Feijóo: "Hacer viable la sanidad pública no pasa por la privatización"
La Xunta "paga las facturas, aunque cada vez con más dificultades"
Pese a las políticas puestas en marcha por su partido, el Popular, en otras comunidades autónomas donde gobierna, Alberto Núñez Feijóo aseguró ayer que, para él, "hacer viable la sanidad pública no pasa en ningún caso por la privatización". Como prueba de su palabra, el presidente de la Xunta esgrimió su veteranía en la administración pública -llegó a presidir el Insalud- y todos los años durante los cuales "nunca" adoptó "una medida de privatización del sistema de salud".
La declaración de principios de Feijóo, realizada en su comparecencia tras el Consello da Xunta, se debía a la denuncia que el jueves transmitió en una reunión de barones del PP con Mariano Rajoy: la sanidad pública española oculta una deuda de 15.000 millones de euros. "La situación de la sanidad pública es delicada", afirmó ayer, antes de trazar una analogía con la década de los noventa: "Entonces, bajo los Gobiernos de Felipe González y después de José María Aznar, al sistema sanitario nacional se le practicó un saneamiento de 12.000 millones". Ahora, dice, "es necesario otro saneamiento, y los Ministerios de Sanidad y Hacienda y las comunidades autónomas deben buscar una solución a esta situación, en la que hay un déficit similar al de los noventa, para evitar el colapso".
Insiste en que "no renuncia" a los 243 millones del Fondo de Cooperación
Eso sí, para salir de ese callejón, confirmado por un informe encargado al alimón por la Xunta, la Junta de Extremadura -en manos del PSOE- y el Gobierno canario -un pacto entre Coalición Canaria y el PP-, Feijóo no concreta tácticas. Solo "el riesgo" en que se encuentra la sanidad pública y para el que "no vale esconder el problema, sino enfrentarse a él". Sobre su ámbito competencial, el del Gobierno gallego, el presidente aseguró con solemnidad dos cuestiones: que Galicia no tiene facturas sin contabilizar en la sanidad y que el Sergas atiende los pagos, "aunque cada vez con más dificultades". Exactamente, así lo admitió hace días el secretario general del organismo sanitario, con 121 días de retraso.
Las explicaciones ante la prensa de Núñez Feijóo estuvieron dominadas, ayer una vez más, por la cuestión económica. La Xunta volvió a insistir en que "no renuncia" a los 243 millones del Fondo de Cooperación que el Gobierno central le niega. Lo que Feijóo no suele recordar es que el Ejecutivo estatal ya había avisado de que esa cantidad no le correspondía a Galicia y aun así la Consellería de Facenda los consignó en los presupuestos para 2011. "Los acuerdos de financiación hay que cumplirlos y no vamos a renunciar en ningún caso a ese dinero", reiteró ayer, al tiempo que informó de que la Xunta ha solicitado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera "antes de agosto".
Para Feijóo, el Gobierno de Zapatero "intenta trasladar la idea de que las comunidades autónomas son irresponsables y culpables del déficit público" y esta argumentación resulta "inaceptable". Pero el cuestionamiento del Estado de las Autonomías también procede, aunque el presidente de la Xunta no lo mencionase, de su propia formación política y los medios de comunicación próximos. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, lleva meses de declaraciones públicas contrarias a la descentralización y al actual modelo de organización de las comunidades autónomas.
La reunión semanal de la Xunta sirvió, además, para dar por finalizado la primera parte de lo que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, denomina "racionalización de la Administración paralela". Según los números que presentó Rueda, y a pesar de que el plan inicial -presentado ahora hace un año- preveía un ahorro de 10 millones de euros, la iniciativa ha logrado salvar 21 millones. "Se han extinguido 42 entes [entre ellos, todas las fundaciones comarcales creadas por Manuel Fraga, 34], hemos ganado en eficacia y en transparencia, y evitamos duplicidades", se extendió. El precio, 489 puestos de trabajo -"respetamos aquellos obtenidos en procesos de libre concurrencia"- de los que el conselleiro no especificó cuántos de ellos son cargos directivos. Anunció, asimismo, una segunda parte del plan con el análisis de otros 52 organismos.
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