Bruselas critica la expansión fiscal de Mariano Rajoy en año electoral

España crece, reduce el desempleo y ha logrado estabilizar el sector bancario tras los más de 40.000 millones del rescate financiero europeo. Pero Bruselas es el eterno insatisfecho. El informe del examen de primavera del programa español refleja varias dudas por parte de la Comisión Europea y del BCE. Una: persisten los altos niveles de deuda pública y privada. Dos: el sector financiero está expuesto a los emergentes y al impacto de sentencias judiciales como las de las cláusulas suelo de las hipotecas. Y tres: el Ejecutivo comunitario alerta hasta en cuatro ocasiones de la elevada incertidumbre política. Critica abiertamente al Gobierno de Mariano Rajoy por no haber aprovechado la bonanza para reducir el déficit, el segundo más elevado de la Unión.

El informe de la Comisión es un rosario de reproches. "España activó una expansión fiscal en 2015", año electoral, y "revertió parte del ajuste estructural aplicado en los últimos años", dice. Critica a las autonomías por el desvío de los objetivos de déficit, advierte del agujero en la Seguridad Social y, en general, se queja de que Madrid —antaño alumno modelo de la troika— "no ha aprovechado el favorable entorno para poner las finanzas públicas en orden y ha hecho poco o ningún progreso con las reformas".

Los estímulos fiscales han permitido despegar a una economía que necesitaba un alivio tras un lustro horroroso, con niveles de desempleo récord. Pero no hay comidas gratis, y menos en un país que quizá no tenía margen para esas alegrías: cerró 2015 con un déficit público superior al 5% del PIB (el segundo mayor de Europa) y una deuda pública que ha crecido a toda velocidad, hasta el 100% del PIB. La combinación de esos dos números arroja una de las posiciones fiscales más vulnerables de Europa, a pesar del crecimiento y de la inestimable ayuda del petróleo barato y del BCE.

Desequilibrios que persisten

El PIB español crece por encima del 3%, pero el crecimiento tiende a suavizarse. El empleo crece con fuerza, pero la tasa de paro sigue por encima del 20%, entre las más altas de la UE, con riesgos cada vez más elevados y un porcentaje de desempleados de larga duración al alza. Ese es el sonsonete de todo el informe: España mejora y sin embargo los desequilibrios persisten, con la economía convertida, a ojos de Bruselas, en una tremenda adversativa. "El elevado nivel de deuda pública y privada expone al país a riesgos si se produce un cambio en el sentimiento del mercado y es un lastre para la economía", dice.

La parte más jugosa del análisis de Bruselas y el BCE corresponde al último año, con elecciones regionales y locales (en mayo de 2015) y legislativas (en diciembre). "La consolidación fiscal se relajó en 2015 y la política fiscal se tornó claramente expansiva", apunta el estudio. El gasto público se elevó tanto en la Administración central como en las autonómicas. Rajoy aprobó un recorte de impuestos de unos 8.000 millones de euros. El resultado es un incumplimiento de los objetivos de déficit "por un enorme margen", y eso a pesar de un crecimiento superior al 3% del PIB y vientos de cola favorables por los bajos precios energéticos y la política monetaria ultraexpansiva del BCE. España se ha comprometido a recortar 4.000 millones a través de acuerdos de no disponibilidad de gasto tanto en Madrid como en las autonomías. Pero Rajoy se expone a una amenaza de sanción por los continuos incumplimientos de las metas fiscales.

El informe también sacude al sector financiero experimenta una notable mejoría, y aun así Bruselas destaca que la morosidad sigue elevada, el crédito continúa a la baja y, en fin, la rentabilidad del sector arroja dudas.

Bruselas avisa de los problemas que aún experimenta el banco malo (Sareb). Y deja un aviso final para el sistema financiero: tanto la Comisión como el BCE recomiendan a la banca española que se prepare ante la posibilidad de que tenga que devolver todo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo de las hipotecas. "Algunas incertidumbres legales permanecen y podrían tener un impacto significativo", dice el informe. "Las entidades crediticias deben estar preparadas, por ejemplo en el capítulo relativo a las cláusulas suelo", concreta.

El sector está pendiente de una sentencia del Tribunal Europeo de Justica, que debe determinar si cobraron de forma abusiva intereses a los hipotecados. El Banco de España estima que el impacto puede oscilar entre los 5.000 y los 7.500 millones de euros. A ese agujero se le puede añadir otro potencial dolor de cabeza: la "exposición directa" de los grandes bancos españoles a mercados emergentes con problemas, como Brasil o México.