Las deudas colocan a Mercasevilla ante la amenaza de disolución

La ruinosa situación financiera de la empresa pública Mercasevilla, el mercado de abastos de la capital andaluza, es causa de disolución antes de finales de año si el Ayuntamiento no pone remedio. Al igual que la empresa municipal Giralda Televisión, Mercasevilla ha sido un pozo de continuas pérdidas económicas y prevé pérdidas de 1,8 millones solo durante este año. Origen de la mayor investigación judicial en marcha en Andalucía, el caso de los ERE, hasta hace dos años los anteriores gestores de Mercasevilla protagonizaron casos de corrupción y sobre todo una nefasta gestión con una losa financiera que aún recae sobre las cuentas de la sociedad.

"Aplicaremos una economía de guerra revisando la totalidad de servicios y proveedores, porque las tensiones en tesorería son insoportables", avanzó ayer el presidente de Mercasevilla y concejal Gregorio Serrano (PP), que anunció un plan de viabilidad, del que quiere hacer partícipes a los empresarios y al comité de empresa, para alejar el fantasma de la disolución.

El comité de empresa cree que el PP prevé privatizar los servicios

El Ayuntamiento pretende "reformular" Mercasevilla, que cuenta con 220 empleados, para atajar las pérdidas. Si en 2010 la sociedad cerró con pérdidas por valor de 381.560 euros, el ejercicio de 2009 se saldó también con pérdidas, pero aún mayores, de cuatro millones.

Las losas financieras son múltiples: el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 supone una carga de nueve millones que la empresa preveía que asumiera la Junta, pero esta lo ha rechazado; las 93 multas por incautación de pescado inmaduro han costado dos millones; la constructora Sando debe a la sociedad municipal 2,5 millones por unos derechos de superficie que dejó de pagar al entender que las condiciones del contrato habían cambiado; los mayoristas de la fruta adeudan casi un millón por el alquiler de las naves, que consideran están en pésimas condiciones. Y por si fuera poco, Mercasevilla adeuda a la empresa de aguas Emasesa 551.000 euros y 370.000 euros por el impuesto de bienes e inmuebles (IBI).

Para salir del atolladero, Serrano no especificó la hoja de ruta, sino que mencionó que Mercasevilla alberga nuevos "nichos de negocio que se pueden explotar" y utilizó como fórmula de solución la metáfora de un libro en blanco aún por escribir. Eso sí, pedirá a la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, que devuelva los casi dos millones abonados por anteriores multas impuestas por la incautación de inmaduros. Las impugnaciones promovidas por la empresa se han resuelto a favor en nueve casos, y solo con este precedente Serrano quiere reclamar la "devolución inmediata" del dinero para desbloquear la crítica situación financiera.

Serrano defendió el carácter público de Mercasevilla y dijo que "se puede gestionar una empresa sin saquearla ni pedir maletines", en referencia al supuesto intento de cohecho por el que está procesada la anterior cúpula de Mercasevilla.

Para el portavoz del PSOE, Juan Espadas, las críticas de Serrano a la gestión anterior del equipo de gobierno ocultan su falta de planes. "Que diga qué va a hacer para equilibrar el presupuesto de la sociedad, ya que solo presentan quejas y deudas de otros", afirmó. El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, recordó que hace año y medio promovió un "pacto por Mercasevilla" a todas las partes y partidos políticos, y el único que se opuso fue el PP. "La operación de fondo es privatizar los servicios. Y la justificación viene a través de la asfixia económica", criticó.

Mercasevilla es el único mercado de abastos, de los 23 que hay en España, que proporciona a los mayoristas de pescado los servicios de descarga, facturación y cobro que suponen el grueso de las pérdidas de la empresa. Las cuentas también están lastradas por los 300.000 euros al año que cuesta "el festival de procedimientos judiciales", según dijo Serrano. La sociedad tiene abiertos cuatro procedimientos penales por un cohecho, la venta de terrenos, un delito societario y el fraude en el ERE de 2007. Además, afronta dos procedimientos civiles, el contencioso administrativo con 93 multas por pescado inmaduro y dos procedimientos laborales.