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Los Gobiernos europeos rebajan la ambición contra el cambio climático

Los ministros de Energía proponen alargar las ayudas a las plantas de carbón y los biocombustibles hechos con alimentos

Tras una larga negociación de 14 horas, los ministros de los 28 miembros de la UE (reunidos en el Consejo Europeo) cerraron la noche del lunes su posición sobre el plan energético que debe permitir a Europa cumplir con sus compromisos contra el cambio climático en la próxima década. Y, como se preveía, rebajaron la ambición respecto a lo que propuso la Comisión y lo que pondrá sobre la mesa el Parlamento europeo. Las tres instituciones deberán ponerse de acuerdo el próximo año para cerrar ese plan.

El ministro Álvaro Nadal y el comisario Miguel Arias Cañete ayer en la reunión del Consejo en Bruselas.
El ministro Álvaro Nadal y el comisario Miguel Arias Cañete ayer en la reunión del Consejo en Bruselas.

Bien entrada la noche del lunes, Kimmo Tiilikainen, ministro de Medio Ambiente, Energía y Vivienda de Finlandia, acabó por reconocer lo que estaba ocurriendo en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas: "Expediente tras expediente no estamos subiendo la ambición, al revés". Porque en la negociación de cada una de las cuatro grandes normas que deben fijar los objetivos para limpiar el sector energético europeo de gases de efecto invernadero cada país iba incluyendo excepciones que suponían rebajar esa ambición en la lucha contra el cambio climático.

La buena noticia para la presidencia que ahora ostenta Estonia es que finalmente se consiguió cerrar un complicado acuerdo y logró poner de acuerdo a los 28 miembros de la UE. Pero fue a costa de rebajar la propuesta inicial de la Comisión Europea, que bajo el nombre de paquete de invierno lanzó a finales de 2016. El otro actor es el Parlamento europeo, que está pendiente de cerrar en febrero su posición pero que, según los documentos que ha ido aprobando, tendrá una postura más ambiciosa que los ministros y que la Comisión. La negociación a tres bandas se cerrará el próximo año. 

Estas son algunas de las claves de lo que han acordado los ministros este lunes y que fijan la posición de partida negociadora de los 28:

Objetivo general: 27% de renovables en 2030

Como estaba previsto, los ministros no se han ido más allá de lo propuesto por la Comisión Europea: que el 27% de todo el consumo final de energía en la UE proceda de fuentes renovables en 2030. El objetivo aprobado ya para 2020 es el 20%. En 2015 la UE rozaba el 17% y un informe oficial de la Comisión reconocía que sin tomar medidas adicionales se alcanzará en 2030 el 24,3% de cuota. Es decir, los 28 no tienen intención de forzar la máquina en la implantación de las energías renovables. Eso sí, los ministros han incluido en sus propuestas metas intermedias (en 2023, 2025 y 2027) para asegurarse el cumplimiento escalonado de ese 27% en 2030.

Solo Portugal y Dinamarca plantearon en la reunión del lunes que era necesario ir más allá del 27% en 2030, como resaltó la organización Climate Action Network Europe. "Es particularmente decepcionante ver que España y Alemania han jugado un papel perjudicial en estas negociaciones", lamenta Molly Walsh, de la organización Amigos de la Tierra.

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, estuvo presente durante todo el encuentro. Y reprochó a los ministros la falta de ambición. En la conferencia de prensa tras el consejo explicó que la reducción de los costes de las energías renovables, principalmente la solar y la eólica, permiten en este momento a los países ser "más ambiciosos" y llegar al 30% de cuota. "Podemos ser más ambiciosos", insistió. 

Arias Cañete, sin embargo, mostró sus esperanzas en que en la negociación con el Parlamento Europeo se pueda aumentar el objetivo para 2030. De momento, el documento de partida de la Eurocámara, que ha sido elaborado por el socialista José Blanco, fija una cuota del 35%. Pero esta posición todavía tiene que pasar por el pleno de la Eurocámara que previsiblemente se celebrará en febrero. "Decepcionante posición del Consejo. Un 27% de renovables se alcanzará sin esfuerzos", ha valorado este martes José Blanco a través de Twitter. "Necesitamos establecer al menos un objetivo del 35% para aprovechar la bajada de costes y cumplir con París", ha añadido.

Ayudas a las plantas de carbón

Los denominados pagos por capacidad o mecanismos de capacidad (las ayudas extra que reciben las plantas de carbón y gas, las más contaminantes, por estar disponibles para garantizar la producción de electricidad) es uno de los puntos más polémicos de los abordados por los ministros europeos. Finalmente, decidieron alargar estas ayudas, muy criticadas por los grupos ecologistas al considerarla un incentivo a las tecnologías que más gases de efecto invernadero emiten.

"El texto acordado por los ministros de Energía debilita las propuestas de la Comisión Europea", lamenta Greenpeace. El departamento de Arias Cañete propuso que las plantas existentes no puedan recibir estos pagos si emiten más de 550 gramos de CO2 por kilovatio/hora a partir de 2020. Sin embargo, los ministros proponen que esos pagos se reduzcan a partir de 2025 y se eliminen en 2030. Con esta medida, en definitiva, lo que hacen es incentivar que se alargue la vida de las centrales de carbón, las que más gases de efecto invernadero emiten para generar electricidad.

La Comisión también propuso que las nuevas plantas de carbón que emitan más de esos 550 gramos no puedan acogerse al sistema de pagos por capacidad a partir de 2020. Y los 28 acordaron ayer retrasar esa fecha de prohibición a 2025. "Los ministros de Energía europeos han respaldado el carbón y otros combustibles fósiles en lugar de las energías renovables", resume Greenpeace.

Larga vida a los biocombustibles hechos con alimentos

Finalmente, tal y como propuso España y la mayoría de Estados, los ministros de energía acordaron prolongar la vida de los biocombustibles de primera generación, los elaborados a partir de materias primas alimenticias como el aceite de palma. La Comisión Europea propuso en su paquete de invierno limitar al 3,8% en 2030 la cuota de estos biocarburantes en el transporte europeo. Lo hizo tras asumir los informes científicos que apuntan a que estos biocombustibles en verdad no emiten menos CO2 que los convencionales. Sin embargo, los ministros elevan la cuota en 2030 hasta un máximo de 7%. "Sigue habiendo un apoyo a los combustibles de primera generación", lamenta Cristina Mestre, de la organización Transport and Environment

Al contrario de lo que había propuesto la Comisión, los ministros decidieron poner un objetivo de fuentes renovables en el transporte para 2030: el 14%. Aunque resulte paradójico, las organizaciones medioambientales rechazan que se establezca un objetivo al considerar que puede desincentivar la implantación, por ejemplo, de los vehículos eléctricos. "El objetivo en el transporte no nos parece bien, es contraproducente al incluir los biocarburantes de primera generación", explica Mestre. Solo con esos de primera generación ya se habría cubierto la mitad de ese objetivo del 14% si se llega al techo del 7% impuesto.

Sin embargo, la propuesta de los ministros también incluye algunas medidas de impulso del coche eléctrico, como multiplicadores para que este tipo de tecnologías cuenten más para el objetivo general de renovables. Y abre la posibilidad, recuerda Mestre, a que cada Estado pueda reducir el techo que pone a los biocarburantes de primera generación sin que le penalice en los objetivos generales de renovables.

"Este acuerdo es un pequeño paso para la transición hacia la energía limpia, pero un gran salto para los operadores y la industria del carbón", resume Manon Dufour del think tank E3G. Sin embargo, el del lunes fue solo otro asalto. La batalla definitiva será en 2018 con la negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que deben cerrar el plan energético para la próxima década para que Europa cumpla el Acuerdo de París.

China lanza el mayor mercado mundial de emisiones

Tras varios anuncios y retrasos, China ha presentado este martes el que será el mayor mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono del mundo, que obligará a las centrales eléctricas del país a pagar por cada tonelada de CO2 que expulsen.

Pese a que en una primera fase solo afectará a las plantas eléctricas —unas 1.700 empresas— cubrirá más de 3,3 gigatoneladas de CO2, lo que supone alrededor del 10% de todo el dióxido de carbono que el sector energético e industrial mundial emite al año.

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