Los evasores ‘arrepentidos’ serán exonerados de responsabilidad penal

Por los viejos pasillos del Ministerio de Hacienda circula un chascarrillo: “Desde el principio de la democracia, España tiene un Gobierno de concertación: de consenso entre el Ejecutivo y Hacienda”. Así ilustran en el ministerio la gran influencia que tiene este departamento en la estructura del Estado. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el pasado viernes los Presupuestos más austeros de la democracia, que incluyen una amnistía fiscal que permitirá a los defraudadores regularizar su situación. El Ejecutivo pretende aflorar así unos 25.000 millones de dinero negro, que aportará una recaudación extra para el fisco de 2.500 millones. Hacienda se vuelve a salir con la suya con una decisión que hasta hace bien poco cuestionaban en el partido del Gobierno.

Las claves de la polémica decisión las ofrece el Boletín Oficial del Estado (BOE) que publicó ayer el real decreto que la regula. Hacienda exonera de responsabilidad penal, de penas de cárcel por delito tributario, a las sociedades o personas que admitan su fraude. “La regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al ministerio fiscal”, señala el BOE. Es decir, que Hacienda no exigirá “sanciones, intereses ni recargos” a los que reconozcan sus pecados fiscales y hagan un acto de contricción, bajo una pena o multa del 10% sobre el dinero que tenían oculto. Para ello modifica la Ley General Tributaria.

El Gobierno, además, garantiza el anonimato a los contribuyentes que se aprovechen de este resquicio legal que abre hasta el 30 de noviembre. “Podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria”, sostiene la referencia del Consejo de Ministros del viernes.

Los inspectores de Hacienda, a través de su organización principal (IHE), critican la medida. “Es un auténtico disparate. Qué le decimos ahora a la persona que inspeccionamos por haber aplicado mal una deducción. Es frustrante e incoherente con el sistema tributario español”, sostienen desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. La amnistía fiscal permitirá blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Las operaciones de blanqueo suelen tener un diseño societario muy complejo, pero la regularización se puede hacer independiente del origen de ese dinero, confirman los inspectores.

“Con esta medida se podría limpiar el dinero procedente del tráfico de drogas, de la prostitución o del tráfico de armas... En vez de tenerlo debajo de una losa, ahora lo pueden regularizar y meterlo en el banco pagando solo el 10% a Hacienda”, explica José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Un portavoz del Gobierno descarta esta posibilidad y asegura que en el modelo de declaración para la regularización habrá que explicar con detalle la procedencia legal del dinero para evitar que, por ejemplo, se blanquee dinero procedente del terrorismo o de otras actividades ilícitas.

No obstante, desde esta asociación consideran que es poco probable que estos casos acudan a la regularización fiscal del Gobierno y creen que la medida no tendrá el impacto deseado. “El que tenga el dinero en Bahamas no tiene necesidad de aflorarlo. Solo lo harán aquellos que tengan el aliento de Hacienda detrás”.

Uno de los mayores fraudes destapado por la Agencia Tributaria provocó en 2010 la principal regularización fiscal hasta entonces. Un total de 659 contribuyentes que tenían cuentas opacas en Suiza pagaron 260 millones para “legalizar” sus cuentas. En esta operación no se abrió un expediente formal, sino que fue un proceso “de verificación de obligaciones formales”. La norma que regula la amnistía fiscal excluye a las cuentas que Hacienda ya investiga o sobre las que ha iniciado un expediente de comprobación, pero no precisa nada para aquellos a los que se les haya abierto un proceso de verificación o reclamado información complementaria. Estos son, según los expertos, los que se acojan a la amnistía.

“Es imposible estimar cuánto se ha defraudado, pero es probable que se haya acumulado una importante bolsa de dinero negro, asociado al boom de la construcción”, opina Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo. “Para los que tienen ese dinero negro, puede ser muy ventajoso regularizar su situación con el pago de una multa del 10%, sobre todo si luego se pone mucho más difícil moverlo”. “El problema”, matiza, “es el efecto secundario de medidas como esta: los que pagan impuestos le ven ahora menos sentido, hay un deterioro de la moral fiscal, algo de lo que no estamos especialmente sobrados”. Estimar el impacto de ese efecto secundario, señala este catedrático es “tanto o más difícil” que calcular cuánto se puede recaudar.(el Gobierno espera 2.500 millones) con la amnistía fiscal.