Una acusación de acoso laboral avinagra el ribeiro

Apenas unas semanas bastaron para que prendiera un fulgurante conflicto en la dirección del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, el más antiguo de los cinco organismos de control de los vinos gallegos. El cisma en las bodegas de la comarca orensana ha echado raíces, divididos los apoyos entre los dos protagonistas del enfrentamiento: Cristina Alcalá, experta en vinos, gerente y secretaria del organismo desde 2016 hasta diciembre del año pasado, y Juan Manuel Casares, presidente del consello, al que Alcalá atribuye su despido como represalia por haber informado al pleno del supuesto acoso laboral al que Casares la sometía.

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La exgerente, que ha demandado al consello en el juzgado de lo social, acusa al presidente de haber vaciado de funciones su cometido, de "difusión de rumores falsos" y de "proferir comentarios injuriosos" contra ella. Una parte de las bodegas se ha posicionado en contra de la decisión de Casares que, no obstante, logró, al segundo intento, el respaldo del pleno, principal órgano de gobierno, al despido.

Alcalá accedió al organismo regulador de O Ribeiro, con sede en Ribadavia, en enero de 2016 con un contrato indefinido de dirección y gerencia tras haber superado un proceso de selección externo. Fue la primera vez en la que el consello confió en un profesional del sector elegido mediante un sistema objetivo.

Cinco meses después, el pleno, integrado por representantes del sector, de sindicatos agrarios y de la Xunta (estos con voz y sin voto), le pidió que asumiese también las funciones de secretaria. Alcalá gestionó sin problema aparente el organismo hasta que el pasado agosto la Xunta designó como presidente a Juan Manuel Casares, un cargo del PP orensano, veterinario, al que ya había situado antes como director de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia. Con la presidencia de Casares, el control del organismo volvió al PP, tras un periodo de interinidad a cargo de Felicísimo Pereira (profesional vinculado al sector del vino por tradición familiar durante más de 25 años). Pereira sustituyó a Miguel Ángel Viso, a quien el líder popular orensano, José Manuel Baltar, situó de número uno en la lista al Congreso en las últimas elecciones generales. Antes que Viso, otros presidentes ya habían accedido, tras dejar el consello, a cargos institucionales en representación del PP.

Casares desembarcó el 26 de julio pasado en el consello. Dos meses después, y tras solo unas semanas de trabajo conjunto, estalló el conflicto: la demandante sostiene que el nuevo presidente leyó y firmó ante el pleno "graves acusaciones y falsedades" contra ella, por lo que envió al presidente un burofax, e informó por escrito de su contenido a los vocales, para requerirle que cesara en "las conductas de hostigamiento". Según el acta de conciliación, Alcalá afirma que "lejos de proceder al cese en el acoso", Casares comenzó a "promover decisiones organizativas" que le supusieron "desprestigio ante el personal de la empresa y ante la sociedad". Tanto la Consellería de Medio Rural como Juan Manuel Casares han declinado hacer declaraciones a este diario.

Alcalá contó inicialmente con el respaldo de los vocales, que se opusieron en su totalidad a la primera propuesta de cese —entonces solo como secretaria— realizada por Casares en noviembre. Días después, estando ella de vacaciones, el presidente le comunicó por correo electrónico que debía convocar dos plenos extraordinarios para proponer su "cese como secretaria" y su "despido como gerente". A la segunda, el pleno respaldó al presidente.

El pasado 18 de enero Alcalá acudió al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación en un intento por alcanzar un acuerdo amistoso con el consejo regulador. No obstante, la entidad —con autonomía aunque tutelada por la Consellería de Medio Rural— no accedió a la petición del despido nulo que formula Alcalá en base al "hostigamiento" sufrido. Una demanda que extiende a los 10 vocales del pleno, a los que achaca "connivencia" con el presidente.