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UGT luchará por un salario mínimo de 1.200 euros, la jornada de 35 horas y un despido más caro en esta legislatura

El sindicato cree que la reducción de la jornada máxima legal es un primer paso para recortarla hasta las 32 horas

Raquel Pascual Cortés
UGT
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. EFE/ J.P.GandulJ. P. Gandul (EFE)

“Queremos que en el Estatuto de los Trabajadores, donde pone que la jornada máxima legal son 40 horas semanales, ponga 35 horas”, ha reclamado este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una comparecencia pública para dar a conocer el plan estratégico de actuación del sindicato en el arranque de la legislatura. Junto a la reducción de la jornada máxima legal a 35 horas, una reivindicación histórica de este sindicato, Álvarez ha apuntado que peleará porque el salario mínimo inteprofesional —ahora fijado en 1.080 euros al mes— suba al entorno de los 1.200. Además, el sindicato defenderá una reforma en profundidad de la indemnización por despido, que ahora considera, “demasiado barata”, para que estas compensaciones tengan en cuenta las circunstancias personales del trabajador despedido.

Según ha explicado Álvarez, la última vez que se tocó la jornada laboral en España fue en 1984, por el entonces ministro de Trabajo socialista, Joaquín Almunia, quien redujo su máximo legal de 44 a 40 horas semanales, “y en estos cuarenta años, la productividad de la economía española ha mejorado notablemente, en algunos sectores de manera espectacular. Hoy hacen falta 30 trabajadores menos para construir un coche y eso tiene que manifestarse en la jornada máxima legal”. No obstante, ha especificado que la reducción a 35 horas semanales es “un marco de negociación hacia una jornada de 32 horas en la negociación colectiva”. Pero ha insistido en que si no se reduce legalmente la jornada de 40 a 35 horas como máximo “sería muy difícil conseguir las 32 horas en ningún convenio”.

En materia de despido, UGT quiera hablar “de su precio, porque sigue siendo barato”, ha dicho Álvarez. En ese sentido, se ha remitido a la demanda interpuesta por el sindicato ante el Consejo de Europa, para que la indemnización sea “disuasoria y reparadora”; esto es, que tenga en cuenta algunas circunstancias personales del trabajador, como la formación, o su empleabilidad más allá de la antigüedad, que también se mantendría para calcular el despido. “Ahora llevar un despido a los tribunales es más simbólico que reparador; o lo cambia el próximo Gobierno o lo hará la UE” en referencia a la resolución a su citada demanda, que previsiblemente verá la luz antes de final de año.

Asimismo, el líder ugetista ha situado un nuevo incremento del salario mínimo hasta elevarlo al entorno de los 1.200 euros en este año, ya que, según los cálculos del sindicato —que utilizan la estadística de la Agencia Tributaria—, esa cantidad representaría el 60% del salario medio, como reclama la carta social europea, y no los 1.080 euros mensuales aprobados para este ejercicio.

A estas tres grandes iniciativas, UGT suma la necesidad de modificar la recién aprobada Ley de Empleo, que regula las políticas activas y de formación de parados y ocupados, así como el funcionamiento de las oficinas públicas. En su opinión, pese a los buenos resultados de la reforma laboral en materia de eliminar la temporalidad, esta no está consiguiendo evitar que aumente el desempleo de larga duración. “Tampoco vamos a aceptar que España tenga pleno empleo con un 8% de paro y se renuncie a colocar a esos desempleados”, ha explicado Álvarez.

Por ello, ha considerado que el futuro Gobierno deberá negociar los ajustes necesarios en la Ley de Empleo con patronal, sindicatos y, sobre todo, comunidades autónomas, que tienen las competencias de intermediación laboral. En este punto, ha denunciado que mientras en países como Dinamarca cada orientador de las oficinas públicas de empleo tiene a su cargo 200 parados como máximo, en España cada orientador gestiona 2.200 parados. Eso es lo primero que hay que cambiar, ha dicho el líder sindical.

No hay que reabrir la reforma de pensiones

Pero no todo han sido deberes para el próximo Gobierno y la patronal. Álvarez ha destacado hoy que la reforma de pensiones aprobada en dos fases en la pasada legislatura (en 2021 y 2023) es “un capítulo cerrado” que no hay que reabrir. Así ha respondido el líder de UGT ante la petición de la agencia estadounidense de calificación de deuda Moody’s que este pasado martes aconsejó a España nuevos ajustes en su sistema de pensiones para evitar un deterioro de su calificación crediticia, ya que según su análisis, el fuerte envejecimiento de la población española y la revalorización de las prestaciones con el IPC restarán eficacia a las reformas acometidas por el anterior Gobierno, hasta el punto de poder dispararse el déficit de la Seguridad Social hasta el 4% a finales de la década de 2040 si no se toman medidas.

Álvarez arremetió duramente contra esta advertencia de Moody’s sugiriendo que detrás del análisis de esta agencia está su intención de “engordar los grandes fondos ni grandes capitales” y ha criticado sus “intereses económicos”. Por el contrario, este sindicalista ha asegurado que UGT analiza el sistema de pensiones “desde la perspectiva humana” y esa indica que “lo que provocaría una situación caótica insoportable es que los pensionistas no vean revalorizada su pensión con la inflación”.

Dicho esto, ha recordado que el último acuerdo de pensiones firmado solo por el Gobierno y los sindicatos, sin la patronal, incluye cláusulas que obligan a revisar el sistema cada tres años, bajo la supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que hará que “se tomen las medidas que correspondan ante los desvíos del gasto; porque nosotros somos los primeros que no queremos que se pudra el sistema de pensiones”, ha concluido el líder ugetista.

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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