El 65% de los caseros se beneficiarían de la exención en el IRPF por abaratar el alquiler

Casi el 65% de los caseros de vivienda que hay en España podrían beneficiarse de la rebaja del 100% en el IRPF que libraría de tributar a las rentas del alquiler, y en cuyo diseño está trabajando el Gobierno para terminar de darle forma. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la puesta en marcha de una batería de medidas destinadas a descongestionar el mercado y promover el acceso de las clases trabajadoras —en particular de los jóvenes— a la vivienda. Una de ellas es una exención total en el impuesto sobre la renta de los rendimientos que obtengan los propietarios que alquilen sus inmuebles y, previsiblemente, sigan los límites del Índice de Precios de Referencia desarrollado por el Ministerio de Vivienda, que son sustancialmente inferiores a los precios del mercado. Aunque los detalles de la medida siguen en fase inicial, el esquema que se maneja invita a la mayoría de los rentistas a abaratar sus pisos, ya que la pérdida de ingresos inicial se vería compensada por la rebaja fiscal posterior.

Según las proyecciones realizadas por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a casi dos de cada tres caseros les saldría a cuenta ceñirse al índice oficial, con ahorros medios de entre 67 y 347 euros anuales. Para llegar a estas conclusiones, que hay que tomar con cautela porque todavía se desconoce la letra pequeña de la futura bonificación, Gestha ha analizado los datos recogidos en las estadísticas anuales del IRPF que publica la Agencia Tributaria (y que muestran los rendimientos medios del alquiler que obtiene cada tramo) y las cifras de las encuestas de presupuestos familiares del INE.

A raíz de ellas, prevé que los cerca de 350.000 caseros con ingresos totales —rentas del trabajo, de la inversión, del alquiler, etcétera— de entre 12.000 y 21.000 euros anuales ahorren 67,65 euros por ejercicio si se acogen al requisito de rebaja de renta. Por su parte, otros 357.000 arrendadores (en este caso con ingresos de entre 21.000 y 30.000 euros) dejarían de pagar 184,47 euros a Hacienda, mientras que los 687.000 caseros que obtienen entre 30.000 y 60.000 euros al año ahorrarían 347,23 euros. En total, serían casi 1,4 millones de propietarios, de los más de dos millones que alquilan vivienda habitual.

Los cálculos preliminares de Gestha concluyen también que a los 466.000 arrendadores con tramos de ingresos totales en el IRPF inferiores a los 12.000 euros no les interesaría limitar la renta al no obtener ningún beneficio posterior, debido principalmente a que no tributan y no tienen que presentar la declaración.

Tampoco tendrían ningún incentivo neto los caseros con ingresos superiores a los 60.000 euros, ya que habitualmente alquilan casas más caras y la bonificación no superaría el importe de la rebaja. Según los datos de la Agencia Tributaria, en el tramo que se mueve entre los 60.000 y 150.000 euros anuales de ingresos hay casi 238.000 caseros que, de acogerse a la exención del 100%, perderían 540 euros por ejercicio. En los tramos superiores de renta hay muchos menos propietarios —poco más de 50.000— que dejarían de ganar hasta 13.800 euros en los casos más extremos.

Todos estos supuestos, precisan desde Gestha, se han calculado para una persona en declaración individual, sin cargas personales ni familiares. Además, no se contemplan las reducciones de la base imponible (como aportaciones a planes de pensiones u otras) ni las deducciones fiscales a las que suelen tener derecho los contribuyentes. Para el ejercicio, la escala de gravamen de la base liquidable general es la estatal, sin considerar las escalas y mínimos personales autonómicos. Por eso, las cuantías de ahorro podrían modularse al alza o a la baja en función de la redacción final de la norma, que también podría vetar el beneficio fiscal para ciertos perfiles de caseros.

Aunque la medida propuesta por el Gobierno todavía tiene que concretarse, las bonificaciones fiscales que se han puesto sobre la mesa recuerdan a las rebajas que ya se impulsaron en la ley de vivienda. Esa normativa, que permitía a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado tensionado, contemplaba un abanico de descuentos para estimular el alquiler a precios asequibles. De entrada, la reducción general en el IRPF a la que pueden acogerse todos los arrendadores, del 60%, bajó al 50% con la ley, pudiendo aumentarse hasta un máximo del 90% en el caso de que los caseros rebajaran la renta al menos un 5% respecto al último contrato. Sin embargo, para que los propietarios puedan acogerse a ellas, es indispensable que los gobiernos regionales declaren la zona como tensionada, algo que hasta la fecha solo ha hecho Cataluña porque el resto de comunidades, gobernadas en su mayoría por el PP, bloquean la norma. Con esta propuesta se pretende sortear esa parálisis, por lo que la nueva bonificación operará en toda España y tendrá un impacto notable para Hacienda, cuya cuantía, según el Ejecutivo, no se ha calculado todavía.