Un ex alto cargo de la Junta autorizó el ERE de Mercasevilla el día de su cese

El ex director general Javier Guerrero aprobó pagos que Empleo rechaza ahora

"En la Junta dicen que soy un golfo (...) Me siento engañado, jodido, frustrado (...) Nueve años dan para mucho, sobre todo cuando no has metido la cuchara. Creo que he sido utilizado, pero no sé por quién". Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social en la Junta entre 2000 y 2008, autorizó el polémico ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de Mercasevilla y el mismo día de su cese aprobó el tercer suplemento del expediente. El 29 de abril de 2008, Guerrero autorizó in extremis la suscripción de una póliza en el ERE al que se acogió como prejubilado el ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, pese a que nunca trabajó en la empresa.

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Guerrero es amigo del intermediario Juan Lanzas y ambos han compartido viajes con sus respectivas esposas. Lanzas gestionó el ERE de Mercasevilla a través de la empresa Maginae Solutions, cuyo dueño, Ismael Sierra, es amigo de Garrido, según el PP. De este modo, el círculo de amistades se cierra en torno a Guerrero y Lanzas. Este último alegó ayer: "La inclusión de Garrido ha sido un traspapeleo. Yo acabo cuando los acuerdos se cierran y nadie te presentará un documento firmado por mí". Por su parte, Guerrero adujo: "Yo firmaba mil papeles al día... la inclusión de Garrido sería una negligencia administrativa, pero no podía estar en todo, yo estoy en mil cosas al día".

Garrido Santoyo cobró supuestamente 112.000 euros y figura en la primera autorización firmada por Guerrero en noviembre de 2007 por 3,4 millones, pero sin desglose de las cantidades que correspondía a cada trabajador. Sin embargo, los dos siguientes suplementos sí contienen desgloses que indican lo percibido por cada empleado. El documento contiene otro error sospechoso: "Esta Dirección General muestra su conformidad a que se suscriba una póliza para 19 trabajadores". Al dorso figuran solo 18 empleados (incluido Garrido), pese a que Mercasevilla consensuó con el comité que fueran 17. Tres cifras diferentes. Además, en el segundo suplemento que firma Guerrero existe una diferencia de 20.800 euros entre la cantidad comprometida por Mercasevilla y la que figura (de 123.168 euros se pasa a 144.000). Y aún así, la cifra tampoco encaja con el total que debían percibir los empleados (por 18.000 euros). En definitiva, un desastre contable.

Tras el cese de Guerrero, aún quedaba un tercer suplemento por firmar. Por ello el ex director y principal imputado del caso, Fernando Mellet, solicitó al nuevo director general en mayo de 2008, Juan Márquez, la firma de la autorización. Pero la respuesta fue negativa y Márquez le dijo que la Consejería de Empleo había cambiado su proceder y no se consideraba vinculado con dicho ERE, que supondría un costo de nueve millones de euros.

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Esa batalla interpretativa permanece hoy. Tanto Mercasevilla como el comité de empresa se amparan en los documentos oficiales firmados por Guerrero, mientras que la Consejería de Empleo aclaró su postura a la juez del caso, Mercedes Alaya, en un escrito el pasado junio: "En todo momento y de modo inequívoco se ha venido afirmando en todas las instancias la inexistencia de tal compromiso [de pago por parte de la Junta], así ante el Parlamento, Defensor del Pueblo y ante la propia Mercasevilla". Empleo alega que no existe un protocolo firmado como en el ERE de 2003. Por su parte, Guerrero entendía que el expediente de 2007 era una continuación del de 2003. "No existe protocolo porque era el mismo".

La juez dictaminará qué parte tiene razón, aunque la decisión de Alaya está en suspenso por la causa de recusación que afronta y que debe dilucidar la Audiencia Provincial. Mientras que no haya resolución, la investigación por delito societario está parada.

Las 90 cajas con información que envió Mercasevilla al juzgado hace tres semanas permanecen pendientes de su análisis por el incidente de recusación. Esta semana el Banco Vitalicio ha enviado la información requerida por la juez y que desvelará una de las cuestiones clave: si Garrido cobró los 112.000 euros pese a que negó haber percibido dicha suma.

El ex consejero de Empleo Fernández se acogió a un expediente

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández se acogió como trabajador en excedencia al ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que presentó la bodega jerezana González Byass ante la Junta en 2008. Fernández estaba al frente de la Consejería que ratificó el expediente que afectaba a 94 trabajadores mayores de 53 años. El ex consejero, hoy presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar, trabajó hasta principios de los años 80 en la bodega, cuando solicitó una excedencia y por ello estuvo incluido en el ERE de 2008. Fernández no percibió una indemnización, sino que acordó con el comité de empresa incluir los 31.419 euros que le correspondían en una póliza de renta que cobrará cuando esté desempleado o se jubile.

"Ni intervine ni tuve ninguna actuación incorrecta. No tenía opción porque no podía intervenir en ese expediente y las inclusiones y exclusiones son colectivas. Tuve que entrar porque era un trabajador. Ni siquiera he cobrado nada", explicó ayer Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010. El ERE fue consensuado entre la bodega y el comité de empresa y necesitó la ratificación del delegado de Empleo en Cádiz por aquel entonces, Juan Manuel Bouza.

El expediente se resolvió con indemnizaciones que aportó la empresa para cada trabajador. A continuación, la empresa y los trabajadores solicitaron una ayuda a la Consejería de Empleo para alcanzar los mínimos pactados para cada trabajador. El director general que autorizó dicha ayuda económica fue Javier Guerrero. "Nos reunimos con Guerrero en Sevilla para compensar los acuerdos. Éramos tres partes buscando una solución", recordó ayer el presidente del comité de empresa, Francisco Arellano. Este mes se produjo la última extinción de contrato entre los 94 trabajadores afectados.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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