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Bruselas concluye que España no tomó medidas efectivas para atajar el déficit

La Comisión se enzarza con el Ecofin por los tiempos del procedimiento, que podrían retrasar la multa hasta el próximo otoño

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. EFE

Vienen semanas cruciales para España. En Madrid, por las negociaciones para formar Gobierno, cuando va ya más de medio año desde las elecciones del 20-D. Y en Bruselas, por los capítulos definitivos sobre el sainete de la multa por los incumplimientos del déficit. La Comisión Europea anunciará mañana martes que España y Portugal no tomaron medidas efectivas para corregir el déficit, que cerró 2015 por encima del 5% del PIB, 10.000 millones de euros más de lo acordado, según las fuentes consultadas. Eso debería suponer la activación de un mecanismo automático que terminará con una multa de hasta el 0,2% del PIB (2.000 millones de euros) y la congelación de fondos europeos. Pero Bruselas está jugando al ratón y el gato con los ministros de Finanzas europeos: el brazo Ejecutivo de la Unión no quiere tomar en solitario decisiones sobre un tema tan espinoso como la primera multa por incumplir las reglas fiscales, sin que los ministros de Finanzas se involucren en esa jugada. "Las decisiones importantes hay que asumirlas colectivamente", explica a EL PAÍS una alta fuente comunitaria, que confirma que los comisarios discutirán mañana sobre el déficit español. Pero que deja abierta también la posibilidad de retrasar la decisión formal hasta el jueves, en función de las señales del Ecofin (los ministros de Finanzas), de si la presidencia eslovaca de la UE incluye la decisión de Bruselas en el orden del día de la reunión del 12 de julio.

Si el Ecofin decide no discutir sobre ese asunto el 12 de julio, la propuesta de la Comisión sobre la multa no llegaría hasta otoño, y su aprobación por parte de los ministros se retrasaría también unos meses. Pero incluso en el caso de que el Ecofin de la semana próxima discuta si España tomó acciones efectivas o no, Bruselas propondría la sanción el 27 de julio, pero la decisión final del Ecofin llegaría en octubre. Ese retraso no es trivial: la Comisión pretende que para entonces ya haya Gobierno en Madrid y se haya aclarado el horizonte posBrexit.

La burbuja de Bruselas tiene estas cosas: la interrelación entre instituciones (en este caso, Comisión y Ecofin) es fundamental; los procedimientos son lo suficientemente flexibles como para introducir nuevos plazos, y siempre dejan una escapatoria, legal o casi legal, que permite seguir con la pelota en juego cuando una decisión tiene trascendencia política. Ya en marzo Bruselas se puso de perfil y dejó la decisión sobre las sanciones para "primeros de julio". Alcanzada esa fecha, el problema es el mismo en un caso de alto voltaje. Porque no se trata solo de multar a España y Portugal: se trata de abrir la puerta a futuras sanciones a países como Italia o Francia, con graves problemas por el flanco fiscal.

Francia e Italia respaldan a España

Francia está a las puertas de unas elecciones fundamentales y su Gobierno está siguiendo al pie de la letra la regla no escrita que lleva a incrementos de gasto en vísperas electorales (como sucedió en España, cuyo Gobierno además bajó los impuestos). Italia tiene un lío morrocotudo en sus bancos y está también a apenas unos meses de un referéndum constitucional crucial para el futuro del primer ministro, Matteo Renzi. Las fuentes consultadas en Bruselas prevén que Roma anuncie esta semana una inyección multimillonaria de dinero público en sus entidades, con enormes dificultades en los mercados por un agujero de 350.000 millones de euros en forma de créditos dudosos. Eso obligará a pasar por caja a accionistas y a los acreedores de deuda de la peor calidad: espinosas quitas al equivalente a los preferentistas españoles. "El Gobierno italiano está preparando un fondo para compensar a los bonistas, lo que iría directamente a engrosar el déficit público", apuntan fuentes del Eurogrupo. Italia puede volver a un déficit superior al 3% del PIB, y tener problemas por ese flanco; su abultada deuda pública también le puede traer problemas con Bruselas. Esa es la razón por la que tanto el Gobierno de Renzi como el de François Hollande se oponen a las sanciones a España: por aquello de las barbas del vecino.

Bruselas sabe bien que sin Italia y Francia a bordo, la aprobación de sanciones será de lo más problemática. Pero a la vez Holanda y Alemania quieren que la Comisión haga su trabajo: Berlín quiere que Bruselas haga cumplir de una vez las reglas del Pacto de Estabilidad, lo que deja a la Comisión en una situación un tanto incómoda. España está en medio del viejo pulso Berlín-París, que esta vez es también un pulso Berlín-Bruselas: el Gobierno sigue convencido de que al final la sanción será de 0 euros o incluso se cancelará el procedimiento, según fuentes de Moncloa. Y apunta a que la congelación de fondos estructurales asociada no tendrá ningún impacto para España. En Bruselas, ni los más halcones esperan algo distinto de una sanción puramente testimonial, que aun así sería una decisión peliaguda para la política europea. Esta semana será crucial. Pero el asunto coleará hasta otoño.

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