El FMI cree que España no logrará bajar el déficit del 2% ni siquiera en 2023

El FMI trata con algodones a España. Mantiene una previsión de crecimiento bastante por encima de la media europea. Y, siempre que pueden, sus responsables se deshacen en elogios por las reformas estructurales emprendidas por el anterior Gobierno. Pero la reunión de este año en Bali (Indonesia) esconde un caramelo envenenado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez: no confía en su capacidad para dejar el déficit público por debajo del 2% del PIB ni siquiera en 2023, Y eso a pesar de que se ha comprometido a hacerlo ya en 2019.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, tardó poco tiempo en admitir lo que para muchos observadores parecía evidente. Al mes de asumir la cartera, suavizó los objetivos de déficit público: ya no cerraría este año con un desajuste del 2,2% del PIB sino del 2,7%. Y los números rojos del próximo ejercicio ya serían de solo el 1,3%. En su lugar los elevó al 1,8%. Muchos analistas dudaban también del cumplimiento de estas metas relajadas. Y ahora el FMI irrumpe en el debate con unas previsiones mucho más sombrías.

Según los cálculos del organismo con base en Washington, el déficit bailará entre el 2,3% y el 2,7% del PIB durante los próximos cinco años. Esta es una horquilla que queda muy lejos de lo que el Gobierno de Sánchez había acordado con Bruselas. Y compromete seriamente su capacidad de ajustar las cuentas públicas a medio plazo. La ministra Calviño garantizó a la Comisión Europea que reduciría el desequilibrio presupuestario al 0,4% en 2021. Y que tendría las cuentas públicas ajustadas al año siguiente.

Avanzar en la consolidación fiscal

El Fondo no es el único que duda de la capacidad del Gobierno de Sánchez para reducir el déficit público. El Banco de España calcula que el agujero presupuestario no bajará del 2,2% del PIB en los próximos tres años. El supervisor bancario español considera que el esfuerzo fiscal de España está en la línea del objetivo de abandonar el procedimiento de déficit excesivo este año, el tope del 3% por encima del cual Bruselas enciende el foco de alerta sobre un Estado. El organismo encabezado por Pablo Hernández de Cos atribuye la ralentización del ajuste a la desaceleración de la actividad. Aunque ni el Fondo ni el Banco de España lo citan expresamente, muchos analistas describen que las Administraciones tienden a relajar el ajuste presupuestario en año electoral. Y en 2019 están previstas autonómicas, locales y europeas en mayo, y podría haber legislativas el próximo otoño, según algunos analistas políticos.

El Fondo aconseja a España que no relaje el ritmo de consolidación fiscal y que aproveche este periodo de vigoroso crecimiento económico para crear un colchón —reduciendo la deuda pública, que roza el 100% del PIB— para cuando vengan mal dadas.

El FMI tiene más malas noticias para España. Porque, según la actualización del escenario macroeconómico 2018-2021 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio, la tasa de paro debería situarse en 2021 por debajo del 11%, "con la creación de aproximadamente 400.000 puestos de trabajo anuales", según anunciaba entonces el Departamento que dirige Calviño. El Fondo, sin embargo, es más cauto, con unas previsiones de desempleo que no bajarán del 13,8% en el próximo lustro.

Menos empleo

Otro indicador que puede provocar algún dolor de cabeza al Gobierno es la inflación. Porque el FMI pronostica que durante el periodo 2018-2013 los precios crecerán cada año entre el 1,8% y el 2%. Fuentes del Fondo explican que este indicador no es preocupante, especialmente para un país con las tasas de crecimiento que registra España, pero que estas alzas de precios sí pueden complicar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Hace solo dos semanas que los partidos firmantes del Pacto de Toledo cerraron un acuerdo para actualizar las pensiones solo en función del IPC, sin tener en cuenta otros indicadores como la situación económica o la salud del sistema. Es cierto que este acuerdo es solo una recomendación, pero a cualquier Gobierno le va a resultar muy difícil alejarse de esta regla y enfurecer a millones de jubilados (y votantes).

La actual ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha subrayado el compromiso "inquebrantable" del Gobierno de revalorizar las pensiones únicamente en función de los precios. Valerio respondía así a unas palabras de su compañera de Gabinete, la ministra Calviño, que relativizó este compromiso al defender que las pensiones no se vincularan a un único parámetro. Esta es exactamente la idea que defiende el FMI. En una visita a Madrid celebrada la semana pasada, Andrea Schaechter, jefa de la misión del organismo en España, aseguró que la reforma que vincula de nuevo las pensiones al IPC "puede hacer peligrar la sostenibilidad del sistema" sin un paquete integral que afecte tanto a los ingresos como a los gastos del sistema.

Por último, la desaceleración de la economía va a continuar el próximo lustro, avanzan los técnicos del Fondo. De crecer por encima del 3% en 2016, el PIB español va a experimentar un lento declive que irá del 2,7% de este año y el 2,2% del siguiente hasta el 1,6% de 2023. Son tasas de crecimiento respetables, pero que dejan muy atrás el vigor de los años de salida de la Gran Recesión.