España plantea blindar los fondos de cohesión y agrícolas de los ajustes del presupuesto de la UE

Los nuevos capítulos de gasto para que la UE siga apoyando a Ucrania, tenga fondos para migración y afronte la subida de los intereses pueden implicar un tijeretazo en algunos programas comunitarios. Los Veintisiete se han enzarzado en la batalla para cuadrar y ampliar el marco financiero plurianual, que revisa las bases de gasto. Es una lucha intensa entre quienes defienden que hay que desembolsar algo de dinero fresco y los frugales, que se niegan. España, que preside el Consejo de la UE este semestre, ha presentado a los socios una propuesta que plantea recortes en la reserva para el Brexit o el fondo para trabajadores desplazados para recolocar ese dinero en otras partidas, así como un tijeretazo lineal en otros programas para obtener así hasta 23.100 millones que dedicar a otras prioridades, según el plan al que ha tenido acceso EL PAÍS. La propuesta evita tocar los fondos de cohesión y los destinados a la Política Agraria Común.

Esas partidas de apoyo a la agricultura y para las regiones más pobres (los mayores capítulos de las cuentas, alrededor de dos tercios) son una línea roja para Francia y para los socios del sur, que son sus beneficiaros mayoritarios. Mientras, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia han exigido en la última reunión que se englobe todo el Presupuesto comunitario (unos 160.000 millones de euros al año), también esas partidas, para evitar que pierdan volumen los programas de subvenciones de los que se benefician más los países ricos. Así, los llamados frugales ven la propuesta española de revisión del marco para el periodo 2024-2027 demasiado sureña y no están satisfechos.

La Comisión Europea propuso en junio un incremento de gastos de unos 100.000 millones de euros a sumar a los dos billones de euros —incluyendo el fondo de recuperación— del marco actual (2021-2024) para hacer frente a las nuevas necesidades de la UE: la situación pospandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania, los desafíos migratorios o el aumento de los intereses. La derrama reclamada incluía 50.000 millones en créditos y subvenciones para Kiev, 15.000 millones para migración, y otros fondos para competitividad, flexibilidad presupuestaria y dinero para financiar el aumento de gastos corrientes para capear la inflación.

La propuesta de España se basa en tres escenarios y plantea esa combinación de recolocar cantidades de las partidas de la reserva para el Brexit, el fondo europeo de adaptación a la globalización de los trabajadores desplazados y redistribuir también 1.100 millones de recursos no asignados en programas de migración y asilo o el fondo interno de seguridad; además de un recorte lineal en los programas del marco financiero plurianual —exceptuando los fondos de cohesión y agrícolas— de un 3,4% (5.000 millones) en el primer escenario y hasta un 13,5% (20.000 millones) en el tercero. El objetivo es obtener entre 8.100 millones y 23.100 millones de euros para dedicar a las nuevas prioridades.

Además, el documento confidencial, que debatieron el jueves los representantes de los Estados miembros, planea aumentar la ayuda para responder a los desastres naturales, programas que, a la luz de la crisis climática, se han demostrado esenciales para algunos países, como Italia (para la que también es crucial aumentar el presupuesto para afrontar la inmigración) o Eslovenia.

El Ejecutivo comunitario, que había advertido de que, si no hay ampliación de fondos para las arcas comunes, programas como el popular Erasmus+, Europa digital, el programa espacial europeo o incluso la ayuda humanitaria, se llevarían un hachazo de hasta el 30%, quiere que los Veintisiete pongan dinero nuevo. Es reticente a recortar también en gastos corrientes (los derivados de la propia Administración) y cree que los recortes lineales no son deseables porque serían indiscriminados.

Sin embargo, hay bastante consenso entre los Estados miembros —algunos más tajantes, como Alemania, Países Bajos o Dinamarca— en que lo mejor es que la Comisión se rasque los bolsillos y encuentre partidas que redistribuir. Además de la propuesta de España como presidencia de turno, otros socios como Dinamarca y Suecia han planteado sus propias líneas de austeridad. Todos buscan fondos no asignados o para redistribuir bajo las alfombras.

La mayoría de los socios creen que la cantidad que propone Bruselas (en total, unos 66.000 millones totalmente nuevos) es demasiado alta y plantean que hay que recortar los topes planteados para algunas de las nuevas prioridades. En la última reunión de los representantes de los Veintisiete, se habló de una reducción de al menos el 20% de la propuesta de la Comisión. Esto supondría rebajar unos 13.000 millones. Ahora se trata de ver dónde. España, como presidencia de turno del Consejo de la UE, presentará una nueva hoja de ruta para la negociación previsiblemente la próxima semana.

El poco margen de Alemania y el órdago de Hungría

La negociación está siendo muy dura, describen fuentes comunitarias. Es un momento delicado en el que muchos afrontan la propia dificultad de cuadrar sus propios Presupuestos. Además, han surgido dos nubarrones que pueden descarrilar toda la negociación. El primero es Alemania. Berlín ya rechazaba poner un solo euro nuevo, excepto para la partida dedicada a Ucrania, pero ahora asegura que no tiene más margen de maniobra, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha determinado que recolocar fondos de deuda no usada durante la pandemia en un fondo del clima es ilegal, lo que le obliga a buscar otras vías de financiación.

El segundo nubarrón es Hungría, que amenaza no solo toda la revisión del marco financiero plurianual, sino también la única partida en la que todos parecen mantener un consenso: el desembolso de nuevos fondos para Ucrania, a la que la UE trata de brindar compromisos de seguridad a largo plazo, asegurándole una garantía de desembolso a cuatro años para mantener a flote al país, que resiste ya durante más de 600 días la agresión de Rusia.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha reclamado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que la UE revise su política sobre Ucrania. En una carta confidencial enviada esta semana a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Orbán, que mantiene estrechos vínculos con el Kremlin, pide que se inicie una “discusión estratégica” y “franca” sobre Kiev. Budapest, que tiene congelados unos 25.000 millones de euros por sus vulneraciones al Estado de derecho y que presiona a Bruselas para que se los descongele, incluye en ese replanteamiento las sanciones, los “programas de asistencia” e incluso las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE.

Rebajar la tensión

De momento, el jueves, la Comisión descongeló 900 millones del fondo de recuperación para el país del Este. Además, el próximo lunes, Charles Michel, que ha estado en Ucrania esta semana, donde se ha reunido con el presidente Volodímir Zelenski, viajará a Budapest para conversar con Orbán. El presidente del Consejo Europeo trata así de destensar la previa de la cumbre del 14 y 15 de diciembre, que se prevé extremadamente difícil y tensa. Todavía más que la anterior, en octubre, cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, afeó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la propuesta de cuentas que presentó a los líderes. Una hoja con una tabla que el canciller alemán tildó de historieta gráfica, de cómic, más que de documento de revisión de las cuentas comunitarias.

La de diciembre será “la madre de todas las cumbres”, cree una fuente diplomática. Los líderes de los Veintisiete tendrán sobre la mesa probablemente la reforma de las reglas fiscales, asuntos migratorios y la decisión de abrir o no negociaciones de adhesión con Ucrania. Además de la revisión del marco financiero plurianual.

Ahora, la negociación todavía es táctica, pero algunos Estados miembros han insinuado que, ya que no se trata de un marco nuevo, sino de una revisión, sería conveniente posponerla y separar la partida para Ucrania del resto. O incluso construir una base de apoyo anual (sin descartar que tenga que ser a través de pactos y desembolsos bilaterales si Hungría decide bloquear la decisión). Ese sería el plan B, no demasiado deseable para las instituciones comunitarias. No hay una fecha límite para acordar el nuevo marco, apunta una fuente comunitaria, así que hay presión, pero de momento se podría seguir hasta que se acabe el dinero. Y ese el órdago de algunos socios con el que seguirán negociando en un tira y afloja en los próximos días.

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