Yolanda Díaz anuncia que el salario mínimo subirá 50 euros en 2025, hasta los 1.184 euros al mes

El Gobierno ha tomado la decisión, con el visto bueno de los sindicatos, pero no de las patronales, de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 en 50 euros, lo que eleva su cuantía un 4,41%, hasta los 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas (16.576 euros al año). Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una vez finalizada la que ha resultado la última mesa de negociación con los agentes sociales, pese a que la potestad de determinar el sueldo base recae exclusivamente sobre el Gobierno. De esta forma, el departamento que dirige Díaz, que ha capitaneado de nuevo las conversaciones, se ha decantado finalmente por el extremo más elevado de la horquilla que planteaba en su informe el comité de expertos para equiparar así el SMI con el 60% del salario medio.

“El diálogo social funciona en nuestro país, y damos un paso adelante dando una buena noticia a los trabajadores. Quiero agradecer a los agentes sociales su participación, también a la patronal, que esta vez ha presentado propuestas concretas pese a que no ha sido posible alcanzar un acuerdo a tres”, ha señalado Díaz.

Junto con el anuncio de la subida de 50 euros, la vicepresidenta ha señalado que dentro del acuerdo a dos con los sindicatos se ha pactado la convocatoria en el plazo de dos meses de una mesa de diálogo social que evalúe distintas cuestiones como la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos; el lanzamiento de campañas específicas por parte de la Inspección de Trabajo para garantizar el complimiento del SMI en los sectores más afectados, y la definición de medidas dirigidas a la mejora de su implantación.

“Lo que había sucedido con el decreto ómnibus merecía un mayor esfuerzo de responsabilidad en lo que a nosotros nos corresponde. Hemos cedido parte de nuestras reivindicaciones, porque nos ha parecido mucho más importante alcanzar un acuerdo. Los interlocutores sociales arrimamos el hombro”, ha defendido Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, por su parte, ha matizado que algunas de las cuestiones que su sindicato planteará en esa futura mesa programada para dentro de los dos meses tendrán que ver con la imposibilidad de que las subidas del SMI se absorban por medio de complementos o pluses; que los convenios colectivos ajusten automáticamente sus tablas salariales con cada una de las subidas (lo que evitaría tener que recurrir a la justicia en cada ocasión); y actualizar los rangos de hora trabajada ―fundamentales en sectores como el de las empleadas del hogar― si finalmente se produce la reducción de jornada.

Pese a haberse acordado este miércoles, al filo de que concluya el mes de enero, el nuevo salario mínimo se aplicará de forma retroactiva una vez sea aprobado en el Consejo de Ministros. Un formalismo que desde el Ejecutivo trasladan al próximo 11 de febrero, dentro de dos semanas. “Vamos a hacer todo lo posible para que se haga con carácter inminente”, ha apuntado Díaz. Como ya ha sucedido con anteriores retoques, los cerca de dos millones y medio de trabajadores que cobran este salario (la mayoría de ellas mujeres en el sector servicios) verán actualizada en su nómina de febrero la diferencia respecto de la del mes precedente.

Aunque ya se ha definido la nueva cuantía ―que se ha incrementado un 60,91% desde 2018, cuando estaba en 735,9 euros―, sigue sin conocerse si este nuevo suelo salarial estará exento de tributación en la declaración de la renta, como venía sucediendo hasta ahora. Una premisa fundamental para UGT, que había amenazado incluso con borrarse del acuerdo si esto no sucedía. Fuentes del Ministerio de Hacienda han venido rechazando pronunciarse al respecto (aunque han dejado caer que podrían no modificar el límite en esta ocasión) hasta que la negociación no hubiera terminado. Consultados por este periódico tras la resolución de esta mañana, siguen sin dar una respuesta concreta.

“Nuestra posición respecto a la exención es la misma que hemos defendido todos estos años: que el SMI quede exento, pero esto es una competencia que no radica en este ministerio”, se ha limitado a decir Díaz. Los sindicatos, por su parte, también han indicado que presionarán para que este “salario de supervivencia” siga manteniéndose libre de cargas.

Pese a los movimientos de última hora, las patronales CEOE y Cepyme han vuelto a quedarse fuera del acuerdo, al negarse el Gobierno a atender una serie de demandas que vienen poniendo sobre la mesa recurrentemente en cada negociación sobre el SMI. Pese a que el órgano que dirige Antonio Garamendi había propuesto un aumento del 3% ―lo que elevaba el salario mínimo hasta los 1.167 euros―, un porcentaje en línea con lo que ya formularon en la anterior negociación, también había reclamado bonificaciones para el sector agrario y revisar las contratas públicas. Dos aspectos que chocan frontalmente con los posicionamientos de los sindicatos.

Sin embargo, en esta ocasión, tanto Díaz como los representantes sindicales han celebrado el comportamiento de las patronales en las tres sesiones en las que terminado por resolverse esta última subida. A pesar de estas caricias, y como es costumbre, ningún representante de los empresarios ha hecho declaraciones al respecto.

Equiparación conflictiva

La senda de subidas que lleva protagonizando el Gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez está directamente relacionado con el cumplimiento de la Carta Social Europea suscrita por el Ejecutivo de coalición, y que le conmina a mantener el salario mínimo interprofesional a la altura del 60% del salario medio del país. Una equiparación conflictiva que tiende a no satisfacer a todas las partes, puesto que la delimitación del salario medio es una tarea complicada, y que da pie a reclamaciones diversas.

En esta ocasión, los sindicatos han presionado al Trabajo para que subiera el SMI hasta el entorno de los 1.200 euros (lo que supondría un alza del 5,8%), por entender que el fijado hasta ahora, de 1.134 euros, estaba notablemente por debajo, y que cualquier incremento que no empatase con esta barrera suponía una pérdida de poder adquisitivo para estos trabajadores. “Los datos del salario medio en nuestro país, desde nuestro punto de vista, son los de Eurostat, Seguridad Social, y Agencia Tributaria, y las tres están en esa dimensión”, ha venido defendiendo Pepe Álvarez, líder de UGT.

En su informe, el grupo de académicos encargado de hacer los cálculos (entre los que se encuentran diversos profesores universitarios, economistas, así como miembros del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos, pero no de las patronales) concluía que “situar el SMI de 2025 en el 60% del salario medio neto de 2024 exigiría un aumento del SMI bruto en 2025 del 3,44% o del 4,41%, dependiendo de la forma específica de estimar el salario medio neto”. Vistas estas dos propuestas, Trabajo ha terminado por decantarse por la banda más elevada, toda vez que esta se sitúa por debajo de las demandas sindicales.

Además de por la celebración de la reunión de este miércoles, el salario mínimo se ha situado en el centro de la conversación en la última semana por la caída del primer decreto ómnibus (convalidado este martes), en el que, junto con otras muchas medidas, se incluía la prórroga de la vigencia del SMI de 2024 hasta que concluyeran las conversaciones para fijar el de 2025. Al no haberse logrado los apoyos parlamentarios suficientes, este decreto decayó, dejando en el limbo la vigencia de un suelo salarial base, que desde el Ministerio de Trabajo rápidamente quisieron resolver por medio de la publicación de un criterio interpretativo emitido por la Dirección General de Trabajo que impedía llevar a cabo contrataciones con sueldos por debajo de los 1.134 euros.