Bruselas da la puntilla a las cuentas de Sánchez al alertar de desvíos en el déficit y la deuda

La Comisión Europea ha dado hoy la puntilla al proyecto de Presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez al señalar, tal y como adelantó en exclusiva EL PAÍS, que las medidas que contiene implican un "riesgo de incumplimiento" de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ejecutivo comunitario considera que el proyecto remitido por la ministra Nadia Calviño, que con los apoyos actuales difícilmente podrá salir adelante del Congreso, se desvía de los objetivos de déficit y deuda previstos. Y además, reduce a prácticamente cero los ajustes estructurales. Bruselas reclama al ejecutivo que adopte las "medidas necesarias" para corregir esos desvíos.

El ejecutivo comunitario no ha querido hacer sangre hoy ni con España ni con los otro cuatro países (Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia) que no han pasado el examen de sus analistas. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha señalado que estos países deberían hacer mayores ajustes estructurales (es decir, excluyendo los factores relativos al ciclo económico) en 2018 y 2019, pero ha querido marcar con claridad la línea que los separa de Italia, en cuya huja de ruta fiscal hay una violación de las reglas considerada "grave". "Son riesgos, que podrían no materializarse, pero que hay que señalarlos".

Hecha esta salvedad, los documentos de opinión sobre España son contundentes y advierten de un "riesgo de desviación significativa" del déficit y de un progreso insuficiente en la trayectoria de reducción de la deuda pública. El análisis de la Comisión Europea desarrolla las diferencias entre las estimaciones del gobierno de Sánchez y las suyas.

El documento enviado a Bruselas señala que la deuda se situará en 2019 en el 95,5% del PIB. Sin embargo, los analistas de la Comisión opinan que no logrará descender del 96,2% a causa de que el superávit primario será 0,5 puntos porcentuales menor de lo previsto. Este indicador no es baladí, puesto que una vez salga del brazo correctivo, Bruselas mirará con lupa ese indicador, como lo ha venido haciendo con Italia, para juzgar si hay un "progreso suficiente hacia el cumplimiento".

Ingresos hinchados

Sin embargo, las principales diferencias están en las medidas concretas para el año que viene. La UE pidió a España unos ajustes estructurales equivalentes al 0,65% del PIB, pero España se acogió a la flexibilidad que dan las normas para rebajarlos al 0,4%, es decir, unos 4.800 millones de euros. Eso la hubiera situado en una situación cómoda en el examen de la Comisión. El Gobierno previó que las nuevas medidas recaudatorias equivalían al 0,6% del PIB, mientras que el incremento del gasto era del 0,2%. Sin embargo, la Comisión discrepa: a su juicio, solo se ingresará alrededor de un 0,4% más y los gastos serán superiores al 0,3% del PIB. Eso deja los ajustes prácticamente a cero.

El grueso de las diferencias entre Bruselas y Madrid está, pues, en los ingresos. El informe de la Comisión apunta que están sobreestimados los ingresos por la tasa a las transacciones financieras (teniendo en cuenta las experiencias de Francia e Italia), por el impuesto digital (la Comisión tiene sus propios cálculos porque quiere implementarla a nivel comunitario), por el impuesto de Patrimonio (que recuerda que está cedido a las comunidades), la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de las cotizaciones por el salario mínimo interprofesional. Por el lado de los gastos, opina que habrá un mayor esfuerzo local para guarderías (330 millones), un coste derivado de la eliminación del copago (362 millones) y hay la amenaza de la indemnización que el Gobierno catalán debería afrontar por la anulación de la privatización de la empresa pública ATLL.

Tras constatar que este año España ya se desviará del objetivo marcado por el ejecutivo de Mariano Rajoy del 2,2% y previendo que el año que viene no llegará al 1,8% fijado, Bruselas pide a España que adopte las "medidas necesarias" dentro del "proceso presupuestario nacional" para estar dentro de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y acelerar la reducción de la deuda pública respecto al PIB. Y, además, reclama al gobierno que le vaya entregando toda la nueva información sobre las cuentas que vaya surgiendo a la luz de que todavía no ha llevado un proyecto presupuestario en el Parlamento. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombroviskis, ha animado a llevar las cuentas al Congreso. "Los importante es que se lleve al Parlamento y se apruebe".