El fraude de las cuentas suizas provoca la mayor regularización fiscal

Es solo la punta del iceberg, pero da una idea de la magnitud del fraude cometido por 659 contribuyentes con cuentas opacas en Suiza. Hacienda ha ingresado hasta septiembre 260 millones de euros por las cantidades que en su momento debían haber abonado esos españoles clientes de la filial suiza del HSBC, uno de los mayores bancos del mundo. La mitad de los contribuyentes, unos 300, se han avenido a pagar al saber que Hacienda había iniciado inspecciones contra ellos. Se trata de la mayor regularización -formalmente voluntaria- que ha conocido nunca el fisco, según aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña al comparecer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

La cantidad supera lo que el Estado ingresará por la subida del IRPF

Cada cliente investigado tenía entre cuatro y cinco cuentas de media

Por sí sola, esta actuación beneficia más a las arcas públicas que la subida del IRPF a las rentas altas decidida por Hacienda tras meses de estudio y que reportará el año próximo unos 200 millones de euros.

Las primeras cifras conocidas del caso de las cuentas suizas, destapado a mediados de junio, permiten vislumbrar la gran cuantía de lo defraudado. Si 300 sospechosos han accedido a ingresar 260 millones (casi uno por persona) en concepto de IRPF, eso implica que el volumen eludido al fisco, por ese o por otros impuestos, es muy superior. Ocaña rehusó precisarlo, pero aventuró que el dinero recaudado "se verá incrementado con toda seguridad", con sanciones que van desde el 50% de lo defraudado hasta el 150%. En una estimación prudente, esos 260 millones, que incluyen la cuota defraudada más los intereses de demora, podrían duplicarse, aunque es dudoso que se acabe sancionando a quienes han decidido regularizar.

En cualquier caso, el punto de partida es jugoso: los 659 contribuyentes cazados (todos personas físicas, salvo dos jurídicas) disponían de unas 3.000 cuentas en el banco, según ratificó ayer el secretario de Estado, lo que implica una media de casi cinco por cliente. Hacienda habló en su día de más de 6.000 millones fuera de control. Aunque Ocaña evitó asumirlo, el dato es compatible con las reglas de esa filial suiza del HSBC, que suelen exigir un mínimo de 1,6 millones de euros para abrir una cuenta. Previsiblemente, muchos de los casos acabarán en los tribunales por delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros). La Agencia Tributaria está a punto de remitir ya varios expedientes, avanzó.

El responsable de Hacienda se esforzó en subrayar que ese organismo investiga "a todos los contribuyentes de la lista" que proporcionaron las autoridades francesas a finales de mayo y que dio origen a esta investigación. En un primer momento, el fisco remitió cartas a los contribuyentes sospechosos de haber defraudado a Hacienda para que saldaran sus cuentas. Esa inusual invitación formal a declarar no funcionó, por lo que se decidió inspeccionar. Fue entonces cuando los titulares de las cuentas comenzaron a colaborar.

Con los resultados obtenidos hasta el momento, Ocaña intentó zafarse de las críticas que ha recibido la Agencia Tributaria respecto al procedimiento empleado en este caso, demasiado laxo al principio. "Las cartas [enviadas a los defraudadores] no excluyen sanciones, pero sobre todo interrumpen la prescripción; por eso eran una buena idea", replicó el secretario de Estado a las detalladas preguntas de Ana Madrazo, diputada del Partido Popular que había solicitado su comparecencia hace casi tres meses. Ocaña, poco dado al enfado, mostró su incomodidad con las palabras de Madrazo, a la que acusó de "irresponsabilidad" por vincular las subidas de impuestos con la supuesta laxitud de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude.

La prescripción constituía el principal riesgo del proceso, pues la información que aportó Francia, procedente de un robo por parte de un ex empleado del HSCB, hacía referencia a los ejercicios fiscales 2005 y 2006. El primero de ellos no podía investigarse después de junio (salvo en supuestos de delito fiscal, con un año más de plazo). Con el procedimiento iniciado antes de verano, ese riesgo parece superado, aunque existen dudas sobre 101 contribuyentes, de los 659 descubiertos, a los que Hacienda no les pudo notificar a tiempo la información fiscal. "Seguimos intentando otras vías para dar con ellos", respondió Ocaña a preguntas de los periodistas.

Al contrario que este caso, las cuentas opacas en el paraíso fiscal de Liechtenstein destapadas hace dos años solo han reportado ocho millones a las arcas públicas. Y esas cantidades se han ingresado por procedimientos voluntarios, no por sanciones. La mayoría de los casos estaban prescritos, alegó Ocaña, pues la información proporcionada -también procedente de un robo- hacía referencia al ejercicio fiscal de 2002. Los tribunales llegaron a investigar a 65 personas por este caso, pero solo 17 continúan en el proceso.

La extensa comparecencia de Ocaña también dio para referirse al proceso de apertura al capital privado de Loterías y Apuestas del Estado a partir de 2011. A la espera de conocer el proyecto, el responsable de Hacienda aseguró que el Gobierno "no tiene intención de que el 100% de la sociedad sea privada, ni siquiera que esté bajo control privado".