¿Deben los perceptores del salario mínimo tributar por IRPF?

El Gobierno aprueba este martes un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional: pasa de 1.134 euros brutos al mes a 1.184 en 14 pagas. Cada año, de la mano del aumento, el Ministerio de Hacienda también elevaba el mínimo exento de IRPF para que los empleados con la menor retribución posible no vieran mermado el incremento. Pero el salario mínimo ha crecido tanto en los últimos años (un 61% desde 2018, una vez se confirme la nueva subida) que ya lo perciben 2,5 millones de personas. Y, según los cálculos del Gobierno, ya supone el 60% del salario medio. Por ello, algunas voces empiezan a poner el foco en el bocado que supone en las cuentas públicas que tantas rentas del trabajo no tributen. EL PAÍS ha consultado a varios expertos para que den su visión al respecto.

Antes, conviene precisar las posiciones dentro del Ejecutivo. Hacienda, que toma la decisión porque tiene la competencia, baraja no elevar el mínimo exento, como adelantó EL PAÍS. Por mucho que se le pregunte al departamento de María Jesús Montero al respecto, aún no ha precisado su decisión, que emplazó para después del anuncio del incremento. Una vez presentado, aún no hay fumata blanca.

Trabajo, por su parte, defiende hacer lo mismo que en los últimos años, elevar el mínimo. A diferencia de la pelea con Economía por la letra pequeña de la reducción de jornada, Yolanda Díaz ha mantenido un perfil menos beligerante, pero también ha habido choque de declaraciones. Montero criticó “los discursos populistas” tras ser preguntada por la postura de Trabajo respecto al IRPF y el SMI. “Me gustaría que hiciera hincapié en la pedagogía fiscal”, dijo, y sin aludir directamente a Díaz agregó que “se demoniza que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos”. Díaz contestó aludiendo a la “justicia fiscal”, que en su opinión “empieza por arriba y no por abajo”.

¿Qué opinan los expertos?

Luis Zarapuz, del gabinete económico de CC OO y uno de los expertos de la comisión que recomendó el incremento del SMI, cree que “todas las rentas” deben contribuir al sostenimiento fiscal del país, y que ello incluiría “a las rentas del trabajo” en conjunto. Indica que, ante el proceso de subida del SMI en los últimos años, “es normal que en algún momento se aborde el debate sobre la tributación”, pero considera que no se debería plantear ahora. Él y su sindicato opinan que España necesita una “reforma fiscal ambiciosa, progresiva y progresista”, pero como no se dan las condiciones para conseguirla (dada la aritmética parlamentaria), “no es razonable empezar por la tributación de las rentas más bajas”. No ve aceptable que se abra este debate mientras “se está hablando de exenciones del 100% a los propietarios de vivienda que alquilan”.

Uno de los aspectos que molestan a CC OO en este debate es que activa una argumentación “anti impuestos” que les parece perjudicial. “Creemos que hay que hacer pedagogía fiscal, que todos debemos contribuir por el bien de los servicios públicos. Pero no vemos ese esfuerzo en el Gobierno. Es un viaje que no se está produciendo, así que empezar por el lado del débil no es equitativo”, añade Zarapuz.

Entre los expertos tributarios hay una idea generalizada: tender a la universalización del IRPF para que lo declare cada vez más gente. Hay dos motivos principales, uno recaudatorio y otro, más importante para todos ellos, relacionado con un correcto despliegue de las políticas públicas de redistribución. “Es muy difícil implementar medidas cuando no tienes la información completa de los hogares a los que te quieres dirigir”, resume Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. Por eso, añade, es crucial poder identificar a los hogares que necesitan transferencias puntuales y otro tipo de ayudas, algo que se consigue con la declaración del impuesto. “Si seguimos actualizando el mínimo exento, estamos yendo en la dirección contraria”.

Julio López Laborda, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, también cree que habría que seguir dando pasos para convertir el IRPF en un instrumento con el que canalizar la principal contribución tributaria de todos los ciudadanos, pero también la percepción de prestaciones sociales, en especial las relacionadas con la renta. “Eso exigiría la extensión de la obligación de declarar a todos los ciudadanos”, apunta. Así se logra, ejemplifica Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Tributario en la Universidad Carlos III, poner en pie de igualdad a los contribuyentes negativos —que son los que obtendrían un ingreso por parte de Hacienda— con el resto. Y además estarían localizados en el futuro para poder agilizar ayudas sociales u otras prestaciones.

Todo pasaría, explica Jesús Ruiz-Huerta, presidente del grupo de expertos para la reforma fiscal, por utilizar las denominadas “deducciones reembolsables”. Mientras que las clásicas se limitan a reducir la deuda tributaria de los contribuyentes, las reembolsables, cuando la cuantía de la deducción es superior a la deuda tributaria, abonan la diferencia como una prestación. Con este esquema, la totalidad de los ciudadanos contribuyen con el Estado del bienestar y se protege a las capas más vulnerables aumentando la progresividad “al permitir a la población de rentas bajas, que hasta ahora no podía aprovechar ese tipo de ventajas, acceder a estos beneficios fiscales”. A esto se le añade, señala Ruiz-Huerta, la posibilidad de acabar con el estigma “del pobre dependiente”, una descalificación que afecta a los exonerados de tributar, que tienden a convertirse, especialmente desde una óptica conservadora, en “pobres crónicos o permanentemente dependientes”.

El problema es que, mientras que llega esa reforma integral del IRPF, las rentas bajas se enfrentarían a un recargo fiscal a modo de retenciones si no se actualizan los mínimos exentos, con tipos marginales de más del 40%. Por eso, sugiere Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, sería lógico encontrar una solución justa, que evite distorsiones y que sea asumible desde el punto de vista recaudatorio, como crear un primer tramo a un tipo inferior al 10%. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, propone como alternativa intermedia subir el importe mínimo a partir del que se retiene, pero menos que la subida del SMI. “Así esos contribuyentes se quedan con más ingresos, pero a la vez pagan algo”. Es una “solución de compromiso”, porque “no se puede tener a cada vez más gente sin tributar”. López Laborda añade que, si se aligera la carga tributaria en la parte baja de la escala, “hay que aumentarla en la parte alta”.

El portavoz económico de Sumar, el diputado Carlos Martín, defiende que el mínimo exento crezca hasta el nuevo salario mínimo interprofesional: “Es lo normal. Lo habitual es que los salarios mínimos o más bajos no tributen en el IRPF. Esto pasa en Francia, en Alemania, en Portugal o en Grecia. Parece razonable que el salario mínimo, que está pensado para personas sin experiencia laboral y de cualificación baja, esté exento de IRPF”.

Ante uno de los argumentos más recurrentes para defender la tributación, que el SMI ya llega a unos 2,5 millones de personas y que resulta problemático que tantas rentas del trabajo queden fuera del sistema, el diputado contrapone que “no deberían ser tantos”. Es decir, “son tantos porque hemos hecho en muy poco tiempo (subir el SMI un 61% desde 2018) lo que se debería haber hecho en 20 años”. Cree que antes el SMI estaba “desconectado” de la realidad laboral y productiva del país, “y que por ello muchas personas perciben el SMI cuando no deberían estar ahí”. Espera que poco a poco las retribuciones crezcan, que el SMI solo repercuta en los profesionales más jóvenes y de menor cualificación, e indica que las empresas tienen capacidad para emprender ese camino: “Están ganando más que nunca”.