Tras los pasos de Berlusconi

“Gustará más o menos, pero tengo que hacerlo”. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sabía que, con la amnistía fiscal echaba toneladas de sal en la herida abierta de un fraude multimillonario. Montoro planteó la iniciativa como la única salida a una “situación extraordinaria”. Y se parapetó en los precedentes internos —“se ha hecho en otras ocasiones en España”— y externos —“se ha practicado con éxito en otros países”—. Incluso, recurrió a un organismo internacional: “Nos ajustamos a lo que recomienda la propia OCDE”.

Sin duda, el precedente más próximo, son las sucesivas amnistías fiscales que decretó en Italia el Gobierno de Silvio Berlusconi, que culminaron en abril de 2010. En total, los scudi suministraron a las arcas públicas italianas unos 5.600 millones, tras haber facilitado la regularización de 104.500 millones que tenían ciudadanos italianos en el extranjero para evitar el pago de impuestos.

La amnistía es una práctica recurrente en Italia, el reverso tenebroso de la impotente política de lucha contra el fraude. En el caso de los scudi de Berlusconi, se facilitaba la repatriación de fondos a cambio de pagar una multa (entre un 5% y un 7%) muy por debajo de los tipos de los impuestos que debían haber pagado.

La fórmula revelada este viernes por Montoro es muy similar a la italiana. Una multa, en este caso del 10%, que exonera de cualquier otra sanción o condena. La previsión de Hacienda es que esta “regularización extraordinaria” permitirá “aflorar” o “atraer” — los eufemismos son legión—, unos 25.000 millones que tenían que haber tributado por IRPF o impuesto de sociedades. La multa del 10% —el tipo del IRPF llega hasta el 52%, en el impuesto de sociedades al 30%— engordaría en 2.500 millones las arcas públicas.

Boyer y Sochaga también facilitaron regularizar rentas a defraudatores

En la última década y media, solo la iniciativa de Berlusconi logró una recaudación mayor en la decena de países de la OCDE que aprobaron amnistías fiscales. El club de los países ricos, que dejó hace años de censurar a los paraísos fiscales para decantarse por un foro de diálogo entre estas jurisdicciones opacas y los Gobiernos apoya “el desarrollo de estrategias para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de contribuyentes que hayan ocultado fondos en el extranjero”, según reza en un informe de 2007.

“La comunicación es esencial. Se tiene que percibir que la medida extraordinaria no va a ser repetida”, aconseja la OCDE. Montoro se aplicó el cuento: “Una oportunidad como ésta no va a volver a presentarse jamás”. La “ventana” estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre, con promesa de confidencialidad incluida. Luego, según el ministro, el plan de lucha contra el fraude “será muy severo”, con mayores sanciones.

La firmeza de este compromiso queda en entredicho por la propia experiencia italiana. Y por la española. En 1992, el entonces ministro de Economía, el socialista Carlos Solchaga, llegó a prohibir por ley que “se dictara disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, una amnistía fiscal”. Lo hizo tras haber desarrollado, un año antes, las últimas medidas que habían merecido este nombre en la política española. Solchaga permitió canjear pagarés del Tesoro, con un régimen fiscal opaco, y aflorar deducciones irregulares, a través de la compra de títulos de deuda pública especiales.

Antes hubo otra amnistía fiscal, la que permitió en 1984 el ministro de Economía, Miguel Boyer: se ofreció a los defraudadores adquirir, sin sanciones y de forma anónima, los pagarés del Tesoro que luego regularizó Solchaga. En estos casos, el precedente es lejano, tanto por la fórmula, como por el contexto: en aquellos años, los sistemas de control de la Agencia Tributaria y la legislación estaban muy alejadas de los parámetros europeos. Pero sí hay un argumento común: entonces y ahora, la necesidad de ingresos para cerrar el déficit era asfixiante. Y se ensayó un atajo, aun a riesgo de amparar una práctica nociva para las arcas públicas y nada equitativa para los que sí pagan impuestos.