Regreso al inicio del escándalo

El polémico caso de los ERE fraudulentos ha sufrido esta semana una regresión hasta su origen: las irregularidades en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 de la empresa pública Mercasevilla. De sus pólizas de prejubilación surgió hace 10 meses el primer intruso (persona que nunca trabajó en una empresa beneficiada) de una posterior lista de 72 casos con ayudas indebidas, y redimensionó el proceso para darle un ámbito regional con irregularidades detectadas en todas las provincias.

Ahora el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha exigido a la Junta el pago de nueve millones para ese expediente, la mayor losa financiera para la frágil economía de Mercasevilla y un abono que el Gobierno andaluz no reconoce. El enfrentamiento tardará tiempo en resolverse porque las posturas están enfrentadas y la Junta no parece dispuesta a dar su brazo a torcer. Todo apunta a que el Ayuntamiento se hará cargo en solitario de las costosas pólizas de los 40 extrabajadores prejubilados. Al menos de momento y hasta que un juez ordene lo contrario.

El Ayuntamiento exige a Empleo que reconozca un pago de nueve millones

Del expediente de la empresa surgió hace 10 meses el primer intruso

Las pruebas del supuesto compromiso de pago de la Junta son confusas. El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en la causa judicial, firmó diversos documentos en los que confirmaba que la Consejería de Empleo se haría cargo de los nueve millones en diferentes pagos, el último de ellos el día antes de dejar el cargo. Pero meses después los servicios jurídicos de la Junta estimaron que los documentos carecían de validez legal.

Desde entonces, las posturas han variado poco pero el problema está algo más cerca de dilucidarse. Empleo abrió un expediente por vía administrativa tras la reclamación de la dirección de la empresa, que ahora está próximo a culminarse, aunque lo más probable es que se cierre con un silencio administrativo por parte de la Junta. En tal caso, Mercasevilla acudirá a los tribunales para iniciar la vía contencioso-administrativa.

La batalla jurídica será enconada. El principal argumento jurídico de la empresa es que Empleo tiene una "responsabilidad patrimonial" en el ERE, porque hizo creer a Mercasevilla que asumiría el 90% del costo de las prejubilaciones y tramitó de forma irregular el expediente.

Ejemplos de ERE pagados y sin convenio firmado entre las partes hay varios, pero destaca el del restaurante Río Grande, en el que la Junta abonó 1,5 millones. Este abono de Empleo se produjo gracias a los "pagos cruzados" por los que Guerrero movía el dinero de un expediente a otro según los compromisos más urgentes. ¿Realizó el ex director general esta operación con el ERE de 2007 de Mercasevilla? De momento nadie lo sabe. Lo único cierto son dos datos contradictorios: los prejubilados recibieron de la aseguradora Vitalicio más dinero del que aportó la empresa, pero Vitalicio certificó que la Junta no había abonado cantidad alguna para este ERE. ¿Quién abonó entonces ese dinero extra?

"En Merca tenemos claro que la Junta pagará, porque hemos visto compromisos de pago calcados de otras empresas. ¿Por qué a otras empresas sí y a Merca no?", interrogan fuentes de la empresa municipal. "Si Empleo no pagaba, lo lógico es que Vitalicio se quejara. Dicho esto, la Junta no se bajará del burro", admiten las mismas fuentes. Y es que con la grave crisis nueve millones es una importantísima cantidad para Empleo. "La postura de la Junta está clara y solo nos reiteramos en la misma", insistió el consejero de Empleo, Manuel Recio.

Mientras, los prejubilados se han visto en un fuego cruzado que les llevó a protagonizar acampadas ante los prolongados impagos. Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa, recuerda que el responsable de la división Vida de Vitalicio, José Antonio Mateos, que rechazó ofrecer su opinión, les confirmó que "a los trabajadores se les había pagado a través de la aseguradora 500.000 euros de más". La solución dependerá de un juez y se retrasará al menos un año.