El PP sondeó al PSOE para que las grandes empresas pagaran más por sociedades

Existía cierta preocupación en el anterior Gobierno popular porque la recaudación del impuesto de sociedades no termina de recuperarse. A diferencia del resto de grandes impuestos, que están en máximos históricos, la cosecha del impuesto que pagaron en 2017 las empresas por sus beneficios es un 45% inferior que una década antes.

Los expertos apuntan a los 100.000 millones en activos por impuestos diferidos (DTA, en sus siglas en inglés) que merman la recaudación. Se trata de pérdidas registradas en los años de crisis que las compañías pueden deducirse en los siguientes ejercicios con beneficios. Los más beneficiados por estas DTA son los bancos. Suman más de 67.000 millones en estos créditos fiscales.

Por eso, el planteamiento del PP pretendía también colmar las expectativas de los socialistas, que habían reclamado un impuesto especial a la banca para sufragar la subida de las pensiones, según explican fuentes del anterior Ejecutivo popular. Las conversaciones se mantuvieron al más alto nivel entre las responsables de Hacienda y los responsables económicos del PSOE, según fuentes populares. Otras fuentes socialistas admiten las reuniones y que se trató el asunto, pero le quitan hierro a las conversaciones.

Impuesto a la banca

La idea del PP consistía en presentar esta propuesta a los socialistas para cerrar un acuerdo del Pacto de Toledo para asegurar la financiación de las pensiones. El anterior gabinete de Hacienda presentó la oferta en varias reuniones, pero fuentes socialistas aseguran que se trató más bien de "una reflexión más o menos explícita, pero el asunto no estaba perfilado". "Nos expresaron si podían alcanzar un acuerdo sobre las bases de lo que nosotros proponíamos", abundan. Las reuniones se celebraron en las semanas previas a la moción de censura.

La sentencia del caso Gürtel, con condenas muy elevadas para el que había sido tesorero del PP y la evidencia de que el partido se benefició de la financiación ilegal, hicieron saltar por los aires todos los avances y alejaron el acuerdo.

La ministra socialista de Trabajo, Magdalena Valerio, tendrá que reactivar ahora las conversaciones dentro del Pacto de Toledo. La propuesta que los socialistas presentaron hace un par de meses, antes de que alcanzaran el poder, consistía en vincular la subida anual de las pensiones a la inflación, para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.

Racionalizar gastos

Para financiar este gasto creciente —las nuevas pensiones son más altas que las que causan bajas y cada vez hay más jubilados por la estructura de la población—, los socialistas proponían racionalizar gastos de la Seguridad Social mediante la transferencia de cargas estructurales (sueldos, gastos generales) a la Administración General para que se financien con los Presupuestos en lugar de con cotizaciones.

Además, pretendían establecer un impuesto extraordinario sobre la banca con el que aspiraban recaudar unos 1.000 millones. Y otro impuesto sobre transacciones financieras, como el que se debate en Bruselas, que aportaría otros 1.000 millones. Las intenciones del PSOE siguen intactas pero su papel ha cambiado. Ahora dirigirá las negociaciones para tratar de cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo.