Guindos pidió solo un año para ajustar el déficit pese a que Bruselas ofrecía dos

Las actas de la reunión de la Comisión Europea revelan un aspecto importante. Se confirma que Moscovici abogó por conceder “dos años adicionales a España en lugar de uno” para bajar el déficit público por debajo de la sacrosanta meta del 3%. “Eso daría más tiempo para formar Gobierno”, justificó, según la minuta de la reunión del 10 de mayo. Dombrovskis le ganó la partida: será un solo año, lo que supondrá un ajuste más duro. La razón es que es el propio Gobierno español lo quiso así: “España pidió un solo año”. La única explicación del Gobierno al respecto es que el crecimiento permitirá conseguir los objetivos sin hacer grandes esfuerzos. Bruselas no opina exactamente lo mismo: ha dado un año adicional, tal como quería España, pero ha fijado un objetivo de déficit del 2,5% del PIB para 2017, lo que obligará a hacer 8.000 millones de recortes adicionales entre 2016 y el año próximo.

Los mismos documentos pruebas que la Comisión Europea está muy dividida sobre las sanciones a España y Portugal, pero en Bruselas hay un claro apetito por la multa. Las actas de la reunión del 10 de mayo muestran que el vicepresidente Valdis Dombrovskis --el máximo responsable de las reglas fiscales-- se mostró partidario de iniciar el procedimiento de infracción. El comisario francés Pierre Moscovici, sin embargo, mostró "preocupación" por las consecuencias de las sanciones. El presidente, Jean-Claude Juncker, advirtió de los potenciales efectos de esas multas "sobre los mercados financieros en general y sobre los ciudadanos en particular", y se preguntó si es buena idea "sancionar a países que han hecho grandes esfuerzos por reducir el déficit y que tienen un crecimiento significativo", según las minutas. En la reunión siguiente, el 18 de mayo, Bruselas decidió posponer el procedimiento de infracción hasta "principios de julio". Pero entre los 28 miembros de colegio de comisarios hay un fuerte apetito por aplicar las reglas "de forma estricta", según las actas.

Las sanciones a España y Portugal son el enésimo capítulo de la brecha Norte-Sur en Europa (o Alemania-Francia). Berlín y los suyos --el vicepresidente finlandés Jyrki Katainen es quizá el miembro de la Comisión más duro con la posibilidad de las multas-- defienden la aplicación estricta de las reglas fiscales. Moscovici representa de alguna manera el punto de vista francés: esa multa puede sentar un precedente y Francia es el tercer país que está en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad, aunque con cifras menos preocupantes que España y Portugal. Según las fuentes consultadas en Bruselas, solo el español Miguel Arias Cañete, el portugués Carlos Moedas, la italiana Federica Mogherini y el presidente, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, se han manifestado claramente en contra de las sanciones en las dos últimas reuniones. Aunque de momento ha salido ganando la visión de Juncker, ya esbozada por varios comisarios en la reunión anterior: avisar del riesgo político y posponer el procedimiento.

Los halcones ganan la partida, aunque solo a los puntos. "Varios comisarios", según muestran las actas, "creen que está en juego la credibilidad" de la Comisión, que debe aplicar las reglas "de forma estricta y convincente" para crear "una atmósfera de confianza con los Estados miembros". Esa es claramente la postura de Alemania, que ayer, a través del ministro Wolfgang Schäuble, criticó que las sanciones a España y Portugal se hayan aplazado por razones políticas. La suerte está echada: durante toda la crisis del euro, el peso de Berlín en las decisiones ha sido fundamental, y Schäuble ha mostrado a las claras que en Alemania "no estamos contentos con la decisión".

Schäuble da en el clavo. En la reunión del 10 de mayo, algunos comisarios apuntaron que el "contexto electoral" --en clara referencia a las elecciones españolas del 26 de junio-- puede imponer restricciones en la toma de decisiones. En última instancia, apuntan los comisarios, las sanciones podrían alentar "el peligroso discurso populista de algunos partidos". Otros miembros de la Comisión subrayaron que prefieren aplicar las sanciones "políticamente", atendiendo a "los procedentes y al contexto nacional". Bruselas optó finalmente por esa salida.

Pero el debate fue de lo más jugoso. Dombrovskis fue rotundo: se mostró partidario de iniciar el procedimiento de infracción (con un artículo por el que Bruselas debe hacer público que los Estados miembros afectados no han cumplido las recomendaciones), y subrayó que si el Consejo [los ministros de Finanzas de la UE, reunidos en el Ecofin] concluía que España y Portugal no han tomado acciones efectivas, la Comisión tendría 20 días para imponer una sanción de hasta el 0,2% del PIB (unos 2.100 millones de euros en el caso español). "Las sanciones se pueden levantar después de una nueva recomendación de la Comisión Europea en la que se concluya que ha habido acción efectiva. Y puede tener en cuenta atenuantes", dijo el vicepresidente. Moscovici avisó de que "nunca se han aplicado" sanciones. Y explicó que si el procedimiento se inicia pueden "quedar congelados los fondos estructurales y de inversión". En ese caso, los Estados miembros afectados "tendrán que hacer un esfuerzo durante lo que queda de año para que la suspensión sea levantada".

Solo unos días antes, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, prometió a Juncker aplicar nuevas medidas "en la segunda mitad del año" si fuera necesario, pese a que en público ha dicho una y mil veces lo contrario. En caso de multa, esas medidas adicionales --que varios ministros siguen negando, a pesar de que la carta de Rajoy es de lo más explícita-- serían imprescindibles para descongelar los fondos estructurales, de los que España es uno de los principales receptores.