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Menos fraude, menos recortes

España pierde 80.900 millones de euros anuales por la evasión fiscal

Sede de la Agencia Tributaria en Madrid, durante la campaña de renta.
Sede de la Agencia Tributaria en Madrid, durante la campaña de renta.

Esta no es una historia de impuestos, sino del país que España podría ser si se pagasen. Cada año, España deja escapar por los sumideros del fraude fiscal 59.515 millones de euros. Es la cifra que los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcularon para 2009. Aunque la bola ha ido engordando con rapidez. Los expertos de la red inglesa Tax Justice Network estimaban en noviembre de 2011 que esa elusión alcanzaba los 107.350 millones de dólares (80.900 millones al cambio actual). Son números que marean la conciencia y algo más. Según esa organización, las estadísticas sitúan a España como el 10º país del mundo con mayor fraude. Tras la fuga de capitales de 2012 —debido al miedo ante la posible desintegración del euro—, seguro que el país ha escalado posiciones en ese ranking tan poco honroso. Por ahora, 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB español, se va a la economía sumergida.

Una reflexión sencilla revela que si esos 80.900 millones estuvieran en las arcas públicas, España tendría cubierto este año los gastos de sanidad (3.852 millones), desempleo (26.993), educación (1.944), cultura (721), el pago de los intereses de la deuda (38.589) e incluso sobrarían casi 10.000 millones. “Habría crisis, aunque sería otra distinta”, apunta Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Pero ¿por qué no se cumplen con las obligaciones? ¿Es solo cuestión de avaricia e insolidaridad? ¿Por qué en el norte de Europa la evasión es mucho menor? Noruega deja de ingresar, según Tax Justice Network, 27.600 millones de euros al año, y Suecia, 33.839 millones. ¿Por qué en España muchos se jactan de no pagar impuestos? De tan incompresible que parece, quizá haya que recurrir a un filósofo para explicarlo. Javier Sádaba remite a la “tradición católica”. “Los centroeuropeos y los nórdicos han internalizado una serie de deberes que están en relación con la doctrina protestante. De ahí que tiendan a cumplir sus compromisos y eviten, de esta manera, el sentimiento de culpa”. Y añade: “Bien distinta es la postura de los católicos. La religiosidad es más externa y, aunque exista un elevado sentido del ridículo, la culpa está ausente. Esto explica el individualismo español y la sensación de no haber hecho nada malo si queda lejano”. A lo que se añade la falta de cultura fiscal y esa creencia sartriana de que “el Estado es un expoliador”, apostilla Sádaba.

El fraude afecta a todos, con nombres y apellidos. Casi el 72% de la evasión fiscal de España (42.711 millones), relatan los técnicos de Hacienda, se localiza en las grandes empresas y patrimonios, cuatro veces más que el fraude de las pymes (10.150) y muy por encima de los autónomos (5.111), quienes injustamente suelen concentrar la desconfianza del ciudadano. Por eso “el fisco debería esforzarse más en perseguir el engaño de las multinacionales y grandes compañías en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar microempresas, pymes, asalariados y autónomos”, denuncia José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

España ocupa el décimo puesto entre los países con más fraude

De fondo, hay nada menos que 50.000 millones de euros (el 41% de lo que este año se llevan las pensiones) de deuda tributaria pendiente de cobro. “Unos 25.000 millones”, revela Pérez Boga, “proceden de empresas que presentaron la autoliquidación, pero no ingresaron el dinero”. Una treta para ganar tiempo y sepultar, gracias a despachos ultraespecializados en fiscalidad, a Hacienda en una montaña de recursos.

La nueva Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal aprobada en octubre pasado quiere poner fin a esas argucias. Además, “con la reforma del código penal, la Administración podrá cobrar las deudas aunque se remita al fiscal el expediente. De esta manera, el Gobierno espera rebajar esa cifra, ya que seguramente dejará de ser tan rentable litigar”, analizan en el bufete Díaz Arias. Pero esos 50.000 millones seguirán en el “limbo”, pues la normativa no se aplica de forma retroactiva.

Ahora bien, si algo positivo deja esta inacabable recesión es una mayor sensibilidad social con el tema. Conocer que Apple, Amazon, Google, Ebay o Facebook facturan millones de euros en España y pagan unos gravámenes ridículos ha enfadado a muchos. “Estas prácticas tienen un efecto muy adverso en los ingresos, pues obligan a los Gobiernos a subir otros impuestos, generalmente los que repercuten el consumo, o bien recortar el gasto público, lo que mina la recuperación económica”, advierte John Christensen, director de Tax Justice Network.

Casi el 72% de la evasión se centra en grandes empresas y patrimonios

Estas estrategias, sin duda, son insolidarias, pero bastante conocidas. Los inspectores de Hacienda aseguran que llevan seis años persiguiendo estas prácticas (operaciones vinculadas). Otros van incluso más atrás y culpan a un sistema fiscal internacional que se diseñó hace 100 años, cuando había pocas multinacionales. “Ahora dominan el mundo económico, pero se rigen por esos principios de antaño”, asegura Sol Picciotto, profesor emérito de la Universidad de Lancaster. “Esto permite, por ejemplo, a Google transferir los derechos de su propiedad intelectual a su filial de las islas Bermudas, donde puede acumular la mitad de sus beneficios mundiales sin tributar por ellos”.

Para evitar abusos, algunos expertos piden que se graven las ganancias de las multinacionales en función de la actividad económica real, allí donde venden sus productos o servicios. Otros, lo matizan. “La ocultación es un problema muy serio, pero tener unos impuestos mayores o menores es una decisión de política fiscal de cada país”, observa Santiago Barrenechea, socio responsable de fiscalidad de PwC.

Este podría ser un enfoque asumible si no fuera porque esa planificación tributaria agresiva tiene duras repercusiones en nuestras cuentas. Hay una “sangría”, alertan los inspectores, en la recaudación del impuesto de sociedades, ya que estas multinacionales obtienen ingresos (dividendos) que están exentos y se generan gastos (provisiones o costes fiscales) deducibles. Por si fuera poco, se produce un fenómeno de deslocalización. A España llegan las empresas que tienen pérdidas, porque aquí el tipo de sociedades es del 30% y las minusvalías se deducen en ese porcentaje. Mientras que si tienen beneficios se las llevan a lugares como Irlanda, donde tributan al 12,5%.

¿Y Hacienda? “Si no ha actuado antes es porque creía que estas prácticas eran legales. Otra pregunta es si esas estructuras fiscales, con la realidad de este país, son admisibles”, se interroga Jaume Bonet, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. No lo parecen mucho. “En EE UU hacer transacciones financieras solo con el objetivo de minimizar los impuestos es ilegal”, recuerda Pankaj Ghemawat, profesor del IESE.

El tiempo amenaza a los inspectores

El dinero, los recursos y las manecillas del reloj se conjuran contra los inspectores de Hacienda. Tanto el presupuesto como la plantilla de la Agencia Tributaria caen. De 1.357 millones de euros en 2012 a 1.328 millones este año. Y de 26.668 personas a 23.361. Menos recursos (España dedica el 0,13% de su PIB a la lucha contra el fraude, frente al 0,5% de los Países Bajos) y menos personal para perseguir delitos cada vez más complejos. Y, por si fuera poco, el tiempo es una amenaza. Solo tienen, de forma general, un año para cerrar cualquier investigación fiscal. “Da igual que sea una paralela de renta ordinaria que Inditex”, se queja Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Con este corsé, por ejemplo, la trama china descubierta en Madrid no habría sido detenida, al tardar tres años las pesquisas. Menos mal que se llevó por los derroteros policiales y no fiscales.