Von der Leyen planea una reforma del presupuesto de la UE para reforzar el poder de la Comisión

La batalla por el próximo presupuesto plurianual de la UE ya ha empezado. Y se avecina muy dura. La Comisión Europea plantea una reforma estructural y quiere establecer una condicionalidad de reforma políticas y objetivos para que los Estados reciban los pagos de los fondos de cohesión, que sirven para cerrar la brecha entre las regiones más pobres y las más ricas, y para agricultura en un modelo similar al del fondo de recuperación ideado tras la pandemia. Además, Bruselas explora simplificar el sistema y dar más protagonismo a los países y establecer un sistema de pago único por cada Estado miembro, en lugar de los actuales más de 500 por programas. Y dar más peso al interés europeo general.

Esa idea, que refuerza el poder del Ejecutivo comunitario, en manos de Ursula von der Leyen, al vincular ese desembolso a ciertas condiciones, genera ya críticas en algunos socios, en los que no hay ningún apetito en darle más peso a la Comisión. También en las regiones, que advierten de que la política de cohesión, que ha sacado de la pobreza a millones de europeos, puede terminar por diluirse; además, temen perder su voz en Bruselas.

Hasta ahora, los fondos de cohesión y para Política Agrícola Común (PAC), que suponen dos tercios del presupuesto comunitario de 1,211 billones de euros, han sido intocables, casi sagrados, para un grupo de socios del sur y del Este, que no han querido hablar de reformarlos por temor a que se vacíen. Otras capitales quieren añadir un capítulo especial para defensa, o al menos un apartado claro dentro de los fondos para competitividad.

La Comisión tiene hasta mediados de 2025 para presentar su propuesta para el próximo marco financiero (que se extenderá desde 2028 a 2034), que afectará a la próxima gran ampliación hacia el Este, pero ya ha empezado a apuntalar sus ideas y a generar debate. Entre ellas, cuáles serán esas condiciones y objetivos a cumplir. Sobre la mesa, que implanten medidas para abordar la brecha de género en el empleo o programas de simplificación de la burocracia, según apunta un documento de trabajo no oficial en forma de presentación elaborado por funcionarios del Ejecutivo comunitario al que ha tenido acceso EL PAIS. El portavoz de la Comisión rechaza que este documento sea oficial: “No hay ningún documento sobre presupuestos como tal ni del departamento de presupuestos”.

Más allá de esa condicionalidad, Bruselas cree que ese “plan único” por cada Estado miembro puede simplificar las cosas, generar menos burocracia y mejorar el sistema. Además ese plan único dejaría más margen de maniobra para mover los fondos con más flexibilidad de una partida a otra. En Bruselas hay consenso en que algo tiene que cambiar en la política de Cohesión, que ya hace tiempo que se ha agotado el formato tradicional. En lo que ya no hay consenso es en cómo tiene que hacerse.

Vincular la llegada de fondos a reformas que se negocien con los Estados es una idea que hay comenzado desplegarse con el plan de recuperación, pero que podría ser una forma de coordinar las políticas económicas de la UE. Una manera de suplir la ausencia de una unión fiscal con un presupuesta común amplio que coordinara las políticas.

No obstante, hay muchos recelos entre los conocedores de la política de cohesión y regional comunitaria por estos vínculos, que recuerdan que los tratados recogen este tipo de política social y de cohesión, si bien no señalan cómo debe desplegarse. La condicionalidad podría verse con buenos ojos si se centra en mejorar la ejecución de las inversiones —mejorando la contratación pública— pero sería peor recibida si va vinculada a castigos. Por ejemplo, el actual marco presupuestario está la obligación de cumplir con la Carta europea de derechos fundamentales de la UE para que los Estados reciban los fondos de cohesión. No acatarla ha supuesto para Polonia y Hungría que se les congele la entrega de decenas de miles de millones de euros: cumplir con la Carta es algo que no está en manos de las regiones, argumentan fuentes próximas a estas administraciones.

La reforma de la política de cohesión lleva tiempo sobre la mesa. Hay incluso un informe encargado a un grupo de expertos que habla de la necesidad de hacer cambios en esta tradicional política de la UE. En Bruselas ya hace tiempo que se ha impuesto el discurso de “sacar las lecciones aprendidas del Fondo de Recuperación” para hacer importantes cambios en el siguiente presupuestos, el que tendrá que entrar en vigor en 2028. Esas lecciones pasan por condicionar la llegada de fondos a reformas e inversiones.

Esto, visto desde las regiones, tiene un gran problema, pues temen que las reformas que se pidan dependan de los Gobiernos y los parlamentos nacionales. Y eso es lo que se aprecia en la reducción de más de 500 programas operativos a 27.

“La eliminación de los programas regionales y la creación de uno solo por país como parece en la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco presupuestario plurianual contradice todo lo dicho sobre política de Cohesión”, señala por correo electrónico el presidente del Comité de las Regiones, Vasco Alves Cordeiro. “De ser cierta, la idea no fortalece la política de cohesión”, añade. Más de 130 regiones europeas han firmado una carta abierta contra la idea de ese plan único por país.

La idea es la “simplificación” y aparece en la carta con las líneas básicas que le ha remitido la presidente de la Comisión al italiano Roberto Fitto, quien, en principio, se va a hacer cargo de la cartera de Cohesión y Reformas en el próximo Colegio de Comisarios. Esa idea también aparece en un documento interno de trabajo visto por este diario, según apuntan fuentes comunitarias. En él se ve cómo se trabaja en convertir los 530 programas que ahora contienen políticas de pesca, fondo social o desarrollo regional en uno por cada Estado que tendrá su capítulo de transporte, agricultura, energía o seguridad. El portavoz de la Comisión rechaza que este documento sea oficial ni siquiera del departamento presupuestario del Ejecutivo.

Aumenta también el debate sobre ampliar el presupuesto de la UE, ahora limitado a algo más del 1% del PIB conjunto de los Veintisiete —aunque en 2019 se dobló ese porcentaje de forma temporal para crear el fondo de recuperación, con lo que el presupuesto llegó a los dos billones de euros—.