Sumar presiona para una prórroga automática de los alquileres y tacha de “cosmética” la vía fiscal del PSOE

La respuesta de Sumar a la propuesta que el Gobierno estudia para penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler ha sido inmediata. Para el socio minoritario de la coalición, la medida planteada por el PSOE resulta insuficiente para frenar una crisis que se ha enquistado en el mercado del alquiler y que amenaza con agravarse en los próximos años. “La única propuesta sobre la mesa con impacto real y no cosmético es la prórroga automática de los contratos”, sostienen desde el espacio liderado por Yolanda Díaz, que reclama al ala socialista que se siente a negociar con ellos la propuesta del real decreto ley y que incluya su planteamiento sobre la prórroga automática de los contratos que vencen este año. De lo contrario, no contarían con su apoyo en el Congreso.

La iniciativa del PSOE, adelantada este viernes por EL PAÍS, plantea introducir una penalización fiscal a los arrendadores que apliquen subidas de precios consideradas excesivas. El planteamiento parte de la situación actual, en la que los caseros pueden aplicarse una reducción general del 50% sobre los rendimientos netos obtenidos por el arrendamiento de una vivienda habitual, una ventaja fiscal que se aplica con carácter automático. La idea que se baraja es ampliar esta rebaja a los propietarios que mantengan o rebajen la renta mensual y recortársela a quienes la encarezcan.

Pero en Sumar la lectura es muy distinta. Fuentes del Ministerio de Consumo señalan que conocían la propuesta, pero insisten en que no ha sido trabajada con ellos ni desarrollada de manera conjunta en el seno de la coalición. Insisten en que la solución al problema de la vivienda no puede ser únicamente la vía fiscal y reclaman que el planteamiento sea, en esencia, idéntico al que ya se puso sobre la mesa anteriormente, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció la bonificación del 100% del IRPF en sus ganancias para los propietarios que renovaran los contratos de sus inquilinos sin subirles el precio del alquiler. Ya en ese entonces, Sumar rechazó esta fórmula y, en respuesta, presentó medidas más drásticas destinadas a intervenir el mercado inmobiliario, entre las que se encontraba la congelación de los alquileres.

El nuevo planteamiento fiscal ha vuelto a chocar con la visión de Sumar, que considera la propuesta más “un giro semántico que real”. Recuerda que los propietarios ya disfrutan de una rebaja del 50% en el IRPF por el alquiler de viviendas y, en ese contexto, desincentivar fiscalmente las subidas no supondría, a su juicio, un castigo real, sino una mera reducción de un privilegio existente. Con el mercado tensionado, sostienen, esa corrección no altera de forma significativa los incentivos del mercado.

Las estimaciones internas de Sumar apuntan a que, con incrementos acumulados del 40%, el efecto de la penalización fiscal sería marginal y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos. De ahí que califiquen la medida de “cosmética” y defiendan que la solución no puede depender de la voluntariedad del casero. Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy recuerdan que en 2021 se firmaron 632.369 contratos de alquiler que deberán renovarse este año. Esos contratos afectan a más de 1,6 millones de personas, una cifra que se eleva hasta casi 2,7 millones si se suman quienes podrían ver vencido su contrato en 2027.

Sin apoyos suficientes

La propuesta que Hacienda y Vivienda estudian actualmente pasa por recortar la reducción fiscal del 50% en el IRPF en aquellos casos en los que el propietario decida subir el alquiler por encima de determinados niveles al finalizar un contrato. No se trata, por tanto, de eliminar la bonificación fiscal, sino de graduarla a la baja en función del comportamiento del arrendador: cuanto mayor sea la subida del alquiler, menor sería la reducción aplicable en el impuesto sobre la renta. El diseño técnico aún no está cerrado, pero en líneas generales la propuesta no afectaría a las actualizaciones ordinarias del alquiler, como las vinculadas al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La vía más probable para sacarla adelante sería la de un real decreto ley, que debería ser aprobado primero por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes. Ese trámite parlamentario es clave, ya que el Gobierno necesita reunir apoyos suficientes para que la medida entre en vigor y no decaiga en un momento en el que le cuesta generar mayorías parlamentarias, y con la negativa actual de su principal socio de Gobierno.

Desde el PSOE defienden que el IRPF puede actuar como palanca para desincentivar subidas abusivas sin recurrir a una regulación directa de los precios, en un contexto de fuerte encarecimiento del alquiler y creciente presión social sobre el acceso a la vivienda.