España y Portugal son los países con menos inversión pública de la UE

En términos brutos, la inversión de las Administraciones españolas descendió el año pasado de los 26.970 millones de 2015 hasta los 21.548 millones, unos niveles que no se registraban desde hace veinte años. Solo que en términos reales ese dinero entonces daba para mucho más. Esta partida incluye desde infraestructuras a I+D, pasando por defensa o sanidad.

No es de extrañar que el ajuste se haya cebado con la inversión. Su ejecución es más fácil de detener. No tiene nombres y apellidos como ocurre con las prestaciones sociales. Tampoco es un compromiso ineludible ante los inversores como sucede con los intereses de la deuda. Por eso, esta rúbrica se ha desplomado al 1,9% del PIB en 2016 frente al 5,1% de 2009. O lo que es lo mismo, desde los 55.127 millones hasta los 21.548 millones, un ajuste de 35.000 millones, más de la mitad de todos los recortes aplicados al gasto público. Desde que se inició la crisis, esta partida solo subió en 2015 debido a unos compromisos de defensa y a que Eurostat obligó a imputar unas inversiones en régimen público-privado.

El desembolso en carreteras se sitúa en cotas de los años ochenta en porcentaje de PIB. Incluso el Foro de Davos ha advertido a España del deterioro de sus infraestructuras. En materia de defensa, como no se imputa como gasto la compra de un aparato hasta que se recibe, incluso se están dejando aparatos sin estrenar en los hangares del proveedor con tal de que no se imputen en el déficit. Y el I+D ha visto como su presupuesto público se orientaba desde la subvención directa hasta los préstamos. Solo que las universidades y centros no están preparados para trabajar a crédito y, por lo tanto, no los están usando. Según admite la secretaria de Estado de I+D, el 40% de lo que presupuesta el Estado no se gasta.

Tras años de recortes, en 2016 el Gobierno había presupuestado un pequeño incremento de la inversión. Sin embargo, el incumplimiento del déficit obligó a mitad de 2016 a adoptar un cierre de gastos valorado en 5.400 millones y que se centró sobre todo en la inversión pública. De ahí los resultados reflejados en Eurostat.

Y este año el Gobierno ha perpetuado en los Presupuestos los recortes que se hicieron a mediados de 2016. Solo ha introducido algunos repuntes. Y eso explica que el plan remitido a Bruselas deje la inversión en el 2% el PIB, aunque ese aumento incluya los 3.500 millones que el Gobierno podría desembolsar por las radiales. Así lo explicó el gobernador del Banco de España ante la comisión de presupuestos: "Se prevé un aumento de las inversiones reales del 23% respecto al presupuesto inicial de 2016. Sin embargo, una vez se descuentan determinados pagos pendientes de otros ejercicios en defensa, se presupuesta una caída de casi un 20% en las inversiones del Estado, lo que viene acompañado de una significativa reducción en la inversión del sector público empresarial", afirmó Luis Linde.

Los expertos alertan de que con el 2% de PIB no se gasta lo suficiente para conservar las infraestructuras ya construidas. Por más que aprovechásemos los fondos europeos, muchas podrían perderse. "Habría que debatir bien esto. Por ejemplo, igual merece la pena dejar que un polideportivo en un enclave despoblado se vaya deteriorando", señala una fuente gubernamental.