Bruselas avisa a España del riesgo de incumplir el ajuste fiscal
La Comisión Europea expresa su temor a que el Presupuesto final pueda ser diferente al borrador que ha mandado Sánchez
Bruselas es incapaz de hacer un retrato completo de los Presupuestos que guiarán la política fiscal española el año que viene. Y no puede porque la documentación que le remitió Madrid es insuficiente. Sin la dureza que empleó con otros países —Bélgica, Francia, Portugal y sobre todo Italia— y en el pasado con el Gobierno de Rajoy, la Comisión Europea pidió este viernes por carta a La Moncloa que aporte en tres días “toda la información necesaria” sobre varias medidas con impacto presupuestario. En una evaluación preliminar, Bruselas trasladó que no puede excluir “algún riesgo de desviación” del déficit público.
España no es Italia: España es uno de los seis países a los que la Comisión ha requerido información adicional sobre sus cuentas, pero la diferencia entre el caso español y el italiano —el principal quebradero de cabeza de la UE, junto al Brexit— es enorme. Las cuentas entregadas por el Gobierno de Giuseppe Conte merecieron una carta firmada por el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici, además de un viaje de urgencia de este último a Roma. Sobre Italia pesa la amenaza de que Bruselas devuelva por primera vez un proyecto de Presupuestos; España, en cambio, no es el problema en la capital europea: no habrá drama con las cuentas españolas
Y, sin embargo, Bruselas no termina de fiarse, pide más información y avisa del riesgo de incumplir el ajuste requerido. El tono, eso sí, es menos duro que el empleado en cartas anteriores y, sobre todo, más suave que el usado también este año con Bélgica, Francia o Portugal (y muchísimo menos duro que en el caso de Italia, a quien Bruselas acusa de un “desvío sin precedentes” del déficit). En las misivas a esos países, la Comisión ve un riesgo de desviación “significativo” respecto a los esfuerzos fijados. En el caso de España, la redacción es menos rotunda y supone una clara señal de que la sangre no llegará al río: Bruselas apenas dice que no puede excluir que se produzca alguna desviación.
El aumento del gasto es superior al autorizado y el ajuste estructural —sin tener en cuenta los efectos de la coyuntura económica en ingresos y gastos— inferior al solicitado, pero fuentes comunitarias recuerdan que España gozará de cierta flexibilidad y que los números que ha presentado están dentro de esos márgenes. El Ministerio de Economía subrayó anoche ese aspecto: el incumplimiento del ajuste fiscal, afirma España, está dentro del margen que permite Bruselas. El meollo de la cuestión es otro: falta información. Los datos aportados “no dan una visión completa de las medidas planeadas”. Bruselas quiere conocer el impacto fiscal de varias de las medidas de gasto y tributarias acordadas con Podemos. Y deja claro que si en la negociación para aprobar las cuentas hay nuevos gastos —y eso es más que probable si el Gobierno quiere el apoyo de los nacionalistas— tendrá que comunicarlo de inmediato para hacer un nuevo análisis en Bruselas.
La oposición en España lleva semanas denunciando la posibilidad de que la Comisión pueda tumbar las cuentas, a pesar de que esa opción se considera muy improbable en Bruselas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno cargó este viernes contra el PP y Ciudadanos, a los que acusó de falta de lealtad con los intereses de la ciudadanía y de “inmadurez política” por bloquear los Presupuestos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que la carta de Bruselas no cuestiona el borrador de presupuesto, a diferencia de las remitidas en el pasado al Ejecutivo del PP, que “jamás cumplió el objetivo de estabilidad”. Tanto Montero como Pedro Sánchez, sin embargo, apuntaban a un grado de dureza muy inferior al que finalmente ha preferido usar Bruselas. “La carta no cuestiona el cálculo del objetivo de déficit, cosa que sí se hizo en los planes enviados por los Gobiernos del PP”, afirmó Montero.
Además, tanto la titular de Hacienda como el equipo de Economía apuntaron que mientras la carta recibida este año llega remitida a nivel funcionarial —firmada por un director general—, las enviadas al PP estaban suscritas en el rango de “comisario y de vicepresidente”, lo que “demuestra” que el grado de dureza es menor, ya que en este caso se trata solo de “cuestiones técnicas”. Pero ese debate es lo de menos. Bruselas pide más aclaraciones. Dice que el alza de gasto es superior a lo previsto. Apunta que el esfuerzo fiscal puede ser insuficiente: no excluye que el déficit cierre por encima del objetivo. Reclama más información tan pronto como el lunes. Y hasta ahí las malas noticias: la Comisión no termina de fiarse, pero deja claro que el presupuesto español no es el problema; el lío está en Italia, y las cuentas de Francia, Portugal o Bélgica presentan más agujeros. El tono melodramático de la oposición no se justifica; pero tampoco el tono triunfalista del Ejecutivo en los últimos días. Bruselas no tumbará los presupuestos, pero sigue vigilante. Como siempre.
La Comisión pidió a Guindos más medidas en 2016 y 2017
Figurar en la lista de sospechosos habituales a los que la Comisión requiere cada año información adicional no es plato de buen gusto. Aun así, la misiva que recibió España no es ni más dura que las que han llegado a los despachos de París, Lisboa o Bruselas, ni tampoco que las que los dos años anteriores se dirigían al ministro de Economía, Luis de Guindos.
El primer cambio significativo respecto a los últimos años está en el remitente. En esta ocasión, es el director general de Asuntos Económicos y Financieros, Marco Buti, quien se encarga de mandar la carta, en lugar del vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía Pierre Moscovici. Y el segundo está en el destinatario. No se dirige a la ministra Nadia Calviño sino al secretario general del Tesoro y Política Financiera, Carlos San Basilio. Fuentes comunitarias explican que ello se debe sobre todo a que Bruselas ha querido reservar el peso de la advertencia política a Italia y, para no meterlos en el mismo saco, dirigirse al resto de países a un nivel más técnico.
La carta más dura de las enviadas es la belga, en la que sí se habla de un riesgo de desviación “significativa” de los objetivos fijados. Y lo mismo ocurre con Portugal o con Francia, que en una evaluación preliminar se considera que no mantendrá una trayectoria de deuda acorde con las reglas comunitarias.
La misiva española tampoco es más dura que las dos últimas cartas remitidas por la Comisión Europea al Gobierno de Mariano Rajoy —en 2016 y 2017—, que ponían en duda que este alcanzara los objetivos de déficit comprometidos para el año siguiente y, en concreto, que lograra los ajustes solicitados por los ministros de Finanzas de la zona euro. El año pasado, Bruselas reprochaba a España que, en su estimación, el borrador de cuentas para 2018 supusiera un déficit una décima —mil millones de euros— superior al objetivo comprometido y consideraba que no llegaría al “al esfuerzo fiscal requerido”, del 0,5% del PIB. Por ello, urgía al Gobierno a presentar sus Presupuestos y las medidas para corregir ese desfase a la mayor brevedad posible.
Más extensa era la misiva que siguió a la presentación del borrador del año anterior, en la que Bruselas advertía que el documento que le había mandado el departamento dirigido por Guindos suponía cerrar el ejercicio siguiente con un boquete equivalente al 3,6% del PIB, 0,5 puntos —6.000 millones de euros— por encima del objetivo fijado. Y, a continuación, le hacía tres avisos. Bruselas indicaba que el esfuerzo fiscal que le pedían no estaba asegurado y que el borrador de presupuestos carecía de elementos que debían figurar obligatoriamente. Pero sobre todo, alzaba el dedo al señalar que la desviación que presentaban esas cuentas podía entrañar “riesgos para la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo para 2018”.
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