagos. Pero sigue presentando un resultado decepcionante en otros aspectos tanto o más relevantes desde el punto de vista de la sostenibilidad a medio plazo, como la baja productividad o el aumento de la desigualdad social, muy relacionados con el mercado laboral.

La economía española presenta una notable capacidad de creación de empleo. En estos últimos años de crecimiento, prácticamente se han recuperado las cifras de ocupación previas a la crisis, pero esta vez sin una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, son escasos los avances que se han conseguido a la hora de reducir las disfuncionalidades que se arrastran desde hace décadas: la elevada tasa de temporalidad y de contratación a tiempo parcial involuntaria, el paro estructural en niveles inaceptablemente elevados y los bajos salarios. La precariedad, la pobreza y la desigualdad afectan sobre todo a los jóvenes, con un impacto muy negativo en términos de exclusión social y de perspectivas vitales.

A estos desafíos se suma la necesidad de adaptar nuestra economía a las profundas transformaciones sociales y demográficas, así como los retos que conllevan la lucha contra el cambio climático, la digitalización, la inteligencia artificial y las cadenas de valor globales. La cuarta revolución industrial es un hecho.

No son nuevos desafíos, sino que son bien conocidos desde hace tiempo. Como lo es la necesidad de abordar reformas estructurales que permitan a España mejorar su capacidad de crecer de forma equilibrada e inclusiva, beneficiando al conjunto de la población.

Sin embargo, en los últimos años la política económica ha sido más bien pasiva, confiando en que los mercados, el crecimiento y la creación de empleo, por sí solos, resolverían todos nuestros problemas. También en el ámbito fiscal la gestión ha sido acomodaticia, fiando a la buena marcha de la economía la reducción del déficit y sin hacer ningún ajuste estructural ni adecuar nuestro sistema impositivo a las nuevas realidades. Una política cortoplacista centrada en el aquí y el ahora, sin poner las luces largas para tratar de anticipar y tomar medidas que permitan a nuestro país aspirar a un futuro mejor.

Tal y como dijo recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la economía y la política no son un fin en sí mismas, sino que deben estar al servicio de las personas. Y para ello es preciso avanzar cuanto antes hacia un nuevo paradigma, aprovechando la buena situación económica y todos los activos de que dispone España, que son muchos.

Crecemos de manera robusta, por encima de las economías de nuestro entorno, y todos los organismos nacionales e internacionales prevén que esta tendencia se mantenga en el año que acaba de comenzar. Estamos, por tanto, en un momento clave para definir de qué políticas queremos hacer bandera y qué país queremos ser dentro de unos años para que nuestros ciudadanos vivan mejor y con más seguridad.

No hay tiempo que perder y las incertidumbres que nos rodean en el ámbito internacional no deben llevarnos a la parálisis, sino, por el contrario, animarnos a actuar cuanto antes.

Por eso, la Agenda del Cambio que guía la acción del Gobierno contempla un conjunto coherente de medidas para apostar por la formación y la educación, impulsar la transición ecológica, promover el desarrollo científico y tecnológico, avanzar hacia un mercado laboral más justo que contribuya a reducir la desigualdad y a aumentar la productividad, reforzar el Estado del bienestar y fortalecer la red de protección social a través de un sistema impositivo adaptado a la nueva realidad económica. También progresar hacia una Administración más eficiente al servicio de la ciudadanía.

Se trata de un proyecto de país, con una política económica proactiva, que ponga en valor todos los recursos disponibles para progresar de manera cohesionada, justa y medioambientalmente sostenible.

Son propuestas para aprovechar el contexto actual y atajar los desequilibrios heredados, incrementar el potencial de crecimiento, conseguir un sistema productivo con cero emisiones y avanzar hacia una sociedad más igualitaria con una tasa de paro estructural alineada con la media europea.

La historia económica nos enseña que hemos de convivir con los ciclos, y más allá de las acciones de corto plazo, pensar de forma creativa y ambiciosa en las oportunidades que ofrece el futuro para sentar las bases de un proyecto ilusionante, que aproveche nuestros muchos activos, y lograr un crecimiento más equilibrado, más igualitario y más respetuoso con el medio ambiente.

Nadia Calviño es ministra de Economía y Empresa.