Hacienda obligará a tributar por primera vez por el salario mínimo tras negarse a adaptar el IRPF a la subida de 2025
A un 20% de los perceptores del SMI se le aplicarán las retenciones del impuesto sobre la renta, según cálculos del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo. El Consejo de Ministros aprueba el incremento a 1.184 euros, 50 más
![La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MKVXL3LTTREGBKSW346X5MVDZA.jpg?auth=4bde3e051429b5f8dac5359bebff241c5e4759afdc70020d7f7eb7265f09cf7b&width=414)
Discusión zanjada. El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente que no actualizará el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, según trasladan fuentes del departamento. La medida no está exenta de controversia ni en el seno del Gobierno ni en el ámbito económico y académico, ya que obligará a una parte de las rentas bajas a tributar por el SMI por primera vez. Hacienda defiende que, pese a esta falta de adecuación, los contribuyentes de menor renta llevan años beneficiándose de rebajas fiscales en el gravamen. A eso se le añade que las retenciones que ahora empezarán a aplicarse afectarán solo a una pequeña porción de trabajadores, principalmente a los solteros sin hijos: según cálculos del grupo de expertos reunido por el Ministerio de Trabajo, y que confirman desde Hacienda, representan aproximadamente el 20% de los perceptores del SMI, cerca de medio millón de personas.
El SMI crece hasta 16.576 euros brutos (700 euros más) al año, equivalente a 1.184 euros al mes en 14 pagas, una subida del 4,4%, por encima del alza de los precios. Al día se queda en 39,47 euros, frente a los 37,8 que venían aplicando, y por hora crece de 8,87 a 9,26. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero defienden que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el SMI se situaba en 10.303 euros al año. Por lo tanto, ha subido un 61% en este periodo y aquellos contribuyentes que ahora puedan sufrir una retención pagarán muchos menos impuestos que los que abonarían con el esquema que operaba durante el antiguo Gobierno del PP.
Por ejemplo, un contribuyente con pareja y con un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención en el IRPF por las sucesivas rebajas aplicadas en los últimos años. Sin estas, la factura ascendería a 839 euros al año. Por su parte, un contribuyente con pareja y con un hijo mayor de tres años tendrá una retención de 99 euros en lugar de 1.109 euros.
Tradicionalmente, Hacienda ha ajustado los mínimos exentos del IRPF para alinearlos con los incrementos aprobados año a año, evitando así que los beneficiarios del salario mínimo tuvieran que tributar. Sin embargo, en esta ocasión ha decidido mantener el límite de tributación en el nivel actual, lo que implica que parte de los trabajadores que perciban el nuevo suelo salarial deberán pagar IRPF por el excedente. En la mayoría de los casos lo harán vía retenciones, ya que, por lo general, estos asalariados no están obligados a presentar declaración de la renta. Los más afectados serán los solteros sin descendientes, dado que no pueden aplicarse las deducciones por situación familiar: los que cobren el nuevo SMI pasarán a pagar de 0 a 300,03 euros. Sigue siendo una diferencia notable frente a los 1.324,42 euros que abonaría el mismo salario en 2018, defiende Hacienda.
Desde que el grupo de expertos reunido por el Ministerio de Trabajo anunciara a principios de enero su propuesta para elevar el SMI, Hacienda reconoció que estaba estudiando la posibilidad de no acompasar esta vez el impuesto con la subida. Eso provocó una pequeña polémica entre las dos facciones del Gobierno que fue subiendo de tono. La semana pasada, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pidió evitar los “discursos populistas”, algo que muchos entendieron como un mensaje directo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien dijo que “la justicia fiscal, sin populismos, empieza por los de arriba”.
Díaz ha insistido en el mismo mensaje este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Una peluquera en España tributa al 17,5% y una gran corporación lo hace al 3,8%”. “Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España y les hemos dicho que desgravarán el 100% del IRPF [en referencia a los propietarios que pongan sus vivienda en alquiler]”, ha añadido Díaz, para reforzar su argumento. La vicepresidenta segunda ha señalado que no ha habido deliberación sobre la exención en el Consejo de Ministros y que se ha enterado de la decisión por los periodistas. “Los españoles se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Nosotras somos claras, queremos que quien más tiene aporte más y que las rentas de 16.500 y pocos euros al años estén exentas. Aunque no nos compete a nosotros, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados va a contar con la anuencia de Sumar”, ha agregado Díaz.
Hay expertos que argumentan que el SMI ha subido tanto en los últimos años —lo ha hecho un 61% desde 2018— que ya ha llegado el momento de que empiece a tributar, dado el agujero que una nueva rebaja provocaría en las cuentas públicas. En Hacienda parecen haber hecho suyo este argumento, mientras que en Trabajo defienden una nueva actualización del mínimo exento para que la mejora retributiva se quede, de manera íntegra, en los bolsillos de los trabajadores.
Como el mínimo exento se mantendrá en el nivel que marca el antiguo SMI, el exceso de renta a partir de esa cantidad empezará a tributar. Eso provocará que, en una declaración individual de un soltero sin hijos, las retenciones vía IRPF se disparen, dado el funcionamiento errático de los tipos marginales del impuesto, que pueden llegar al 43%. El impacto, sin embargo, será muchísimo menor en el caso de los contribuyentes de rentas bajas con hijos, dadas las deducciones vinculadas a la situación personal y familiar.
En el propio informe de los expertos de Trabajo, de hecho, se daba por asumido que, tras el incremento correspondiente a 2025, “el nuevo SMI sería objeto de retención”. No obstante, recalcaban estos expertos, se estima que “el 80% de los perceptores del SMI en 2025 no serían objeto de retención por sus circunstancias personales”. Dado que los perceptores del salario mínimo son aproximadamente 2,5 millones de personas según cálculos de Trabajo, el recargo fiscal a través de las retenciones del IRPF afectaría a medio millón de contribuyentes.
Apoyo sindical, no empresarial
La subida del 4,4% va en correspondencia con la banda alta de la recomendación de los expertos del Ministerio de Trabajo. Este grupo de analistas universitarios, sindicalistas y del propio Gobierno indicaron que para que el SMI ni perdiera poder adquisitivo ni dejase de estar acompasado con el 60% del salario medio debía crecer o un 4,4% o un 3,4%, en función del método con el que se calculase ese 60% (que también es un compromiso del pacto de gobierno). Desde el inicio de la conversación con sindicatos y patronales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó a una subida de 50 euros.
La consulta a los agentes sociales fue breve, de solo tres reuniones. Los sindicatos reclamaban un incremento mayor, de entre el 5% y el 6%, pero aceptaron el 4,4% con la condición de que el Gobierno abra otra conversación para abordar otros asuntos relacionados con el SMI, como la trasposición de la directiva europea al respecto o la absorción de complementos en algunas empresas para compensar las subidas anuales.
Las patronales, por su parte, plantearon un crecimiento del SMI del 3%, muy cerca de la banda baja de los expertos (3,4%). Era una propuesta que superaba la inflación de 2024 (2,8%). Sin embargo, estaba condicionada a otras dos peticiones que el Gobierno ha rechazado: bonificaciones en el campo (los sindicatos las rechazaban de plano, al argumentar que el sector tiene beneficios y firma convenios que superan el SMI) y revisar las contratas públicas (lo que Hacienda, que tiene la competencia, rechaza). “Son clásicos populares”, bromeó en una rueda de prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya que son las mismas peticiones que los empresarios plantearon el año pasado y que ya dieron al traste con un acuerdo.
Más de dos millones de beneficiados
El Ministerio de Trabajo calcula que la subida beneficiará a 2,4 millones de personas. De ellas, un 65% son mujeres, 1,58 millones. “La mejor herramienta para la reducción de la desigualdad salarial en España se llama salario mínimo, junto con la educación pública de 0 a 3 años o la prestación universal por hijo a cargo”, ha dicho Díaz. Del total de asalariadas, un 18% perciben el salario mínimo, frente a la incidencia del 8% que tiene entre los hombres.
La subida también beneficia especialmente a los jóvenes: un 26,8% de los asalariados de 16 a 24 años cobran el SMI, frente al 11,5% entre los mayores de 55 años. En la misma línea, los territorios donde más crecerán los salarios son los que sufren más precariedad laboral: el incremento beneficiará al 20,8% de los empleados extremeños, frente al 6,7% del País Vasco. Por sectores, subirán las nóminas del 31% de los empleados en el campo, frente al 6% de la industria o el 3,4% de la construcción.
“A España le sienta muy bien subir el salario mínimo interprofesional, tanto es así que hoy tenemos niveles de ocupación sin precedentes. La subida del SMI en España es una historia de éxito”, ha agregado Díaz, antes de criticar las retribuciones de los dirigentes de las grandes compañías: “Lo que es una amenaza es que haya una brecha de 25 veces de distancia entre la percepción de un directivo de un Consejo de Administración de nuestro país y un perceptor del SMI. Eso se ha roto en España. El problema no es el SMI, es que tenemos rentas demasiado elevadas en lugares de los que nunca hablamos. Su capacidad de reequilibrio e incidencia social es clave”.
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