España exige duplicar de forma permanente el presupuesto europeo ante el reto de Trump

La batalla sobre el próximo ciclo presupuestario de la Unión Europea ya se ha abierto y España irrumpe con fuerza en ella. El Gobierno socialista ha elaborado un documento para presentar en Bruselas en el que reclama que las cuentas de la UE aumenten su gasto “al menos hasta una cantidad anual del 2% del PIB”, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Esto supone el doble del presupuesto ordinario en la Unión. Hace falta invertir muchísimo dinero de forma conjunta en las transiciones ecológica y digital para que la economía europea no pierda más competitividad frente a China y unos Estados Unidos que amenazan cada día con subir aranceles. Al mismo tiempo, los 27 precisan más gasto en defensa para disuadir a Rusia y responder a las exigencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que ha llegado a pedir que los países socios de la OTAN suban esta partida hasta el 5% del PIB, una cifra a la que ni se acerca su propio país.

Todavía falta mucho para que se acabe el actual marco presupuestario plurianual de la UE, que va de 2021 a 2027. El siguiente, en teoría, irá de 2028 hasta 2034 y en su diseño, como ya sucedió con el actual, el Gobierno de Pedro Sánchez, uno de los líderes más longevos del Consejo Europeo (con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán), quiere dejar su impronta y lo hace con un documento que ya en su título pide que el próximo marco sea “mayor y más audaz”. El debate siempre se lanza con mucho tiempo, porque las discusiones son largas y apasionadas entre los Estados que son contribuyentes netos al presupuesto comunitario -con Alemania a la cabeza- y los receptores. El actual contexto geopolítico, con la guerra de Ucrania todavía abierta, la casi certeza de que hay un conflicto comercial a las puertas provocado por Trump y las imperiosas necesidades de inversión de la economía de la UE, favorecen a los países receptores, normalmente más partidarios de incrementar la potencia de fuego de las cuentas comunes.

La mejor prueba de que la batalla ha empezado es que el propio Colegio de Comisarios mantuvo un retiro de dos días hace un par semanas para preparar su posición. La intención del comisario de Presupuestos, el polaco Piotr Serafin, es tener lista una primera propuesta en la primera mitad de este año, sobre la que hay muchas expectativas tanto por su tamaño como por la reestructuración prevista.

En este debate, lo que más esfuerzos políticos consumirá es el tamaño del presupuesto y su financiación. El marco plurianual está normalmente en un gasto anual equivalente al 1% del PIB de la UE. En esta edición, 2021-2027, esa cifra está distorsionada por el fondo de recuperación para aliviar el golpe de la pandemia. Eso eleva la cifra de forma extraordinaria hasta algo menos 2% del PIB. En total, estaba previsto que fueran 1,8 billones de euros para siete años, de los que 750.000 millones corresponden al fondo, si bien finalmente el montante global se ha quedado en 650.000 millones. Todo esto se aprobó con una condición férrea de los países más frugales: solo se haría una vez y porque la pandemia era un acontecimiento extraordinario no visto en un siglo. La propuesta española supone, por tanto, duplicar el presupuesto común de una forma ya más estable y permanente.

Sobre cómo pagarlo, Madrid también lanza varias propuestas a lo largo de las siete páginas del documento. “Un mecanismo común basado en préstamos y financiado mediante empréstitos conjuntos permitiría sostener inversiones estratégicas y financiar bienes públicos europeos [...]. Este mecanismo también podría servir de instrumento para apoyar inversiones de mayor riesgo y de mayor envergadura en sectores económicos clave”, propone el Ejecutivo español. También plantea refinanciar el pago de la deuda contraída por el fondo de recuperación, que debería empezar a pagarse pronto a un ritmo de 30.000 millones de euros al año y reduciría así mucho el margen para otras partidas. España, además, pide aumentar los ingresos de la UE a través de sus recursos propios. Y, por último, pide un mayor uso de entidades financieras comunitarias como el Banco Europeo de Inversiones o el MEDE (el fondo de rescate).

El propósito de todo ello es dotarse de herramientas que satisfagan las enormes necesidades de dinero. El propio documento español retoma las cifras que aparecen en los informes de Letta y Draghi, 800.000 millones de euros al año entre el sector público y el privado, para subir mucho la inversión en investigación, en innovación, en reindustrialización o en redes energéticas transfronterizas. Y a esto hay que añadir ahora la defensa y la seguridad. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pone mucho énfasis en ello cada vez que habla. Lo hizo el pasado viernes sin ir más lejos en Gdansk, Polonia, ante el primer ministro polaco, Donald Tusk, uno de los adalides de aumentar mucho esta partida presupuestaria.

Todo esto, en opinión de España, debe hacerse. Pero Madrid expone dos condiciones en su non-paper, como se llama en el argot comunitario a los documentos en el que un Estado o varios exponen su posición política. Todas estas necesidades de inversión no pueden hacerse a costa de otros capítulos ya existentes, como la política agrícola o los fondos de cohesión, para los que también reserva un papel como impulsores de la competitividad. De ahí que el Gobierno de Sánchez plantee ese suelo del 2% del PIB. Y la definición de gasto en defensa no puede quedarse en algo meramente militar. La seguridad europea, para el Ejecutivo socialista español, también supone afrontar los ciberataques, el terrorismo, las consecuencias traídas por el cambio climático (catástrofes naturales, movimientos de población) o la instrumentalización de la migración vista en la frontera este por parte de Rusia y Bielorrusia como una guerra híbrida.

Ante todos estos retos, son bastantes las voces en Bruselas que asumen que hay que aumentar el presupuesto comunitario. España, con este documento, lo hace de forma abierta. Probablemente se encontrará frente a Países Bajos o a Austria, cuyos representantes en alguna reunión interna en que se ha abordado el impulso de la competitividad europea han mostrado su enojo porque siempre se hable de deuda común y no de recortar las partidas sociales para elevar otras. En ese grupo de Estados halcones fiscales, hay serias dudas de dónde se ubicarán los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia) y las tres repúblicas bálticas (Lituania, Letonia y Estonia). Los seis suelen encuadrarse junto a holandeses y austriacos, pero la amenaza rusa les ha llevado a disparar sus presupuestos en defensa. Por eso, prácticamente todos ellos ven bien la emisión de bonos comunes para financiar este gasto.

Un elemento clave en todo este debate es lo que pase en las elecciones alemanas del próximo 23 de febrero. El actual canciller alemán, en plena campaña electoral, rechazó el lunes pasado los bonos conjuntos. “La Unión Europea no tiene la perspectiva de asumir una deuda común”, declaró al acabar la cumbre informal en el que se trató la financiación de la defensa. Queda por ver si él o el candidato conservador de la CDU-CSU, Friedrich Merz, mantienen esta posición después de las elecciones, porque como decía un alto funcionario europeo hace un par de semanas, “una negativa de Países Bajos a los bonos de defensa se puede manejar; el punto clave es Alemania”. No obstante, esa misma fuente, muy cercana a los trabajos para elaborar el próximo presupuesto, se mostraba bastante escéptico sobre la posibilidad de que las próximas cuentas comunitarias sean muy ambiciosas.