Un escándalo con alma de bomba

El 'caso Mercasevilla' trasciende a la empresa municipal y atañe a la Consejería de Empleo - La policía denuncia ayudas de 647 millones sin control desde la Junta

Cash Lepe, Hitemasa, Nexprom, Río Grande, Maginae Solutions... El listado de empresas que figura en la última investigación que dirige la juez Mercedes Alaya denota la nueva dimensión que ha tomado el caso Mercasevilla. Desde ahora la magistrada examina con lupa cada subvención que la Junta concedió a empresas durante nada menos que nueve años.

Sociedades radicadas en Málaga, Granada, Huelva, Sevilla y cobros desde Jaén apuntan a que el hilo de esta línea de investigación puede superar los cuatro detenidos de los dos últimos meses. Pero sobre todo trasciende las corruptelas de una empresa pública sevillana para dar un salto cualitativo: atañe a un fondo público de 647 millones cuestionado por la policía, decenas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), miles de prejubilaciones y un alto cargo del Ejecutivo implicado. La comparecencia judicial de varios ex consejeros de Empleo es previsible. Su imputación está por ver.

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Esta nueva magnitud de un sumario imprevisible da aún más munición a la arena política. Mientras que el PP espera sacar grandes réditos del escándalo de corrupción, el PSOE confía en que la red desarticulada no tenga tentáculos aún más grandes de los conocidos. Lo cierto es que hay indicios de que la lista de intrusos en empresas ajenas para prejubilaciones ficticias seguirá aumentando. La cantidad ingente de información, generada desde que en 2001 Empleo cambió su sistema de ayudas a empresas, indica que la investigación se demorará meses.

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados preguntará sobre el escándalo en la próxima sesión de control al Gobierno. Ayer el secretario general andaluz del PP, Antonio Sanz, tildó el caso de "tsunami". Para el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, no debe implicar un desgaste político: "Estamos ante una cuadrilla de cuatro sinvergüenzas que aprovecharon su posición al frente de algunas empresas ajenas a la Administración autonómica". Y aunque el PP puede pronto acabar los superlativos para denominar la investigación, implicados como el ex director general de Trabajo Javier Guerrero no ayudan al PSOE con expresiones tan gráficas como "fondo de reptiles" (comisiones ilegales desde un Gobierno para influir en empresas y círculos de poder) para definir el fondo de 647 millones que gestionó la Consejería de Empleo para financiar estos ERE.

"En el momento en que pueda, la coloco en algún ERE". El conseguidor Juan Lanzas resumía así al comercial Francisco González su destreza para ubicar personas en diferentes ERE de manera ficticia y generar jugosos dividendos. La policía estima que la red desarticulada obtuvo a través de tres ERE al menos 470.000 euros gracias a informes fantasmas de asesoría y la utilización de "hombres de paja".

Al margen de las comisiones ilegales y enredos de esta trama, la batalla política reside en que la policía cree que la Junta mantuvo el sistema de ayudas sin los controles estipulados y de manera arbitraria. "Guerrero dispuso de fondos públicos sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello", según refleja el informe policial. "Con la firma del convenio (...) se evita los controles y la fiscalización", añade la policía judicial, que estima que las ayudas a empresas debieron ser aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en el BOJA al superar los tres millones.

Al día siguiente, la respuesta del consejero de Empleo, Manuel Recio, fue contundente: "No hay nada que temer. Ha habido absoluta transparencia y legalidad". Recio sostiene que los controles fueron suficientes porque las ayudas se concedieron a las personas y no a las empresas. Sin embargo, de momento la ausencia de documentos que avalen la tesis de la Junta hace que las dudas sobre la legalidad se disparen.

La policía recuerda cómo en 1998 el Consejo de Gobierno debió autorizar 1.000 millones de pesetas en ayudas a Puleva, antes de que el sistema cambiara. La batalla jurídica acaba de comenzar y en paralelo la investigación policial apunta a que los detenidos aumentarán de manera notable.

La potestad de Guerrero para dar ayudas no está en el BOJA

El acuerdo entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) facultó al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, para conceder las polémicas ayudas a empresas en crisis. Guerrero podía suscribir los convenios "en representación y por delegación del consejero". Sin embargo, esta delegación no fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), como establece la Ley de Régimen de Administraciones Públicas.

Los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández (entonces al frente del IFA) dieron potestad a Guerrero como firmantes del acuerdo pergeñado para evitar los controles de fiscalización habituales hasta entonces, según la policía judicial. Además, el acuerdo caducó en 2003 y no fue renovado, según fuentes del caso. Un portavoz de Empleo rechazó pronunciarse al respecto.

El convenio marco no especifica que las ayudas deban ser invidualizadas, tal y como defiende el consejero de Empleo, Manuel Recio, sino que es ambiguo: "Pagos a las empresas u otros entes públicos o privados".

La gestión de tres consejeros

JOSÉ ANTONIO VIERA

2000-2004

El actual secretario general del PSOE en Sevilla era consejero de Empleo cuando en 2001 firmó el convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para modificar el sistema de ayudas a empresas en crisis.

ANTONIO FERNÁNDEZ

2004-2010

El actual consejero asumió el cargo la pasada primavera y derogó el acuerdo firmado por sus antecesores y ahora la consejería dispone de esas ayudas. Cree que ha habido "absoluta legalidad".

MANUEL RECIO

2010

El presidente del IFA firmó el polémico acuerdo de las subvenciones y tres años después accedió al cargo de consejero, que mantuvo durante seis años. Ahora preside el consejo regulador del vino de Jerez.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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