Los hermanos Salazar, a juicio por la ruina de Cuétara

Los antiguos jefes de SOS Cuétara, los hermanos Jesús y Jaime Salazar Bello, se sentarán en el banquillo por blanqueo de capitales, estafa, delito societario y alzamiento de bienes. Según la acusación, diseñaron una alambicada telaraña societaria con testaferros y paraísos fiscales que supuestamente causó un agujero de más de 220 millones de euros en la firma de galletas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para ellos 30 años de prisión y 240 millones de responsabilidad civil.

La investigación apunta a que los Salazar usaron su posición para enriquecerse en Bolsa y esconder el dinero con un complejo entramado en paraísos fiscales

Durante la recta final de su mandato, Jesús y Jaime Salazar, presidente y vicepresidente de la empresa hasta su destitución, en abril de 2009, presuntamente se valieron de su poder omnímodo en el consejo de administración para perpetrar el saqueo. Los hermanos transfirieron 206 millones a Condor Plus. Un dinero que, tras varios cambios de manos, acabó en una compañía pilotada desde Luxemburgo por el propio Jesús Salazar. A través de un sofisticado esquema mercantil, los acusados compraron acciones de SOS Cuétara por 204 millones. Con esta maniobra de ingeniería contable, el clan controló la evolución de la firma en Bolsa con información privilegiada y fue escondiendo los beneficios que obtenía, según la documentación de la instrucción judicial a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El cerco sobre los Salazar arrancó en 2009. La Audiencia Nacional admitió ese año una querella de SOS Cuétara contra sus dos exdirectivos. Las pesquisas se encaminaron desde entonces a rastrear el patrimonio de los hermanos. Según la acusación que pilota Deoleo (actual denominación de SOS Cuétara), los antiguos jefes levantaron una presunta red de testaferros en paraísos fiscales para ocultar el botín. La empresa pide para Jesús y Jaime Salazar un total de 56 años de prisión y una multa de 600 millones.

Deoleo asegura que los Salazar se sirvieron de información privilegiada para comprar acciones. Que anunciaron plusvalías ficticias y manipularon la contabilidad en operaciones en Portugal y México. Y que trazaron un plan para borrar el rastro del dinero mediante sociedades instrumentales.

Según revela la investigación, un día antes de ser destituido, el 29 de abril de 2009, Jaime Salazar autorizó a SOS a comprar todas las acciones de dos sociedades controladas por él y su hermano a través de una firma radicada en Luxemburgo. Las empresas rescatadas habían participado en la adquisición de Elosua Portugal, un negocio que causó pérdidas de tres millones de euros.

Tras aflorar el vaciado patrimonial, los Salazar se esforzaron para resguardar su dinero de las garras de la justicia. Por ejemplo, dos meses después del escándalo, el yerno del expresidente de SOS abrió una cuenta en el Credit Suisse en Suiza que recibió 2,1 millones de euros del propio Jesús Salazar. El presidente y el vicepresidente de la compañía, además, manejaron otro depósito en el país helvético en el UBS que recibió 1,9 millones de su telaraña societaria. La cuenta estaba oficialmente a nombre de una sociedad chipriota. Según la acusación, la esposa de Jesús Salazar participó en la ocultación mediante dos firmas y la simulación de créditos por valor de 10 millones.

Además, la investigación ha revelado la existencia de cuentas en Liechtenstein y Suiza a nombre de 14 miembros del clan Salazar Bello. La propia esposa y el suegro del expresidente de la firma de galletas disponían de depósitos en el país helvético.

El monumental agujero contable que generaron tuvo consecuencias en el eslabón más débil de la cadena: la plantilla. La compañía se tambaleó por las deudas heredadas de la era Salazar. Se vio obligada a vender marcas. Y cuatro años después del desfalco, la firma que recibió el testigo aceitero de SOS, Deoleo, despidió a 88 empleados en sus plantas de Alcolea (Córdoba), Andújar (Jaén), Rivas Vaciamadrid (Madrid), Sevilla y Salamanca.

Junto a Jesús y Jaime Salazar, se sentarán en el banquillo otros siete acusados. Algunos son antiguos directivos de SOS Cuétara que, a su vez, trabajaban al servicio de los autores del agujero contable. Entre los procesados figura otro miembro del clan, Roberto Salazar, que fue director financiero y encargado de supervisar las transferencias bajo sospecha. La Fiscalía le atribuye un delito societario y pide para él dos años y seis meses de prisión y 91 millones de euros.

Jesús y Jaime Salazar no han devuelto el dinero saqueado, según la acusación. El segundo llegó incluso a declarar en sede judicial que desconocía que su madeja patrimonial hubiera ingresado 212 millones de SOS Cuétara. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor de la causa, ha rechazado un recurso de los acusados para frenar el procedimiento. Jesús y Jaime se sentarán en breve en el banquillo para explicar cómo hicieron desaparecer de los balances de la fábrica de galletas más de 220 millones.

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