El Tribunal Superior ratifica el derribo de un céntrico edificio en A Coruña

Espinoso es el dilema al que se enfrentará el nuevo gobierno municipal del PP en A Coruña nada más tomar posesión el próximo sábado, día 11: o cumple la orden judicial de derribo de uno de los edificios más grandes del centro de A Coruña, el Conde de Fenosa, o afronta el pago de una multa coercitiva, es decir, que aumenta cada día que pase sin acatar ese fallo. Es una de las herencias urbanísticas más incómodas que dejan los socialistas coruñeses a sus sucesores.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en un auto del pasado 27 de mayo difundido ayer, rechazó todos los recursos contra la demolición de ese céntrico inmueble, compuesto por tres bloques ocupados por un centenar de viviendas, locales comerciales y despachos de oficinas. Y da 15 días al Ayuntamiento para cumplir la sentencia de 2001, ratificada por el Supremo en 2006, que declara ilegal la licencia de esa construcción y ordena su demolición.

Aún cabe un último recurso de súplica contra este fallo. Pero el alto tribunal advierte de que si no cumplen con su obligación de derribar el edificio las autoridades municipales se enfrentan a una multa coercitiva. E incluso a responsabilidades penales si así estiman oportuno exigirlas el puñado de vecinos que iniciaron, hace ya 14 años, este largo litigio judicial. Aún no se había iniciado la construcción de este edificio en el solar que acogió durante décadas la sede principal de la compañía eléctrica, cuando se presentó la primera demanda contra la licencia municipal obtenida por Fadesa siendo alcalde Francisco Vázquez.

Fue declarada nula por el alto tribunal gallego. El Supremo ratificó esa sentencia. Todos los intentos posteriores del Ayuntamiento para legalizar la edificación y evitar su derribo resultaron vanos. Tanto sus recursos como los de la promotora fueron rechazados sistemáticamente por los magistrados. La comunidad de propietarios del inmueble también perdió su recurso de súplica.

El gobierno en funciones de A Coruña, que preside el socialista Javier Losada, informó ayer de que aún no le fue notificado este último fallo judicial. Cuando lo sea, tendrá cinco días para decidir si plantea un último recurso de súplica. "El objetivo fundamental del Ayuntamiento será el de velar por los intereses de los residentes y de los coruñeses", aseguró. Y agregó que la "defensa de sus derechos" primará en la decisión que adopte, una vez analizada la sentencia "por los servicios jurídicos y urbanísticos" de la corporación.