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Feijóo habla con Alfonso Rueda / A. I.
Pese a las políticas puestas en marcha por su partido, el Popular, en otras comunidades autónomas donde gobierna, Alberto Núñez Feijóo aseguró ayer que, para él, "hacer viable la sanidad pública no pasa en ningún caso por la privatización". Como prueba de su palabra, el presidente de la Xunta esgrimió su veteranía en la administración pública.
El PSdeG contraatacó ayer a los intentos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo de involucrar al líder socialista y exconselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, en las investigaciones judiciales contra cargos de Sogama. Solicitaron la comparecencia en el Parlamento del actual conselleiro, Agustín Hernández.
Espinoso es el dilema al que se enfrentará el nuevo gobierno municipal del PP en A Coruña nada más tomar posesión el próximo sábado, día 11: o cumple la orden judicial de derribo de uno de los edificios más grandes del centro de A Coruña, el Conde de Fenosa, o afronta el pago de una multa coercitiva, es decir, que aumenta cada día que pase sin acatar ese fallo.
"Carlos Negreira será mi alcalde porque yo soy coruñés". El socialista Javier Losada, regidor en funciones de A Coruña, se despide del gobierno municipal en el que estuvo 28 años con la firme intención de mantener la actitud contraria a su predecesor en la alcaldía, Francisco Vázquez.
El primer encuentro formal entre BNG y PSOE para negociar el bipartito en Pontevedra no sirvió ayer para resolver la incógnita sobre si los socialistas entrarán o no en el futuro Gobierno. "No lo hemos decidido", resumió el portavoz socialista, Antón Louro, que compareció tras la reunión con el alcalde en funciones, Miguel Anxo Fernández Lores.
Nada está pagando en Galicia los embates de la crisis de forma tan cruda como las microempresas, pero nada como estas pequeñas compañías con hasta 10 empleados se resiste con tanto empeño a la destrucción de puestos de trabajo. Y al revés: las grandes empresas, las de más de 250 empleados, aguantan mejor el deterioro económico, pero no destacan por conservar el empleo.
Activistas del Movimiento 15-M arropan a un desempleado de la construcción al que el banco le reclama 26.000 euros después de quitarle su vivienda
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